No debería ser el último acuerdo

Tras varios intentos fallidos, un acuerdo entre el PSOE y el PP ha permitido desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano constitucional de gobierno y representación de la justicia cuyo mandato había caducado hace cinco años. El compromiso entre ambos partidos, imprescindible para obtener las tres quintas partes de apoyos necesarios tanto en el Congreso como en el Senado para hacer efectivos los nombramientos, se selló en Bruselas bajo la atenta mirada de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, después de que esta institución hiciera la veces de mediadora a petición del PP. Sobreinterpretar esa imagen ciertamente chocante, igual que atribuir un resultado decisivo a la amenaza del presidente del Gobierno de modificar unilateralmente y de manera inmediata las atribuciones del CGPJ, supondría hacer un análisis muy limitado de lo que a la postre es el primer pacto de Estado entre los dos partidos mayoritarios de España en años.

Ciertamente, el acuerdo, para empezar, sintoniza con lo ocurrido estos mismos días en las negociaciones para el reparto de los grandes cargos institucionales de la UE entre populares, socialistas y liberales (e implica dejar de ser una anomalía discordante en este sentido). Para llegar a él, Alberto Núñez Feijoó ha hecho un ejercicio de autoridad, frente a las presiones de quienes querrían eternizar el bloqueo hasta disponer de una mayoría en el Parlamento, que refuerza su liderazgo interno y su proyección como candidato moderada. Pedro Sánchez, a su vez, ha levantado el muro tras el que hace muy pocos días consideraba que solo había distintas modulaciones de la ultraderecha y ha reconocido que hay un espacio central donde seguir encontrando acuerdos de amplio consenso, que aún debería ser más amplio con la incorporación de otras opciones políticas. Y ambos han aceptado una aritmética en el nuevo CGPJ con la que renuncian a convertirla en un rodillo de una mayoría parlamentaria vigente o de otra que pueda sucederle. Es difícil encontrar, desde una perspectiva favorable al funcionamiento normal de las instituciones y la desintoxicación de la vida política, objeciones a cada uno de estos aspectos. Es cierto que el calendario fijado transparenta que las desconfianzas se mantienen. Y que se ha refrendado una vez más, la politización de los mecanismos de elección de los órganos de gobierno del poder judicial. La esperanza es que esta vez sirva para desembocar en una alternativa viable (y desincentive la politización de la actuación de algunos órganos judiciales).

El acuerdo, no obstante, va más allá de lo más urgente, que era la estricta renovación del órgano constitucional, y ha incorporado otros aspectos más a largo plazo, como tramitar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y requerir al propio CGPJ que consensúe una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial para que sea trasladada al Gobierno y a las Cortes. En cualquier caso, la renovación del CGPJ es una buena noticia. Las formas quizás no lo sean tanto y los resultados de la reforma que deberían evitar la repetición de una situación tan anómala como la que se ha vivido todavía son inciertos. Pero nada ello no evita que hoy haya un rayo de esperanza en las posibilidades de retomar la imprescindible cooperación entre los dos grandes partidos para el buen funcionamiento institucional.

Suscríbete para seguir leyendo