Zaragoza se arriesga a perder dos millones de euros por un quiosco de Forcén en el Parque Grande

El Ayuntamiento de Zaragoza se arriesga a perder una parte de los fondos procedentes de la ley de financiación municipal del Gobierno de Aragón si no remite los expedientes administrativos reclamados por el Ejecutivo autonómico, referentes a cuestiones como la demolición del quiosco del Parque Grande José Antonio Labordeta, por el que Zaragoza en Común ha reclamado en el consistorio una comisión de investigación.

La ley de financiación municipal aragonesa prevé que las entidades locales que no respondan a los requerimientos de información de la DGA no podrán recibir las partidas, que quedarán "retenidas" hasta que se dé cumplimiento a la demanda de información.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza ha aceptado la solicitud del Gobierno de Aragón para seguir adelante con el procedimiento judicial iniciado ante la falta de remisión de expedientes administrativos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, y en contra de la voluntad del consistorio, que ya remitió por vía extrajudicial algunos documentos a la DGA relativos a dicho expediente y había solicitado al juzgado la satisfacción extraprocesal de la demanda de información.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que la información recibida era "incompleta" y "un despropósito", en palabras del director general de Administración Local del Gobierno de Aragón, José Ramón Ibáñez, por lo que solicitaron que continuara el procedimiento. Así lo ha determinado también la jueza.

Ibáñez ha recordado que, con este procedimiento, el Gobierno de Aragón solo está cumpliendo su "obligación" y que sería una "irresponsabilidad eludir su labor de control y fiscalización" de las actividades de las entidades locales.

El expediente del quiosco: una "auténtica chapuza" con lazo

Asimismo, ha considerado el director general, "los pasos dados por el Gobierno PP-Cs demuestran que el Gobierno de Aragón tenía la razón y que el ayuntamiento estaba obligado a mandar la información". En concreto, ha recordado que el consistorio remitió la información al día siguiente de que la DGA anunciara que iba a iniciar el procedimiento judicial.

Firmas distintas del mismo funcionario

Con todo, la información recibida no satisface las necesidades del Ejecutivo autonómico, que denuncia incongruencias como que en la documentación aportada hay "firmas distintas del mismo funcionario, tachones a boli, apuntes a mano" e, incluso, se habla de dos lotes con dos direcciones distintas cuando el proyecto de demolición era solo de un quiosco. "Es prácticamente imposible saber qué quiosco es el que aparece en el informe", ha señalado el director general.

"Pedimos seriedad", ha continuado Ibáñez, que ha manifestado que "no entiende por qué no se ha remitido el informe completo". "Cada segundo que el ayuntamiento tarde en enviar el expediente completo no hará sino sembrar dudas", ha considerado.

"Los técnicos lo han calificado directamente de chapuza o despropósito: tiene que haber otro expediente", ha reiterado.

Además, ha explicado el director general, con esta situación el Ayuntamiento de Zaragoza se arriesga a no recibir el pago del primer trimestre de la partida prevista en el fondo municipal. En total, la cuantía asciende a 8 millones anuales. El primer pago, de unos 2 millones de euros, está previsto para mediados de abril. El Gobierno de PP-Cs no recibirá el pago, que se retendrá hasta que se resuelva la solicitud de información.

El resto de expedientes solicitados

La del quiosco del Parque Grande en cuestión no es el único requerimiento de información pendiente del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón.

Tal y como comunicaron cuando se decidió iniciar el trámite judicial, se reclaman también los expedientes del contrato de 'Control y calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y actividades de conservación de los equipamientos municipales'; el contrato de 'Servicios de aceleración tecnológica del CIEM Zaragoza'; el contrato de 'Conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes (sector I)', y el contrato de 'Conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes (sector II).

Otra autorización hace referencia a los tres expedientes distintos, de los que la Dirección General de Administración Local también fue consciente al publicarse el informe de fiscalización sobre los contratos del Ayuntamiento en 2020. El primero afecta a las obras de mejora de conservación en los colegios públicos mediante declaración de emergencia por un importe de 1.062.779 euros, adoptado el 12 de julio de 2019. El segundo, a la contratación de emergencia el suministro de fundas para chalecos multiagresión para la Policía Local por un importe de 135.280 euros. Y, el tercero, a una subvención para la instalación de toldos en la Galería Comercial Delicias de la capital aragonesa.

En septiembre y en noviembre se requirió la documentación al Consistorio, sin que se obtuviera respuesta.

Finalmente, la ya mencionada petición de información sobre a una licencia de demolición de quioscos y anejos en el Paseo de San Sebastián de Zaragoza, ubicado en el Parque Grande José Antonio Labordeta. La Dirección General de Administración Local requirió el pasado mes de octubre al Ayuntamiento para que remitiera una copia certificada del expediente tramitado, de forma que se pudiera comprobar la efectividad de la aplicación de la legislación autonómica en materia de urbanismo.

Un requerimiento en el que se insistió en noviembre y que acabó en los juzgados.

En cumplimiento de la Ley de Administración Local de Aragón

El artículo 145 de la Ley de Administración Local de Aragón, titulado Obligación de remisión de información, obliga a las entidades locales a "remitir al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en la forma y los plazos determinados reglamentariamente, una copia literal o, en su caso, un extracto adecuado y suficiente de sus actos y acuerdos".

En su artículo segundo, indica que la DGA "podrá solicitar a los entes locales ampliación de la información que deberá remitirse en el plazo máximo de veinte días hábiles".

Finalmente, el artículo tercero indica que la "Administración de la Comunidad Autónoma podrá, además, recabar en el ámbito de sus competencias y obtener información concreta sobre la actividad de las entidades locales, a fin de comprobar la efectividad de la aplicación de la legislación autonómica, pudiendo solicitar incluso la emisión de informes, la exhibición de expedientes y la remisión de copias certificadas de los mismos".

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La respuesta de Serrano

Tras la comparecencia del director general de Administración Local del Gobierno de Aragón ha respondido en rueda de prensa el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien fue preguntado por esta cuestión. "Las formas nos llaman la atención. No van contra el equipo de Gobierno (de PP y Cs), van contra el trabajo de los funcionarios y ese es un límite que los políticos no podemos rebasar", ha dicho, quien defendió el buen hacer de los trabajadores de su área: "En cuatro años no ha habido ni una sola resolución judicial en contra".

Sobre la polémica por la concesión de la licencia del derribo del parque José Antonio Labordeta, Serrano ha dicho que el juez "no ha entrado en el fondo de la cuestión", si no que se ha limitado a requerir los expedientes que solicita el Gobierno de Aragón. "Han dicho que son incompletos. Si existen más expedientes al respecto los enviaremos sin problema y el procedimiento se resolverá por la vía extrajudicial. Eso es lo que auguro", ha añadido el responsable de Urbanismo.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de PP y Cs, María Navarro, ha añadido que "lo normal" hubiera sido "levantar el teléfono" y pedir la información que falta. En vez de eso, ha lamentado, "se han abierto dos procedimientos contencioso-administrativos por esta cuestión". "Lo beneficioso es llegar a acuerdos en aras del beneficio de los ciudadanos y no judicializarlo todo porque falte un papel", ha contado Navarro.

"Es una broma que el Gobierno de Aragón nos venga a pedir ahora esos expedientes cuando los grupos municipales (incluido el PSOE) los tienen desde hace años. Esto es una injerencia. No hay precedentes y normal no es", ha zanjado el concejal Serrano.

"Empieza a oler mal"

Las reacciones a la rueda de prensa del director general de Administración Local también llegaron desde el grupo municipal socialista. El concejal Horacio Royo ha asegurado sentir "estupefacción" por "haber tenido que escuchar de la dirección general de que este ayuntamiento le envía unos expedientes en esas condiciones". "Este caso concreto del quiosco ya empieza a oler relativamente mal", ha añadido el socialista.

Por ello, Royo ha defendido que la comisión de investigación pedida para conocer en qué circunstancias se tramitó la licencia de derribo de un quiosco del Parque Grande que ahora explotará Juan Forcén "cobra más sentido que nunca para saber qué ha pasado con ese expediente y por qué hay tal cúmulo de irregularidades en ese expediente".

"Si mañana PP y Cs votan en contra de esta comisión de investigación la única conclusión es que desde luego la conciencia no la deben de tener muy tranquila. Y desde luego, los ciudadanos necesitan saber porque cuando los vecinos de los barrios humildes tienen que esperar dos años a que el ayuntamiento responda qué color de teja tienen que poner, se concede una licencia de demolición a un empresario por todos conocido (Juan Forcén) y cuya relación con el alcalde (Jorge Azcón) es por todos conocida, y que además está en el perejil de todas las salsas de esta ciudad, cuando no habían ni presentado el proyecto a tiempo".

Vox no ha decidido el sentido del voto

Por su parte, desde ZeC, el grupo municipal que ha impulsado la comisión para investigar la concesión de la licencia de derribo de ese quiosco, han recordado que el pleno del ayuntamiento tendrá que pronunciarse este viernes sobre si se constituye o no. Los tres partidos de la izquierda votarán a favor, pero faltarían los votos de Vox para que salga adelante, algo que todavía está en duda.

"No hemos tomado todavía una decisión", ha dicho el portavoz de Vox, Julio Calvo, en declaraciones a este diario, si bien en un primer momento se pronunciaron a favor de la constitución de esta comisión.

Sobre esta cuestión, el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha pedido que se “esclarezca la situación y las conexiones de Forcén y el Ayuntamiento de Zaragoza” ya que el nombre del empresario también aparece en otros temas “conectados con el consistorio”, como "en el caso de la presidencia de la junta de compensación en la que la familia del alcalde tenía terrenos por valor de un millón de euros y de las que se impidió, en todo momento, la posibilidad de una comisión de investigación; o como en la privatización del estadio municipal de la Romareda con esa propuesta de cesión de superficie a 75 años". Con respecto al Parque Grande, Forcén ha sido el adjudicatario de cinco de los seis quioscos que han salido a licitación, siendo además el único que presentó ofertas.