La justicia da oxígeno a la operación Romareda y permite que continúe la licitación

La operación Romareda coge aire. Después del revés sufrido por la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), que anuló los pliegos por los que se rige el concurso para adjudicar la construcción de un nuevo campo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido dicha decisión, por lo que los planes del equipo de Gobierno del PP siguen adelante. Al menos por el momento.

En un auto hecho público este martes, el TSJA ha estimado las medidas cautelares solicitadas por el ayuntamiento en las que pedía dejar sin efecto la decisión del TACPA hasta que se resolviera la cuestión de fondo sobre la legalidad del contrato. Y en la sentencia, el Tribunal Superior estima que, efectivamente, tal y como defendía el consistorio, el TACPA no tenía competencias para anular los pliegos.

En su escrito, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ofrecen tres argumentos principales para dejar sin efecto la anulación de los pliegos. Primero señalan «el interés público» del proyecto de la nueva Romareda. «Es obvio», dice el auto, porque se trata de «solucionar el problema del campo de fútbol, que está muy deteriorado» y destacan los jueces que «este es el cuarto intento de hacer un campo nuevo».

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«Hay interés de la ciudadanía, no solo de los socios y aficionados del Real Zaragoza», afirma el TSJA, por lo que se pone de parte del ayuntamiento en su defensa del proyecto. Señala la Sala además que la construcción de la nueva Romareda supondrá una importante inversión para la ciudad, superior a los cien millones de euros, y si se consigue el Mundial podrían crearse además hasta 6.400 puestos de trabajo.

La rentabilidad para la ciudad, subrayan los magistrados, alcanzaría los 335 millones de euros y Zaragoza tendría además la posibilidad de acoger «conciertos y otros eventos de alto nivel».

La apariencia del buen derecho

En segundo lugar, el TSJA se basa en el principio de la «apariencia del buen derecho». Es decir, el tribunal estima que, aunque sea de forma apriorística y antes de analizar el fondo de la cuestión, el ayuntamiento ha actuado conforme a la ley en el proceso para adjudicar la construcción y explotación de un nuevo campo de fútbol.

Para poder valorar que hay apariencia del buen derecho, el TSJA explica que «se exige que haya una alta probabilidad de estimación del recurso», con lo que el Tribunal Superior está diciendo que, de forma casi segura, la sentencia que debe resolver este embrollo jurídico será favorable para los intereses del ayuntamiento, lo que significará que la operación Romareda seguirá adelante.

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Por último, el TSJA explica que La Romareda consta como un equipamiento deportivo privado desde la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que sacó adelante e impulsó el entonces alcalde, Jorge Azcón, en los últimos meses del mandato anterior.

Por esta cuestión, el contrato para construir y explotar el nuevo estadio no puede considerarse administrativo, por lo que el TACPA no tiene competencia para anular el contrato, puesto que solo puede pronunciarse sobre contratos públicos de esa naturaleza.

"Un error insoslayable"

Es aquí donde el TSJA se muestra más contundente. La operación Romareda, dicen los magistrados, «en realidad es un contrato patrimonial y no podía ser otra cosa por lo ya dicho (que el estadio es ahora un equipamiento privado)», por lo que escapa al control y supervisión del TACPA. «Carece de competencia», advierten los jueces en el auto.

En su resolución, el Tribunal Administrativo de Contratos esgrimió que como los pliegos de la operación Romareda no establecían la inversión que debía llevarse a cabo por parte del adjudicatario, no podía valorar si el contrato era de carácter administrativo o no y si por tanto era de su competencia estudiarlo. Y al carecer de los datos para poder valorar esa cuestión, el TACPA anuló el contrato y pidió que se redactasen unos nuevos pliegos en los que sí que se fijase la inversión que debía llevar a cabo la parte privada.

Este, dice ahora el TSJA, es «un error insoslayable» que cometió el Tribunal de Contratos en su resolución. «Para considerarse competente es preciso que considere de modo inequívoco que se está ante un contrato de estas características (administrativo)», argumentan ahora los jueces, por lo que el TACPA «debería haberse declarado incompetente» para tomar la decisión que tomó, que supuso paralizar la operación Romareda.

Este auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón da oxígeno al nuevo equipo del Gobierno municipal encabezado por Natalia Chueca, que ayer celebró la decisión de la Justicia. «Estamos muy contentos. La Romareda no se para», afirmó rotunda en una convocatoria ante los medios.

«Esperemos que esta fuera la última carga de dinamita que nos encontramos por el camino», deseó la alcaldesa Natalia Chueca

Y es que la alcaldesa, tan solo dos semanas después de asumir el cargo, se encontró con una resolución del TACPA en la que este tribunal daba la razón a Podemos, quien mediante la presentación de un recurso pedía la paralización del proceso de licitación al cuestionar su legalidad.

 El mazazo fue grande, puesto que la decisión del TACPA ponía en peligro el proyecto estrella del PP en el ayuntamiento y daba la razón a Podemos. Pero el Gobierno municipal decidió recurrir y argumentó que, de paralizarse el proyecto, Zaragoza podría perder la oportunidad de ser sede en el Mundial de 2030 que España, Portugal y Marruecos aspiran a organizar.

Los tiempos son ajustados

Esa excusa es otra de las cuestiones que ha considerado el TSJA para tomar su decisión. Los plazos «son ajustados», dicen los magistrados, porque las obras deberían comenzar en 2024 para que el estadio estuviera a tiempo para 2030.

Si el proceso de adjudicación del nuevo estadio se retrasa, dice el auto, «se perdería una gran oportunidad de aprovechamiento del contrato», puesto que la posibilidad de quedarse fuera del Mundial podría espantar a los inversores.

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Y justifica el tribunal que no existe riesgo de que comiencen las obras y el derribo del campo de fútbol y que luego la sentencia definitiva establezca la nulidad de los pliegos, puesto que su decisión sobre la legalidad del proceso se conocerá antes de que se ponga la primera piedra del nuevo estadio.

Así, por todo lo anteriormente expuesto, el TSJA concluye que, dado «el clarísimo interés general» y la apariencia «de buen derecho», es decir, que a primera vista parece que las cosas se han hecho conforme a la legalidad, la operación Romareda puede continuar. Contra la decisión cabe la posibilidad de presentar un recurso, pero según pudo saber este diario, Podemos no lo hará. La Nueva Romareda tiene de nuevo vía libre. «Esperemos que esta fuera la última carga de dinamita que nos encontramos por el camino», deseó Chueca.