Yudigar presenta un ere en medio de un conflicto salarial

El recorte de personal podría provocar entre 80 y 100 despidos, una recorte que la dirección de la planta de Cariñena justifica por razones productivas

El comité cree que la medida es una «represalia» contra la plantilla por haber judicializado la revisión «restrictiva» del IPC que ha hecho la compañía

J. H. P.

La compañía HMY Yudigar, dedicada al equipamiento comercial, ha comunicado al comité de empresa la presentación de un expediente de regulación de empleo (ere) de extinción por razones productivas. Así se lo anunció la dirección de la planta, ubicada en Cariñena, a los representantes de la plantilla en una reunión mantenida el pasado viernes, en la que no se concretó el número de despidos, según avanzó Heraldo y ha confirmado este diario.

Desde la parte social, que está lidera por el sindicato OSTA, estiman que el recorte de personal podría afectar a entre 80 y 100 trabajadores, lo que supondría en torno al 20% de los 500 empleados de producción. Aunque desde la empresa aseguran no tener problemas de ventas, justifican el ajuste laboral en la necesidad de mantener su «competitividad en un escenario global» ante el cambio de modelo productivo que están llevando a cabo.

Los sindicatos, sin embargo, creen que en el trasfondo del asunto subyace el conflicto que mantienen con la empresa por la aplicación de la revisión salarial conforme a la evolución del IPC (índice de precios al consumo) de los dos últimos años, en los que la inflación se disparó. El comité exige que cumpla está cláusula viene recogida en el convenio del Metal de la provincia de Zaragoza, lo que supone un incremento del 8,95% en 2022. Pero pide que se haga tomando como referencia las tablas salariales del pacto de empresa en lugar de las que marca el acuerdo sectorial.

La empresa trató de llegar a un acuerdo con los sindicatos para limitar estos incrementos retributivos al considerarlos inasumibles, sobre todo por el elevado coste que suponen en las escalas laborales más altas. Ambas partes estuvieron cerca del acuerdo en el SAMA, pero finalmente no se produjo. La dirección aplicó entonces de forma «unilateral» y «restrictiva» las subidas, según el comité, que decidió judicializar el asunto y cree que el ere es una «represalia» por ello.