Podemos lleva al Congreso su plan para controlar a periodistas y propietarios de medios de comunicación

Podemos ha registrado una ley en el Congreso de los Diputados para señalar públicamente a los propietarios, accionistas, directores y trabajadores de televisiones, radios, productoras o medios de comunicación escritos. El partido de Ione Belarra ha presentado una norma en la que reclama que todo aquel con responsabilidad, ya sea económica o editorial, en estas empresas periodísticas sea sometido al escrutinio público y exponga aspectos de ámbito personal en el mismo régimen al que se someten los diputados de Las Cortes Generales.

En la exposición de motivos de la proposición de ley registrada este viernes en la Cámara, Podemos llama a la necesidad de conocer "los intereses económicos de las personas que desempeñan funciones de dirección, administración o creación de contenidos en estos medios, de manera análoga a como se produce con los altos cargos de la administración". Todos ellos deben, según la propuesta, hacer pública una declaración de intereses en un mes desde la aprobación de la norma.

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Una declaración que "deberá incorporar la participación en cualquier tipo de sociedad, cotizada o no, especificando la actividad económica desarrollada por la misma", y en caso de que sus acciones en esas empresas superen el 10%, deberá incluir también si esas corporaciones han recibido contratos por parte de alguna administración pública. Deberá constar además si perciben ingresos de más de un medio de comunicación.

En el texto, Podemos fija que esta declaración, que debe enviarse al Ministerio de Presidencia, que garantizará "publicidad y acceso" a la información, deberá contener "como mínimo" todo el contenido incluido en el artículo 160 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que refiere a la declaración de intereses y bienes al que están obligados los diputados, según el Reglamento del Congreso. Este artículo también obliga a hacer pública "cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales".

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Lo más llamativo de la propuesta es la amplitud en su afectación, puesto que más allá de alcanzar a grandes propietarios y directores de medios de comunicación, también afecta de lleno a pequeños accionistas, así como trabajadores y colaboradores de medios de comunicación.

En la proposición de ley registrada, a la que ha tenido acceso este medio, se especifica que el ámbito de afectación son las "sociedades o personas físicas" que tengan licencia para emitir en TDT o tengan señal radiofónica, pero también aquellas que estén "dedicadas a la elaboración o producción de programas audiovisuales que aquellas contraten para su emisión". Es decir, las productoras y los autónomos dedicados a la elaboración de contenidos también se verán sometidos a este escrutinio público.

Además se verán afectadas las "sociedades o personas físicas que sean titulares de medios de prensa escrita o digitales de información general", y los accionistas, ya sean empresas o particulares, que posean al menos un 10% de los medios de comunicación.

PRESENTADORES Y PERIODISTAS

Uno de los puntos más llamativos del texto es el que se refiere a las figuras públicas de los medios de comunicación. "Quiero saber qué intereses económicos tienen Antonio García Ferreras o Pablo Motos", ha defendido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este jueves en La Hora de TVE. El escrito registrado en el Congreso va en esta línea, y somete a esta declaración pública también "las personas que sean presentadoras o conductoras de programas informativos o que traten de actualidad política en los medios referidos en el presente artículo". La laxitud en la redacción abre la puerta a que no sólo los presentadores sean objeto de escrutinio sino también los tertulianos, es decir, aquellos trabajadores de medios que colaboran en programas de otros medios de comunicación; o los trabajadores que "traten de actualidad política" en sus artículos.

En el tercer punto de dicha propuesta, que versa sobre las Obligaciones, se amplía aún más el ámbito de aplicación y se señala que también estarán afectados los ·integrantes de los órganos de administración" de todas las empresas antes referidas, "así como las personas que ejerzan la función de dirección de contenidos de esas entidades", una tarea que habitualmente recae en el director del medio de comunicación, pero también en el equipo de dirección o redactores jefes, que forman parte de la plantilla.

LIMITAR LA INVERSIÓN

Podemos retomó su cruzada contra los medios durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez, después de que en su carta pública el presidente atribuyese a la "máquina del fango" la apertura de una causa judicial por una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. Durante esta reflexión, el partido morado pidió "acabar" con determinados medios de comunicación y anunció una Ley de Medios.

Este mismo viernes, la candidata de Podemos a las europeas, Irene Montero, ha anunciado dado detalles sobre esa Ley de Medios que Podemos registrará también en el Congreso. Con esta norma, que tiene por título "ley de garantía de información veraz y lucha contra la desinformación", quieren limitar al 10% la inversión en medios de comunicación por parte de empresas estratégicas como la banca o energéticas o fondos buitre.

"Esta ley busca resolver uno de los problemas de nuestro país: que los grandes medios de comunicación están en manos de corporaciones y fondos de inversión que tienen intereses muy concretos y que usan su poder para impedir el aceso de la cuidadanía a información relevante, veraz y de su interés", ha declarado Montero en su intervención inicial en el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección de Podemos.

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Esta norma también pone restricciones a las empresas televisivas y radiofónicas privadas, que tendrán su espacio sumamente acotado, según ha explicado Montero, que ha anunciado la aplicación de la "regla de los tres tercios", por la que todo "el espacio televisivo y radiofónico se distribuirá garrantizando que un tercio del espacio corresponde a medios públicos, otro tercio a medios privados y otro tercio, fundamental, a medios comunitarios".

Esta norma, ha detallado, también contempla "un régimen sancionador que obliga a los medios de comunicación a un tiempo de reparación igual al empleado en al difusión de noticias falsas". El texto, que aún no se ha hecho público, y está por ver con qué criterio pasa una información a tener dicha consideración.

En su intervención, Irene Montero también ha arremetido contra "creadores de opinión reaccionarios" y ha citado directamente a Iker Jiménez, al que ha acusado de "ridiculizar a las personas no binarias": "No es diversión, no es libertad, es odio. Y los discursos de odio matan".