Opinión

Cuando la política resulta estéril

El acuerdo para renovar el CGPJ, el pacto en Caneto y la comisión de renovables demuestra cómo la política es capaz de gastar recursos, dinero y tiempo y aplazar soluciones a graves problemas 

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y el ministro de Presidencia,, Félix Bolaños, durante la firma del acuerdo para la renovación del CGPJ, en Bruselas

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y el ministro de Presidencia,, Félix Bolaños, durante la firma del acuerdo para la renovación del CGPJ, en Bruselas / Comisión Europea

La política ofrece cada día lecciones de las que nunca aprende, a pesar de que la realidad es testaruda y deja bien a las claras que siempre suele ser mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Es lo que ha quedado constatado en esta última semana del mes junio, en la que hemos asistido a un acuerdo que ha tardado más de cinco años en producirse. El pacto alcanzado en Bruselas (sí en Bruselas) entre el Gobierno y la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y «reforzar la independencia judicial» es la máxima expresión de que, tarde o temprano, la política está condenada a entenderse. Tomar la dirección contraria suele conducir a una senda de no retorno en la que todos salen perdiendo, principalmente los gobernados, es decir, los ciudadanos. Un absurdo, en definitiva. 

¿Era necesario que transcurriera un lustro para cerrar una herida por la que sangraba un órgano constitucional integrado por jueces? Se pudo llegar a una entente mucho antes, pero la política ha llegado a un punto en el que no consigue ver el bosque porque solo presta atención a los árboles (a veces, solo a sus hojas). Y eso tiene un elevado coste, no solo institucional sino también económico y reputacional para todo un país.

El culebrón que se ha vivido (y sufrido) para la renovación del CGPJ es extrapolable a muchos de los episodios que protagoniza la política en sus múltiples versiones (a nivel europeo, nacional, autonómico y local) y formatos (en directo, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales). Sin ir más lejos, esta misma semana, el Gobierno de Aragón manifestó su compromiso para «abrir de oficio un expediente para crear un centro público en Caneto». Sí, aquel municipio altoaragonés en el que 21 niños recibían clases hasta que la consejería de Educación optó por clausurar el colegio en noviembre de 2023 al considerar que no reunía las condiciones y porque se encontraba en una situación «irregular». Ese episodio trascendió más allá de Caneto, trajo de cabeza al Gobierno de Aragón, dio paso a un largo conflicto con los padres de los escolares y dejó a estos sin sus cabañas de madera, sin sus pupitres y sin sus profesores. Pues bien, a las puertas del verano, la DGA reconsideró su postura, cerró la vía judicial y alcanzó un acuerdo con los padres para buscar una solución al problema. Los niños volverán en septiembre a sus aulas, aunque en las mismas condiciones en las que estaban cuando se desató la tormenta porque no es posible acondicionar el centro y que esté listo para el inicio del curso por una cuestión de plazos. Esta pérdida de tiempo, energía y recursos no hubiera sido tal si el espíritu de consenso fuese en casos como este el principal y único argumento para buscar soluciones.

Cuando la dialéctica da sus frutos se convierte en la mejor arma política. Lo contrario es una pérdida de tiempo

La polémica por las renovables y el dictamen sobre la comisión de investigación, impulsada en las Cortes de Aragón para dilucidar si hubo algún tipo de irregularidad en la implantación de parques eólicos y solares en la comunidad en los últimos años, es otro ejemplo claro que ilustra la capacidad que tienen los partidos políticos para dilapidar tiempo, recursos públicos y dinero. Han sido necesarios cuatro meses de investigación para concluir que no hubo ningún delito. Todo ese tiempo para llegar a 19 conclusiones plagadas de generalidades, a las que (eso sí) se han llegado por unanimidad. La puesta en marcha de esta comisión fue espoleada por el PP en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Hoy, el impulso de las renovables es uno de los ejes estratégicos sobre los que se sustentan las milmillonarias inversiones que van a aterrizar en Aragón. 

Ocurrirá seguramente algo similar con la inmigración, tan necesaria como polémica. Se trata de uno de los focos de tensión entre los socios del Ejecutivo aragonés (PP y Vox). El partido de Abascal se empeña en demonizar un fenómeno que requiere ser abordado con seriedad y a fondo, pero que acomete de forma frívola y en términos de rentabilidad electoral. Está dispuesto, dice, a romper con algunos gobiernos autonómicos si los populares no cumplen que sus exigencias. Azcón, por ahora, ni se inmuta y apela al cumplimiento de la ley.

Cuando la dialéctica da sus frutos se convierte en la mejor arma política.