Eutanasia legal, pero no normal

Se cumplen tres años de la entrada en vigor de la ley orgánica de regulación de la eutanasia, una conquista que, no sin una dura oposición, introdujo a España en el reducido número de países en todo el mundo que tienen regulada esta radical prestación sanitaria. Solo Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, y posteriormente Nueva Zelanda, con algunos territorios de los Estados Unidos y Australia, permiten el fin de la vida, de manera regulada, a los enfermos terminales o con un sufrimiento extremo. En el caso de España, la legislación nació garantista, es decir, con un trayecto que quiere asegurar la determinación autónoma del enfermo y garantizar que la decisión tenga una motivación inequívocamente compasiva. La eutanasia debe solicitarse por escrito dos veces en 15 días; la petición se traslada después a una comisión autonómica que designa a dos médicos que tienen que avalarla para, posteriormente, dar el visto bueno definitivo en un plazo no superior a 19 días. En total, la ley señala estos 34 días como límite para poder proceder a «la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente».

Tres años después de la aprobación de la LORE, el balance es agridulce. Por un lado, es cierto que más de 680 personas han podido acceder a la eutanasia y poner fin a su sufrimiento de manera legal. Por otro, solo son la mitad de las que lo solicitaron, y muchas de ellas (aproximadamente un tercio) fallecieron durante el proceso. En 2023, 323 personas recibieron la prestación (un 12% más que en 2022) mientras que las demandas fueron 727. Todo ello, a partir de datos del Ministerio de Sanidad que son provisionales y que reflejan uno de los grandes problemas a la hora de aplicar la ley: las notables desigualdades según las autonomías, tanto en lo referente a la propia tramitación como a la información que se requiere. En este sentido, la demora media del proceso se establece en 75 días (más del doble de lo que prevé la norma). Otro dato contrastado, que podría responder a distintas sensibilidades mayoritarias entre la población, especialmente religiosas, o a trabas desde la administración o el estamento médico (y eso sí sería grave), es el del número de eutanasias practicadas en relación al total de fallecimientos.

En el balance que ha llevado a cabo la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) se reclama al Ministerio de Sanidad la redacción de un manual de buenas prácticas de eutanasia que incluya un reglamento que especifique, sin dudas, los casos analizados, que ponga fin a las diferencias de trato y que, en definitiva, elimine cualquier arbitrariedad para dar paso al derecho a recibir la prestación sin más demoras.

La ley pretendía, hace tres años, derecho universal, que respetase el derecho de cada persona a acabar su vida sin sufrimientos innecesarios o, simplemente, de la que forma que decidiera. Sin hacer depender esta decisión de quienes por razones ideológicas quieren minar su efectividad.