PP y Vox impulsan una comisión de investigación sobre las renovables

Los grupos parlamentarios del PP y de Vox en las Cortes de Aragón escenificaron ayer por primera vez su acción coordinada de gobierno con la presentación de una iniciativa conjunta para solicitar la creación de una comisión de investigación que aclare las «dudas y supuestas irregularidades» en el despliegue de renovables en la comunidad, caballo de batalla del PP durante la campaña electoral .

Un asunto que ya está siendo investigado por los fiscales de medio ambiente de las tres provincias tras la denuncia presentada por el movimiento ciudadano Teruel Existe y que, en el caso de Huesca, ha supuesto su admisión a trámite. Según avanzó ayer Tomás Guitarte, diputado de Aragón-Teruel Existe, comienza a traducirse en citaciones para acudir a declarar.

PP y Vox tienen el objetivo de «sacar conclusiones» y ofrecer a partir de ahora a todo el sector, industrial y de desarrollo de renovables, «transparencia e iguales condiciones para todos». Ambos grupos quieren despejar las «sombras de duda y malas prácticas, si las ha habido», en la implantación y desarrollo del sector en una región «líder en renovables», de la que destacaron su potencial «prácticamente ilimitado» para seguir siendo un polo de atracción de nuevas empresas y que genere empleo.

Desde Vox, su portavoz, Santiago Morón, incidió en la necesidad de aclarar esas «posibles irregularidades denunciadas por diferentes colectivos» que, a su entender, «han lastrado» la credibilidad de la comunidad y le han creado una «mala fama» con la repercusión que ello puede tener en la atracción de nuevas empresas.

Un propósito que, según defendió, debe aclarar la posible existencia de responsabilidades políticas «o de otro tipo» y ha de servir para «aprender» e ir «hacia un modelo» ante la «inexistente planificación». De hecho, Morón apuntó que el expresidente Lambán reconoció al final de la pasada legislatura la necesidad de realizar una planificación sobre el modelo de gestión y despliegue de las renovables. «Fue, sin duda, una forma de reconocer que las cosas no se habían hecho bien», apuntó.

«Se crearon muchos parques eólicos y fotovoltaicos pero sin ningún criterio, se dio vía libre a instalaciones poco eficientes que se han llevado por delante suelos agrarios y de la Red Natura 2000. Hay verdaderos desastres ecológicos, especialmente en la provincia de Teruel, y tenemos mucho terreno en Aragón como para evitar los suelos de especial valor ecológico y las afecciones paisajísticas, turísticas y agrarias», denunció. «A veces se han implantado en zonas de desarrollo de regadío donde previamente se había invertido mucho dinero público», añadió Fernando Ledesma, portavoz del PP.

Para ello, ambos portavoces avanzaron que llevan la idea de solicitar la comparecencia de técnicos del Gobierno (Morón mencionó concretamente a personal funcionario del Inaga) y representantes de las empresas del sector . «Tenemos que desarrollar unas bases transparentes, saber lo que se puede hacer y dónde y qué necesitan las empresas interesadas», enumeró Ledesma.

En ese sentido, ambos portavoces insistieron varias veces en el carácter carácter instructivo de la comisión. «No es una persecución, ni una caza de brujas, ni se trata de buscar culpables», aseguró Morón, que no descartó trasladar a la Fiscalía las conclusiones. «Pero no vamos a duplicar la labor, porque la Fiscalía ya está en ello. Se trata de conocer para poner orden», terció Ledesma, que incluso planteó que podría ser una «comisión de estudio, si quieren mejor». «El objetivo, en realidad, es que sea más de estudio que de investigación, pero como son hechos del pasado tenemos que investigar para saber qué errores no tenemos que cometer», explicó. La elección no es baladí, por cuanto el artículo 84.4 del Reglamento de las Cortes previene a los comparecientes de una serie de sanciones establecidas por el Código Penal en el caso, por ejemplo, de que falten a la verdad.

Los dos portavoces mostraron su interés en que el plazo «orientativo» de seis meses que se estableció en el registro de la solicitud pueda reducirse «cuanto más mejor» y no confirmaron que la iniciativa vaya a ser incluida en el próximo pleno porque todavía están a la espera de dialogar con el resto de portavoces parlamentarios.

Entre las críticas y la moratoria

Casi todos los grupos de la oposición reaccionaron con críticas a las intenciones de PP y Vox y remarcaron la necesidad de abordar ya la regulación del sector sin esperar a las conclusiones. En principio no se opondrá ninguno, aunque aguardan a la reunión pertienente para conocer la profundidad de los trabajos.

Desde el PSOE, Darío Villagrasa se lamentó de que "el matrimonio de conveniencia" que forman PP y Vox "solo quiere enfangar y embarrar la política aragonesa". Insistió en que acudan a la Fiscalía ante el mínimo indicio de delito porque, a su entender, van a crear «una larga sombra de sospecha» sobre «el anterior Ejecutivo, los funcionarios y el sector de las renovables». Villagrasa remarcó que su grupo «estará del lado de la transparencia, la legalidad y la defensa del interés de Aragón».

Por Teruel Existe, impulsor de las denuncias ante los tres fiscales provinciales y la Fiscalía General del Estado, Tomás Guitarte se mostró favorable a esa investigación. De hecho, recordó que lo llevaba en su programa y el pasado viernes trató de registrar una interpelación al respecto. «Exigiremos que profundice en los asuntos, no ya en las irregularidades, que está claro las hubo y ya las investiga la Fiscalía. Lo que queremos es que, en paralelo, se ordene una moratoria preventiva y se imponga un canon que redunde en las comarcas donde haya renovables para que perciban que obtienen algún beneficio», detalló. Además del Inaga, Guitarte apuntó a la Dirección General de Energía, entonces en manos del PAR.

Desde CHA, Joaquín Palacín coincidió en favorecer «una mayor transparencia política» y en que no se puede esperar seis meses a ordenar el sector. Andoni Corrales (Podemos) reclamó que no sea una «cortina de humo» y permita aclarar las posibles responsabilidades, «tanto políticas como empresariales». Álvaro Sanz (IU) reclamó una moratoria, el impulso de comunidades energéticas locales y el papel del sector público para hacer «fundamental» el derecho a la energía. Y Alberto Izquierdo (PAR) apoyó que se aclaren las responsabilidades oportunas.