Sindicatos y empresarios no prevén un deterioro del diálogo social de Aragón pese a Vox

El diálogo social ha sido un emblema de Aragón en las últimas décadas y todo apunta a que va a seguir siéndolo a pesar de la entrada de Vox en el Gobierno de Aragón en coalición con el PP. Aunque el partido de Santiago Abascal ha hecho batalla contra esta herramienta en otras comunidades donde gobierna como Castilla y León, las organizaciones empresariales y sindicales de la comunidad no prevén un deterioro en la participación institucional y en la financiación de los agentes económicos y sociales. Así esperan que ocurra por los beneficios contrastados que consideran que este modelo ha aportado a la economía, el bienestar y la prosperidad del territorio, pero también por los mensajes que llegan desde el ala popular del Ejecutivo.

Desde el Gobierno de Aragón tratan de despejar cualquier duda al respecto. «Entendemos que la mejora del mercado laboral es una labor colectiva, por lo que ya estamos hablando con todos los agentes sociales. Hemos mantenido los primeros encuentros, que serán la antesala de una colaboración muy intensa», aseguran, a preguntas de este diario, fuentes del Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, dirigido por la consejera Mar Vaquero (PP). «Nuestro objetivo es seguir haciendo de Aragón un lugar de consenso entre todos porque así lograremos los avances que necesitan los aragoneses», subrayan.

Sobre la relación con sindicatos y patronales, desde el Pignatelli garantizan que será «de confianza y colaboración mutua». «Escucharemos sus demandas y trabajaremos para poner solución a sus problemas», afirman. «Nuestro compromiso con los agentes sociales es total», añaden. «Es conocida nuestra intención de mantener el diálogo social en los cauces del entendimiento y el consenso que han caracterizado a Aragón. Se abre una nueva etapa que no pone en ningún peligro las bases que se han forjado a lo largo de las décadas en nuestra comunidad», precisan.

¿Qué significa "racionalización"?

El acuerdo para la gobernabilidad de Aragón alcanzado por PP y Vox levantó suspicacias al incluir en su articulado un punto que alude a la «racionalización de las subvenciones a los agentes sociales y las ayudas al desarrollo». Sin embargo, tanto empresarios como sindicatos interpretan que eso no tiene por qué traducirse en una reducción de las ayudas para planes de formación o empleo. Aunque Vox hace bandera de sus críticas a las subvenciones que reciben estas organizaciones, hay que recordar que los ultraderechistas no tienen competencias en la materia.

Sobre esta cuestión, desde la consejería de Mar Vaquero detallan que la «racionalización es un principio de actuación de este Gobierno» pero que el objetivo es destinar «el máximo porcentaje del presupuesto a aquello que mejore la vida de los aragoneses, evitando cualquier gasto superfluo o duplicado que no incide directamente en la mejora de su día a día».

Los sindicatos reconocen estar «expectantes» ante los pasos que va a seguir el gobierno bipartito, con el que no comparten postulados ideológicos, pero no se aventuran a pronosticar un retroceso. Al contrario, confían en que Azcón preserve este modelo de concertación, como hizo al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. «Confiamos en que apuesten por una herramienta que ha sido fundamental en los últimos 40 años», defiende Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón. Los datos, apunta, demuestran, que la comunidad «goza de mejores condiciones laborales, económicas y sociales», algo que atribuye en parte a la paz social y los consensos fraguados entre la parte sindical y empresarial. «Esperamos seguir siendo un ejemplo», agregó.

Su homólogo en UGT Aragón, Juan José Arcéiz, también mantiene la cautela. «Es pronto para valorarlo y hacer conjeturas. Hay que esperar a ver por dónde va caminar el Gobierno», sostiene, pero ve lejana la posibilidad de que pase como en Castilla y León. «El diálogo social ha funcionado históricamente bien y ha permitido mejorar la vida de los aragoneses, tanto con gobiernos del PP como del PSOE», recuerda.

Las organizaciones empresariales comparten la visión de los sindicatos sobre la importancia del diálogo social y descartan que vayan a darse pasos en falso. «Somos un ejemplo de consenso, acuerdo y concordia, es una realidad de siempre en Aragón que va a seguir», asegura Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, que destaca la «magnífica relación» y «total sintonía» que tiene su organización con Mar Vaquero, con quien ya se ha reunido el líder de la patronal, Miguel Marzo. «No va a haber ningún conflicto. Compartimos los objetivos de apoyar a las empresas e impulsar el desarrollo y el empleo de la región con colaboración público-privada», señala.

Desde Cepyme Aragón, su presidenta, María Jesús Lorente, aboga por no hacer «juicios» e «interpretaciones» a la hora de buscar analogías con lo ocurrido en otras comunidades gobernadas por Vox. «Tenemos claro que gobierne quien gobierne nosotros lo que buscamos es un nexo de interlocución común en el que se apoye y se visibilice el papel de la pymes en la sociedad aragonesa», recalca. «El diálogo social es fundamental para nuestra comunidad», añade. Lorente también se ha reunido con Vaquero, «una primera toma de contacto para sentar las bases de los próximos años de trabajo».

El papel del SAMA

Sindicatos y patronales coinciden también en la defensa del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), un organismo análgo al que Vox ha tratado de eliminar en Castilla y León. Los agentes sociales recuerdan que el de la comunidad es un modelico para toda España por resolver conflictos no solo colectivos sino también de individuales. Entre el 70% y el 75% de las disputas que aborda acaban en acuerdo antes de ir a juicio, lo que evitan un mayor colapso de la Justicia. "El coste para las empress y para los trabajadores sería mucho mayor si no existiera este servicio", destacan.

Desde 1989, el Gobierno de Aragón ha alcanzado acuerdos de forma periódica –uno en cada legislatura– con las principales organizaciones sindicales (UGT y CCOO) y empresariales (CEOE y Cepyme). Ha ocurrido con ejecutivo de distintos signo político, tanto en los liderados por los socialistas como en los populares.

El diálogo social alcanzó su cénit en la reciente etapa de Javier Lambán (PSOE) que elevó a rango de ley este sistema de negociación y participación, lo que perpetua la implicación y colaboración de las principales organizaciones empresariales y sindicales en asuntos relacionados con el fomento de la actividad empresarial, la formación o la creación de empleo, así como en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de la comunidad autónoma.