El 'trueque' de Embarcadero: tres solares para construir 166 viviendas públicas

Las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se han ido enrareciendo a lo largo de la legislatura, conforme han ido tachando en el calendario los días que restan para las elecciones de mayo. La decisión de Javier Lambán de judicializar el convenio de Embarcadero, firmado en noviembre de 2021 y sin ejecutar, ha acabado dinamitando la celebración de la bilateral, que sigue sin fecha y no parece que vaya a tenerla. Ambas administraciones responsabilizan a la adversaria (en eso se han convertido) del fracaso de una negociación que comenzó en marzo de 2020 y que, pese a estar cerca del acuerdo, va a terminar en los tribunales .

La calle Embarcadero, en el barrio de Casablanca, dispone de 17.000 metros cuadrados con capacidad para construir 186 viviendas, de las que 111 (libres) corresponderían a la DGA y 28 al consistorio. Esta explanada lleva años utilizándose como aparcamiento por los vecinos de un barrio con más de 1.600 viviendas sin garaje, por lo que rechazan cualquier proyecto que les deje sin su estacionamiento.

Marzo de 2020: primer asalto

Ya en marzo de 2020, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, firmaron un convenio que entre otras cosas recogía el compromiso municipal de impulsar el plan especial de Embarcadero para que la DGA pudiera iniciar su proyecto residencial.

Pasó el tiempo y en la bilateral de noviembre de 2021, ambas instituciones volvieron a ratificar este acuerdo pero con una novedad, acordaron negociar una permuta de suelos para trasladar las viviendas a otros barrios consolidados y respetar así la zona de aparcamiento, tal y como se comprometió el ayuntamiento con los vecinos.

Días antes de que se celebrara este encuentro institucional, el consistorio había impulsado el plan especial, que dejó en punto muerto cuando se iniciaron las conversaciones sobre la permuta. Una negociación que acabó en acuerdo, al menos verbal, como han confirmado a este periódico ambas partes, aunque tras los focos.

Según fuentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, el valor de los suelos de Embarcadero asciende a 11,2 millones de euros. Este es el coste total de la operación.

Noviembre de 2021: el preacuerdo

En una reunión mantenida a finales del pasado mes de noviembre entre Pérez Anadón y Serrano se acordó que el ayuntamiento cedería a cambio de los suelos de Embarcadero la parcela de la antigua fábrica de Alumalsa (San José), donde la DGA podría construir dos promociones de 62 y 44 viviendas públicas de alquiler.

La permuta incluía un segundo solar en Torre Ramona (Las Fuentes) con capacidad para 30 pisos, junto a los 135 libres que quiere impulsar el Ejecutivo, y un tercero en el Picarral, donde en su día se ubicó el antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET), con capacidad para otras 30 viviendas.

En total, según informaron desde el área de Urbanismo, el Gobierno de Aragón podría construir 166 viviendas públicas en régimen de alquiler y en los barrios consolidados, como había solicitado inicialmente la DGA. Desde la institución autonómica, que no detallaron su propuesta, confirmaron que estos fueron los tres solares que solicitaron en un primer momento, junto a otros dos en Arcosur y Valdespartera, aunque, en su caso, no concretaron más.

Según informaron desde Urbanismo, el valor de estos tres terrenos destinados a uso residencial ascendería a 8,9 millones de euros, 2,3 millones por debajo que el valor de los suelos de Embarcadero. Para alcanzar esos 11,2 millones, desde el Ejecutivo propusieron incluir en la operación la cancelación de dos deudas recíprocas e históricas.

Deudas pendientes

Por un lado, los 4,2 millones que el Gobierno de Aragón debe abonar por mandato judicial al ayuntamiento como indemnización por utilizar los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. Y por el otro, por la titularidad de la Casa de la Mujer, utilizada por el ayuntamiento pese a tratarse de un inmueble autonómico. De hecho, el Gobierno aragonés es el que asume el recibo del IBI, «5.000 euros al año». Según fuentes de Urbanismo, el consistorio tendría que abonar 2,7 millones de euros por este edificio.

En este punto estaba el acuerdo. Solo quedaba un detalle, nada baladí: el coste fiscal de la operación. Ambas instituciones se emplazaron a estudiar en las reuniones técnicas previas a la celebración de la bilateral este coste que, según informaron desde el área de Urbanismo del ayuntamiento, rondaba los 2,5 millones.

Enero de 2023: la ruptura

En medio de esta negociación, el 20 de enero el consejero de Hacienda comunicó --sin convocar a los medios-- que la DGA iba a recurrir ante el contencioso administrativo el «incumplimiento» del convenio alcanzado en la bilateral de noviembre de 2021. Un mes antes había avisado, a través de un requerimiento, de sus intenciones.

Tras el anuncio, desde la casa consistorial dieron por rotas las negociaciones relativas a Embarcadero. «Es un ataque sin precedentes», aseguró Serrano tras conocer la noticia, quien criticó con dureza la decisión de la DGA de judicializar un asunto que estaba en la mesa de negociación. Una muestra «de deslealtad sin precedentes», afirmó.

Ese día, Carlos Pérez Anadón acusó a Jorge Azcón de bloquear los proyectos impulsados desde el Ejecutivo y «utilizar el ayuntamiento de un modo completamente desleal institucionalmente, para lo que pueden ser sus intereses partidistas, sin ser consciente del daño que hace a las acciones que el Gobierno de Aragón quería llevar en esos suelos y que iban a posibilitar cientos de viviendas para jóvenes».

Nada se dijo sobre el acuerdo que había sobre la mesa que defienden desde el consistorio y que no niegan desde el Gobierno de Aragón que, ahora, dicen se rompió porque el ayuntamiento no estaba dispuesto a asumir el coste fiscal de la operación, algo que niegan desde la casa consistorial. «Es mentira. Lo que sucede es que Lambán no tiene proyectos para hacer vivienda pública en los barrios, por eso lo paraliza, porque se va a gastar una millonada en los cacahuetes de la Expo pero no en las zonas donde más se demanda y se necesita», aseguran, conscientes de que debe ser asumido por ambas instituciones.

Febrero de 2023: sin visos de acuerdo

Los jurídicos del Ejecutivo aragonés siguen trabajando en el recurso, mientras que el ayuntamiento ha reactivado el expediente del plan especial de Embarcadero, que en su día recibió 147 alegaciones de los vecinos. Serrano volvió a defender esta misma semana que se suspendió el proceso cuando se iniciaron las negociaciones sobre la permuta.

En su día, cuando adoptó esta decisión, la DGA no alzó la voz, pero aseguran que el intercambio de suelos puede seguir negociándose a posteriori. Es más, consideran que es prioritaria la reordenación de los suelos de Casablanca para negociar el intercambio de suelos en base a unos criterios claros.

Sea como sea, nada hace indicar que la DGA y el ayuntamiento vayan a lograr entenderse antes del 28 de mayo.

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