Un contratista del hospital de Teruel entra en concurso de acreedores

La empresa constructora Levantina, Ingeniería y Construcción, que forma parte de la UTE (Unión Temporal de Empresas) Nuevo Hospital de Teruel, junto a Contratas Vilor, S. L. ha entrado en concurso de acreedores y cuenta desde ahora con un administrador concursal nombrado por el juzgado mercantil. Sin embargo, esta nueva situación no afectará a la construcción del nuevo centro hospitalario ni a las fechas de ejecución, según aseguran fuentes de la consejería de Sanidad, ya que se hará cargo Contratas Vilor, S. L.

La compañía valenciana no ha podido reestructurar su deuda financiera y llevaba ya unos meses en preconcurso, según adelantó elEconomista.es, provocado por los problemas con los cobros en obras realizadas en Argelia, uno de los países donde había realizado el salto internacional. Que además, la empresa se haya visto salpicada por el caso Koldo, por las relaciones entre el exministro José Luis Ábalos y José Ruz, gerente y dueño del 20% de la compañía valenciana tampoco ha ayudado.

Este contratiempo no afectará a la ejecución de las obras en Teruel, que está previsto que terminen el 31 de agosto de este mismo año, aunque su puesta en marcha de forma efectiva no será hasta finales de 2025.

De hecho, a mediados de junio, el Salud aprobó la modificación contractual en las obras de construcción del nuevo hospital de Teruel (lote 2 obra civil) por «causas no previstas» surgidas durante la ejecución de la obra, como por ejemplo, la necesidad de ubicar en una nueva sala los sistemas de información y las baterías de bloques críticos de quirófanos, la Unidad de Recuperación y radiología. Este cambio supone la ampliación de la ejecución de obras en dos meses, que en lugar de ser en junio-julio de 2024 será el 31 de agosto, «conforme a la nueva planificación». En un inicio el plazo de ejecución era de 30 meses ampliados 6 más, al que ahora se suman dos más. En cuanto la financiación, se amplía también en 4,7 millones de euros.

No es la primera vez que los problemas económicos de Levantina, Ingeniería y Construcción afectan a una infraestructura aragonesa, ya que esta empresa estaba encargada de la construcción del edificio de Primaria del colegio zaragozano Ana María Navales, hasta que se declaró insolvente. Además, tras retrasos de más de tres meses y de no corregir deficiencias en el edificio de Infantil, Educación resolvió el contrato e inició una licitación urgente.