Hay otra forma de hacer política

La escalada dialéctica y de acusaciones entre el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, y el presidente del Ejecutivo autonómico, el socialista Javier Lambán, va camino de alcanzar niveles insoportables si no los ha rebasado ya. El presidente de los populares y alcalde de Zaragoza subió ayer la tensión política en la comunidad un peldaño más al acusar a un diputado o senador del PSOE por Zaragoza de ir a fiestas «a las que acudían prostitutas» y en las que «se consumían drogas» con el exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes (conocido como Tito Berni), a quien la Fiscalía apunta a como el cabecilla del conocido caso Mediador en el que se llevaban mordidas a cambio de conseguir contratos públicos a empresarios. Lo grave es que Azcón realizó una acusación sin aportar ninguna prueba, algo que parece haberse convertido en algo habitual en política, a pesar de que en juego está la reputación de una persona con nombres y apellidos. En este caso, Pau Marí-Klose, único diputado por Zaragoza en el Congreso. Poco después, en declaraciones a este diario, este negaba conocer al Tito Berni y exigía al alcalde una rectificación. Mientras que el senador Miguel Dalmau planteaba acudir a los tribunales.

El alto voltaje de este episodio (el de mayor intensidad en los últimos días pero no el único) provocó la respuesta inmediata del PSOE, que dijo desconocer los hechos y recalcó que no admitirá lecciones del PP en temas de corrupción. Pero los socialistas aragoneses fueron más allá y pasaron al ataque al subrayar que «de lo que sí tenemos conocimiento y constancia es de las circunstancias irregulares que rodean al alcalde de Zaragoza y a su íntimo amigo Forcén (constructor adjudicatario de varios quioscos en parques) al bloquear una comisión de investigación municipal por un posible trato de favor en contratos municipales y otras actuaciones urbanísticas relacionadas tanto con familiares como con amigos». Acusación que tampoco se sustenta en pruebas.

Son ejemplos del aumento de la crispación en la política aragonesa, que ha vivido sin grandes sobresaltos en los últimos años pero que soporta ahora la desintegración de los partidos del centro (PAR y Ciudadanos) y los reproches diarios entre Azcón y Lambán. Las sospechas de transfuguismo, la nueva Romareda, el plan Embarcadero o la política de vivienda en Zaragoza son asuntos de la guerra de PSOE y PP. Ayer se dio un paso más. Las acusaciones requieren de pruebas que las avalen o de la demanda correspondiente. El resto es hacer ruido y aparcar la política, algo que los ciudadanos podrán castigar porque buscan líderes sensatos para gobernar. No deberían pasarlo por alto.

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