Boliden elude pagar 89 millones por el desastre ecológico aunque se llevó 54 millones de los ERE

Este martes empieza en Sevilla el juicio contra la empresa sueco canadiense Boliden por el vertido que hace 25 años amenazó de muerte y contaminó con cinco millones de metros cúbicos de lodo tóxico los ríos Agrio y Guadiamar. El mayor desastre ecológico de Andalucía, que en abril de 1998 afectó a 4.400 hectáreas de suelo de un elevado valor agrícola y ecológico, todavía no tiene responsables ante la justicia. El principio de "quien contamina, paga" no se ha cumplido en este caso un cuarto de siglo más tarde.

La Junta actuó definitivamente contra la empresa minera en abril de 2022, tras seis años de estériles negociaciones secretas para cerrar un acuerdo, por 89 millones de euros. Es el dinero que acreditan costó limpiar el lodo tóxico. Boliden elude su responsabilidad, alegando por ejemplo que fue la propia Junta la que autorizó la balsa donde se acumulaban los residuos de la mina, y tras un ejército de eficientes abogados, que han driblado uno tras otros los intentos del Gobierno andaluz de que las arcas públicas sean resarcidas.

La misma empresa minera se llevó del fondo de los ERE 54 millones de euros. De manera “injusta y arbitraria”, como el juez determinó que dieron las ayudas socialaborales del fondo de los ERE en Andalucía, la multinacional minera se llevó esa partida millonaria para financiar la prejubilación de 425 mineros. Se concedió esa subvención en el año 2001, un año después de que la empresa se declarara en suspensión de pagos y cinco después del desastre de Aznalcollar.

Boliden dice que ya pagó

La empresa alega que este desastre medioambiental le ocasionó un impacto económico directo de 115 millones de euros y se niega a asumir ninguna indemnización. Ya participaron con 80 millones, explican, en la limpieza del lodo, compuesto por metales pesados altamente contaminantes.

La Junta de Andalucía interpuso esta demanda civil contra Boliden después de seis años de negociaciones que fracasaron en el intento de fijar una cuantía para resarcir a la administración. La empresa no se hace responsable de la catástrofe natural y acude a un complicado entramado societario para desvincularse del vertido. Alegan que fue Boliden Apirsa la empresa que estaba activa tras la rotura de la balsa y que ahora son solo Boliden, tras un concruso de acreedores. Incluso alegan que la Junta de Andalucía autorizó la balsa para depositar residuos de la mina de Aznalcóllar que finalmente reventó.

Se ha tardado 25 años en llegar a este juicio porque detrás hay también un complicado laberinto judicial, lleno de tropiezos para los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, la mayor parte del tiempo bajo gobiernos del PSOE y finalmente, desde 2018, con el PP. El primer intento de depurar responsabilidades se remonta a la vía penal, se interpuso una querella contra Boliden que fue archivada por los juzgados de Sanlúcar la Mayor. Ese archivo de las diligencias penales fue recurrido por la Junta y la Audiencia de Sevilla desestimó los recursos de apelación presentados por el Gobierno andaluz.

Suma de reveses judiciales

El juicio por la vía penal será finalmente en 2025 pero la Junta abrió otra vía civil, en una decisión del Consejo de Gobierno en 2002, para reclamar una indemnización por el coste del vertido en concepto de daños y perjuicios por la retirada de los lodos. Se denunció a la empresa matriz. La Junta estima que gastó 89,7 millones de euros. En una primera fase de recogida de lodos (46,9 millones), en una segunda fase de esa misma limpieza (14,6 millones), en control y seguimiento de la calidad ambiental (2,4 millones), en investigación (5,2 millones), en restauración ecológica (16,5 millones), en asistencia técnica (2 millones) y en actuaciones sanitarias (2 millones).

Esa vía civil tampoco ha sido nada fácil. La demanda fue inadmitida en 2002 y 2003 y en 2005 hasta el Tribunal Constitucional consideró inadmisible un recurso de amparo interpuesto por la Junta de Andalucía. Ante esa cadena de fracasos judiciales, el Consejo de Gobierno acordó, en marzo de 2004, iniciar un procedimiento administrativo para pedir a la empresa que reembolsara a la administración los gastos por la rotura de balsa. En este caso, el Supremo, en 2011, también quitó la razón a la Junta y declaró que la administración carecía de habilitación legal para declarar la responsabilidad solidaria de la empresa. La vía contencioso administrativa tampoco se consideraba competente.

Tras un cúmulo de reveses judiciales, hace ya diez años, la justicia determinó que era el juzgado de instrucción de primera instancia 11 de Sevilla, que en su día lo inadmitió por falta de competencias, el responsable de resolver el conflicto. Por mutuo acuerdo entre las partes se acordó suspender el procedimiento para intentar alcanzar un posible acuerdo. La empresa pidió que también participara el Estado pero el Ministerio para la Transición Ecológica rechazó participar en esos contactos con Boliden. La prórroga a las conversaciones duró años.

En noviembre de 2021, ya con PP y Cs en la Junta de Andalucía, se suspendieron definitivamente las negociaciones con la empresa y se decidió continuar con el procedimiento civil. Este martes, 25 años después, arranca el juicio, por un vertido que sacudió la conciencia medioambiental de toda Europa.