La investigación de las renovables en Aragón no aprecia ningún indicio de delito

Los grupos políticos ya tienen el dictamen definitivo, tras cuatro meses de investigación en las Cortes, sobre la implantación de las renovables en Aragón y del papel jugado por el Inaga en el proceso. Un documento que no será demasiado extenso, con algo más de 60 páginas y un total de 19 conclusiones unánimes que no reflejarán indicio de delito alguno y cuyo carácter será más genérico que contundente, lo que ya se intuía tras las sucesivas declaraciones que se han ido produciendo desde febrero, en una comisión que fue planteada en noviembre por PP y Vox y que salió adelante con los votos positivos de todos los grupos a excepción del PSOE, que se abstuvo. Ahora, dicho documento deberá ratificarse el viernes en la votación de un pleno específico, el último del primer curso político del Ejecutivo formado por PP, Vox y PAR.

La investigación sobre las renovables en Aragón acelera y alcanza las 18 conclusiones unánimes

Además de algunas de las conclusiones y recomendaciones que ya había adelantado este diario en los días anteriores, como la necesidad de impulsar una «planificación energética y territorial» junto al Gobierno de España o de presentar un Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón, la fotografía final deja patentes otras cuestiones más abiertas a la interpretación que a la obligación de legislar para el Gobierno de Aragón. Por ejemplo, se recomendará a la DGA que dicte normativamente si los ayuntamientos están legitimados a regular o prohibir la instalación de parques de energías renovables en sus lindes.

Del mismo modo, se insta a optimizar «los recursos externos» empleados para reforzar la tramitación de expedientes, con el fin de garantizar la «imparcialidad» de agentes como las consultoras privadas externas. Este punto fue uno de los más polémicos durante el proceso, ya que los responsables de dos consultoras del Inaga que habían trabajado para Forestalia negaron ser «juez y parte» en el proceso de adjudicación de contratos.

Por tanto, la conclusión unánime al respecto instará a garantizar esa imparcialidad, aunque no va más allá. En cambio, una de las conclusiones aprobadas por mayoría, con los únicos votos en contra del PSOE y CHA, sí asume que entre septiembre y octubre de 2022 se «flexibilizaron» los requisitos para que las consultoras declararan su incompatibilidad. Y es que, además de las 19 unanimidades, habrá hasta 100 conclusiones como la anterior, es decir, aprobadas por mayoría con el voto particular de varios partidos. Estas están recogidas en un documento anexo, de 47 páginas, que se añadirá al dictamen final, y en él aparecen coyunturas que resultan, cuanto menos, curiosas.

Menciones al anterior Ejecutivo

En ese sentido, alguna de ellas menciona de forma directa a miembros del anterior Ejecutivo, como el propio presidente Lambán o el antiguo vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga. En el primer caso, con el voto favorable de PP –quien propone la conclusión–, Vox, Teruel Existe e Izquierda Unida, se especifica que el «presidente del Gobierno» (Lambán) y miembros de su gabinete se reunieron con alcaldes turolenses para «fomentar» el despliegue de renovables en sus municipios, «sin un asesoramiento posterior», lo que provocaba que estos municipios se viesen «superados».

Aliaga, por su parte, aparecerá con nombre y apellidos en dos conclusiones distintas que serán aprobadas por mayoría. La primera de ellas, a propuesta del PP y apoyada únicamente por Vox, indica que su decisión de no modificar la tramitación de los expedientes hasta que no se resolvieran todos los procedimientos judiciales fue la «principal causa» del «freno de la inversión en renovables en Aragón». En la segunda, propuesta por Vox y apoyada por PP y Teruel Existe, se acusa al exvicepresidente de «inacción voluntaria» en la tramitación de expedientes de energía eólica, pese a tener «pleno conocimiento» de la sentencia del TSJA que consideraba «arbitraria» la declaración de interés general de algunos parques.

Además de estas 119 conclusiones, de las que el valor real únicamente quedará reflejado en las unánimes, hay otras 47 que serán rechazadas, aunque los grupos podrán solicitar que también se reflejen en el informe para que quede clara su posición. En cualquier caso, la principal conclusión, valga la reduncancia, que se extrae de esta comisión es que no tendrá recorrido judicial, ya que no se ha podido demostrar que hubiese ninguna irregularidad de tipo penal, aunque Vox y Teruel Existe, además del PP –que fue muy duro en campaña con este tema– han representado la línea más dura en el proceso.

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