Relaciones institucionales
La judicialización del plan Embarcadero agrava la crisis entre el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento
La DGA recurre a la vía judicial para exigir al consistorio la aprobación del plan especial | El Gobierno del PP-Cs dice que se trata de "un ataque sin precedentes"
Párking de la explanada de la calle embarcadero, en el barrio de Casablanca. / JAIME GALINDO
La judicialización del plan especial de la calle Embarcadero de Zaragoza por parte del Gobierno de Aragón podría dinamitar la comisión bilateral. Ya resultaba complicado que ambas instituciones se sentarán en la misma mesa para sellar acuerdos en beneficio de la ciudad con dos dirigentes a la gresca, Javier Lambán y Jorge Azcón, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, pero, ahora, parece imposible que haya entendimiento en un ambiente tan hostil.
El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha anunciado al mediodía y sin convocar a los medios de comunicación que en los próximos días recurrirán ante el contencioso administrativo el «incumplimiento» del convenio alcanzado con el consistorio en la bilateral de noviembre de 2021 para dar una salida a los suelos de Embarcadero. En ese momento, el presidente aragonés comparecía junto la ministra Raquel Sánchez y, preguntado por el futuro de este proyecto, decía que el Ejecutivo iba a utilizar "todas las vías" que la Ley ponga a su alcance si se obstaculizan sus actuaciones. Nada más.
Para el equipo de Jorge Azcón se trata de «un ataque sin precedentes», de «una ruptura unilateral» de una negociación que estaba en marcha e iba por el buen camino. Una decisión que agrava todavía más aún una crisis institucional entre dos administraciones que están obligadas a entenderse.
La celebración de la bilateral está en riesgo, por más que unos y otros digan que mantienen su interés en que se produzca. Y en riesgo están asuntos tan relevantes como la financiación de la capital aragonesa, la depuración de sus aguas, la ampliación de Plaza, los cacahuetes de la Expo o el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid. Por no hablar de la calle Embarcadero.
111 viviendas
Por recapitular. Esta vía, en el barrio de Casablanca, dispone de 17.000 metros cuadrados con capacidad para construir 186 viviendas, de las que 111 corresponderían a la DGA y 28 al consistorio. Dado que esta explanada se utiliza como aparcamiento, ayuntamiento y DGA acordaron negociar una permuta de suelos para trasladar la vivienda a otros terrenos. Según el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se había propuesto trasladar las viviendas a los antiguos suelos de Alumalsa y, a priori, la DGA veía con buenos ojos la operación.
Mientras las comisiones técnicas previas a la celebración de la bilateral ultimaban los detalles de este y otros asuntos, el Gobierno aragonés envió un requerimiento al ayuntamiento el pasado 16 de diciembre urgiéndole a resolver el acuerdo sobre Embarcadero en el plazo de un mes. En caso contrario, advertía, acudiría a los tribunales.
Es lo que va a suceder, tal y como ha anunciado Pérez Anadón, que asegurado que el «incumplimiento» del convenio es una prueba más de que Jorge Azcón «utiliza el ayuntamiento de un modo completamente desleal institucionalmente, para lo que pueden ser sus intereses partidistas, sin ser consciente del daño que hace a las acciones que el Gobierno de Aragón quería llevar en esos suelos y que iban a posibilitar cientos de viviendas para jóvenes». Y ha añadido que es aún más grave que lo haga «escudándose en las legítimas aspiraciones de los vecinos», que quieren seguir utilizando la explanada como zona de aparcamiento.
Los plazos de la negociación
El anuncio ha caído como una bomba en el casa consistorial, que entendía que la negociación de la permuta iba por el buen camino y se iba a poder firmar en la próxima cumbre institucional, todavía sin fecha. El pasado lunes, día 16, en respuesta al requerimiento, el departamento de Ordenación y Gestión Urbanística admitía que «no había resultado posible» aprobar el plan Embarcadero en tiempo porque «parece conveniente» que se resuelva primero por la vía «de negociación» la permuta y, solo entonces, se proceda a aprobar la modificación del PGOU.
No lo ven así en el Pignatelli, que insisten en que el intercambio de suelos puede seguir negociándose a posteriori. Es más, consideran que es prioritaria la reordenación de los suelos de Casablanca para negociar el intercambio de suelos en base a unos criterios claros.
"Ruptura unilateral"
Para Serrano, que Lambán haya decidido recurrir en este momento el futuro de Embarcadero siembra «unos precedentes históricos» y «ataca la esencial jurídica e institucional de la bilateral», además de que es una muestra de «deslealtad».
Según el concejal, la negociación sobre la permuta esta muerta porque así lo ha decidido la DGA «unilateralmente» con la judicialización. Un movimiento que, asegura, demuestra «el grado de nerviosismo» que hay entre las filas socialistas a cuatro meses de las elecciones.
«La bilateral está para todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno aragonés. Está para evitar los tribunales», ha afirmado. Lo cierto es que la última cumbre institucional, la de noviembre de 2021, se celebró con tres asuntos pendientes de resolver por la Justicia.
Otros asuntos judicializados
Ese año, en el mes marzo y sin una fecha para celebrar la bilateral, Azcón inició los trámites para interponer tres recursos contenciosos administrativos contra la DGA: uno porque el Ejecutivo no había presupuestado los 18 millones correspondientes a los convenios entre ambas instituciones; otro en el que se reclamaban 6,3 millones para financiar las competencias impropias en materia de acción social y otro por la falta de financiación para el servicio de ayuda a domicilio.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. / ANGEL DE CASTRO
Entonces, el alcalde argumentó que se trataba de una mera cuestión técnica para evitar que el ayuntamiento perdiera los derechos económicos. De hecho, en uno de los puntos del cuerdos alcanzado en la bilateral se reflejaba el compromiso del consistorio de «desistir de las reclamaciones interpuestas» contra el Gobierno de Aragón.
Ahora la situación es diferente porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y la pugna entre Lambán y Azcón no ha hecho más que agravarse desde que el alcalde fue nombrado presidente del PP en Aragón y, posteriormente, ratificado como candidato a la DGA.
También, dicen desde la casa consistorial, porque se ha judicializado un asunto que estaba dirimiéndose en los despachos.
No hay palos para tantas ruedas
«Poner palos en la rueda». Esta es la frase de la legislatura 2019-2022. Ha sido una de las más repetidas entre los miembros del Gobierno de Javier Lambán y el de Jorge Azcón, indistintamente. La relación institucional entre ambos líderes se ha ido desgastando con el paso de los meses, sobre todo desde que Jorge Azcón fue nombrado presidente del PP en Aragón.
Entre los asuntos que más crispación está generando entre ambos destacan dos proyectos: los cacahuetes de la Expo y la operación Romareda. El PSOE fue la única formación que votó en contra de modificar el planeamiento, el primer paso para que el Real Zaragoza asuma como propio el proyecto y financie la construcción del nuevo estadio de fútbol. Dicen los socialistas que esta jugada de Azcón va a acabar privatizando un campo que tiene que reconstruirse sí o sí si Zaragoza (y Aragón) quiere ser una de las sedes del Mundial 2030.
En cuanto a las viviendas que quiere construir Lambán en la Expo, los desencuentros han sido una constante. Tanto es así que Azcón llegó a cuestionar la legalidad del proyecto.
Los rifirrafes no han dado tregua. Primero (por decir algo), el Ejecutivo autonómico criticó al ayuntamiento por «obstaculizar» la puesta en marcha del Residencial Pirineos con un interés electoralista al retrasar, supuestamente, la licencia de obra, que se aprobó en diciembre. Sucedió el mismo mes en el que se desatascaron los suelos de Torre Ramona, donde Lambán quiere construir vivienda. Unos días antes, la DGA había amenazado al consistorio con reclamarle por la vía judicial el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la bilateral. Fue el primer aviso que, en el caso del plan Embarcadero, se ha llevado a cabo y en los próximos días el Gobierno aragonés presentará el contencioso-administrativo.
Pero no solo es el Ejecutivo aragonés el que reclama, también sucede a la inversa. Entre los asuntos que se estaban negociando para incluir en el orden del día de la próxima bilateral –ahora en riesgo–, se encuentra el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, pendiente de la aportación autonómica para terminar los trabajos. También se encuentra sobre la mesa el futuro de los antiguos Juzgados, un asunto que ha estado más tiempo judicializado que en negociación. O la ampliación de Plaza que quiere impulsar el cuatripartito de Aragón y que se ha topado con las alegaciones municipales.
Entre los temas que más urgen en la casa consistorial a día de hoy se encuentra la financiación, los fondos que recibe Zaragoza y que, gobierno tras gobierno, siempre resultan insuficientes.
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