¿Queremos Estado?

Se va a lanzar este año la mayor oferta de empleo público conocida desde el Gobierno de España con más de 40.000 plazas para la Administración General del Estado, la de Justicia, el Cuerpo Nacional de Policía y las Fuerzas Armadas. Y se levantan voces sobre la electorabilidad de la medida, si es un método más de bajar las cifras de desempleo o no hacemos más que engordar el saco de lo público.

Al mismo tiempo, esas mismas opiniones y otras se lamentan continuamente de los retrasos de la Administración de Justicia, de Renfe o del colapso de la Seguridad Social. Los servicios públicos, hasta el momento, lo prestan personas más allá de los medios tecnológicos, de las instalaciones y los procesos, o hay capital humano detrás pagado por los impuestos de todos y que acceden a su puesto por los principios de mérito, capacidad e igualdad o el sistema prestacional se rompe.

Estamos ante uno de los procesos transformadores más decisivos de nuestra administración pública porque a la digitalización se le une la jubilación del grueso de aquellos que pusieron en pie nuestro Estado de bienestar a partir de la década de los ochenta. Un modo de entender la atención a la ciudadanía que no se va a repetir, del mismo modo que el comercio ha cambiado, o las entidades financieras de ahora tienen poco que ver con las oficinas de barrio de hace una década. Pero adaptarse a los cambios no implica renunciar a uno de los ejes diferenciales de Europa con el resto del mundo, la cobertura no solo de la regulación mínima del Estado sino de un colchón de prestaciones no retributivas que garanticen cierta equidad en una sociedad cada vez más desigual.

La obra pública en Sanidad o Educación, siendo necesaria, no puede ser el motor de esos departamentos en las comunidades autónomas. Los hospitales deben llenarse de médicos, residentes, auxiliares y enfermeros, porque las salas de visitas y los quirófanos inertes de última generación no salvan vidas. Y la libre elección de centro escolar debe estar respaldada en las mejores instalaciones posibles pero llenas de docentes y personal auxiliar en suficiente número para educar a la generación culturalmente más heterogénea que hemos tenido.

Cuando se habla de la protección del Estado, no deberíamos hacerlo solo de su capacidad de regulación y control, no nos podemos quedar en el cuidado de lo formal sino en la eficacia de su contenido. Un Estado que nos represente, que garantice la paz, la social también y que nos permita el desarrollo personal en el máximo de nuestras capacidades. Y esto se hace gracias a los trabajadores públicos, con menos no se hace mejor, otro mantra que desterrar.

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