El PP se aferra al Mundial para evitar la paralización de la nueva Romareda

La operación Romareda parece el cuento de nunca acabar. Tras una bronca legislatura en la que el consenso en torno al campo de fútbol brilló por su ausencia, ahora el proyecto se encuentra judicializado y a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) atienda la petición del Gobierno de Natalia Chueca. Desde el ayuntamiento piden permiso (medidas cautelares) para seguir con los plazos previstos para la demolición y construcción del nuevo estadio y mantener vivas sus aspiraciones de ser una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030 mientras dirime si la adjudicación se hizo conforme a la ley. Podemos, en sus alegaciones, apunta a que la cautelar podría provocar «situaciones irreversibles» en caso de que la sentencia sea desestimatoria.

Por contextualizar. Podemos elevó al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) el pliego de condiciones para la construcción y explotación del nuevo campo de fútbol el pasado mes de mayo, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas. En su recurso cuestionaba la fórmula de derecho de superficie elegida al considerar que se trataba de un contrato administrativo. A finales de junio, el TACPA confirmó que existen irregularidades en el objeto del contrato que, presumiblemente, se iba a adjudicar el Real Zaragoza.

Según este organismo, «incluye prestaciones de un contrato típico administrativo», como obras, servicios, gestión de obra o gestión de servicios, y que es de carácter público. En los contratos administrativos, el valor estimado de las prestaciones no puede ser superior al 50% del importe total del negocio.

Es en esta cuestión donde el TACPA manifiesta sus dudas porque, aunque en los pliegos no se establece el coste estimado de la construcción del nuevo estadio, el Zaragoza habló en su día de un coste de 139 millones de euros.

El PP acude al TSJA

Sobre este asunto versa el recurso del Gobierno del PP, que ha solicitado medidas cautelares al TSJA y alega que rechazarlas «supondría un importantísimo coste de oportunidad» para la ciudad al poner en «gravísimo riesgo» el cumplimiento de los plazos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Entre otras, señala en su escrito que las futuras obras serán adjudicadas por el futuro superficiario, el Real Zaragoza. «La realización de obras de adecuación y reforma de un campo de fútbol de naturaleza privada, la materialización sobre el mismo o en su entorno inmediato de equipamiento comercial privado, así como la explotación de los mismos, lo que constituye el objeto del concurso convocado, en ningún caso puede entenderse como la prestación típica de un contrato de obras», explican, por lo que rechazan que se trate de un contrato o concesión de obras, como defiende Podemos y avala el TACPA.

Competencias

Es más, insisten los letrados municipales en que el organismo actuó con «manifiesta incompetencia» ya que la Ley de Contratos establece que un Tribunal de Contratos no puede resolver sobre un contrato de naturaleza patrimonial, como es el caso. Es más, aseguran que «el TACPA en ningún momento afirma que estemos ante un concesión de obras», más bien se limita a «expresar sus dudas».

Además de alegar ante el TSJA la situación de «indefensión» en la que deja al consistorio al declarar nula de pleno derecho la licitación, desde el consistorio reiteran que de no adjudicar las obras del nuevo estadio en septiembre los trabajos difícilmente se iniciarían entre mayo y junio de 2024, fecha estimada para comenzar con las obras y poder llegar a tiempo al Mundial 2030.

Podemos presenta sus alegaciones

Las alegaciones de Podemos dicen todo lo contrario. La formación hace referencia a que la medida cautelar podría provocar «situaciones irreversibles en casos de una sentencia desestimatoria» ya que podría conocerse con la adjudicación formalizada e, incluso, con la demolición del campo en marcha, generando una situación «irreversible». Además de hacer mención a la inseguridad jurídica en la que se encontrarían los posibles licitadores, la formación morada insiste en que la celebración del Mundial 20230 es «una mera expectativa o futurible lejano» y defiende que la ciudad tendría tiempo suficiente para cumplir con los plazos.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha acusado este miércoles a «la izquierda» y, en concreto, a Podemos «de seguir poniendo en peligro» el nuevo campo de fútbol. Según el concejal, «es sorprendente que Podemos siga poniendo palos en las ruedas que afectan a la construcción del campo y al cumplimiento de los plazos que la Federación Española de Fútbol nos impone para ser sede del Mundial». Además, insiste, en que su «plan A» sigue siendo el mismo, salvo que no se acepten las cautelares.

Desde la formación han tildado su respuesta de «pataleta absurda» y solicitaron su dimisión «ante su incapacidad para sacar adelante el proyecto». «El PP es el único responsable por seguir defendiendo un proyecto ilegal y perjudicial», añaden.