Ante la violación hay que actuar

Como bien sabemos todos los jueces sin excepción y no ignora buena parte de la ciudadanía, la pena de cárcel se orienta a la reinserción social. Pero muchas veces, aun de buena fe, los jueces cometeremos errores devolviendo a las calles peligrosos agresores, sea por la concesión de beneficios penitenciarios, sea por concluido el tiempo de cumplimiento de la pena.

Como desgraciadamente vamos aprendiendo todos con la información disponible y los avances científicos, hoy sabemos que muchos de ellos no son sólo enfermos mentales que con el tiempo y tratamiento adecuado puedan conseguir su total curación y rehabilitación social. Es otra la categoría, pues pertenecen a una clase de psicópatas criminales que, salvo extraordinarias y raras ocasiones, no son susceptibles de curación.

La castración química , voluntaria en España y adoptada como medida punitiva por países como EEUU o Rusia, rara vez funciona satisfactoriamente dado que es reversible, y no elimina los impulsos del agresor sino que los reorienta al mismo fin buscando su satisfacción criminal. El sexo pertenece básicamente al intrincado cerebro humano, y acceder y sanar ese punto del oscuro laberinto cuando enferma no está casi nunca al alcance de la química. Los castrados cambian la forma de la agresión, pero ésta sigue produciéndose con mayor, digamos, creatividad, con vistas a lograr una satisfacción que no siempre es estrictamente sexual.

Por lo tanto y hasta que dispongamos de estudios más concluyentes que avalen la utilización de éste u otros sistemas de castración hemos de actuar, no podemos, ante la multiplicación de casos, quedarnos inertes.

En España, a falta de actualización por parte del Gobierno de los permisos y excarcelaciones concedidas durante la penosa vigencia de la ley del solo sí es sí, aumentaron, sólo en 2023, un 15,1%, 19.981 agresiones según datos aportados a finales de año por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo policías autonómicas y locales.

En los países como Inglaterra donde los violadores excarcelados son vigilados a través de satélites, reincide la casi totalidad, un terrible 95 a 98 por ciento.

Los médicos forenses y psiquiatras se muestran firmes. Son imputables, pero no tienen recuperación. Y la situación con certeza va a empeorar. Basta una lectura somera de los medios que conceden espacio a este tipo de agresiones para constatar que son ya el amargo pan de cada día en todo el país.

El imprescindible papel de los jueces de vigilancia penitenciaria debería centrarse en la denegación de toda clase de beneficios penitenciarios a estos psicópatas, salvo que existan pruebas suficientemente sólidas de que el autor del delito ya no constituye un peligro para la sociedad. Asimismo, en el supuesto de psicópatas sexuales, la carga de probar sus poco probables avances debería recaer en la autoridad que propiciase su concesión. Sería la manera de lograr dos objetivos, resolver con precisión quién debe asumir tan monstruosos errores y atender la exigencia constitucional sobre el carácter rehabilitador de la pena de prisión, que obliga a individualizar su aplicación, por lo que todos los beneficios concedidos tengan únicamente sentido en la medida en que ayuden a cumplir esa finalidad. La responsabilidad debe llevarnos inexorablemente a la asunción de errores que tanta alarma suscitan entre nuestros ciudadanos. Es necesario, además, abordar un asunto no resuelto actualmente.

Por larga que sea la condena, y cumplida ésta sin disfrutar el reo de beneficio alguno, llegará el momento de que deba ser puesto en libertad, pese a saberse en muchas circunstancias que ese criminal sexual será un peligro potencial para la sociedad el resto de su vida. Por ello han de aplicársele medidas de seguridad y control.

No debemos limitarnos a debatir eternamente acerca de la posible inconstitucionalidad de tales medidas. Los años pasan, la delincuencia crece y no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento que inflige el aumento constatado de estos crímenes. Los privilegios que la ley concede (ley que suele ir por muchas razones retrasada con respecto a los requerimientos sociales) no pueden servir para engendrar nuevas víctimas cuyo silencio se vea apagado ominosamente por el paso del tiempo, hasta que vuelve a estallar con fuerza la voz de un nuevo sufrimiento la voz de una nueva e inocente víctima.

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