SUCESOS EN ARAGÓN

Juicio por agresión a dos policías en Zaragoza: "Es una de las veces que peor lo he pasado"

Dos agentes fueron agredidos al identificar a unos jóvenes que estaban de fiesta en un piso en la era covid

Los acusados se enfrentan a tres años de cárcel y al pago de una multa de 1.080 euros

Celebra una fiesta quebrantando una orden de alejamiento y agrede a los policías al ser pillado

Carlos Eduardo B. S. y Héctor Fabián C. N., ayer, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. | EL PERIÓDICO

Carlos Eduardo B. S. y Héctor Fabián C. N., ayer, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. | EL PERIÓDICO / el periódico

El Periódico de Aragón

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Las fiestas en pisos particulares durante la era covid se convirtieron en una práctica habitual para sortear las limitaciones de horarios en las salas de fiesta. Algunas veces eran los propios vecinos quienes alertaban de ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como sucedió la madrugada del 25 de abril de 2021 en un bloque de pisos de la calle Jaca en el zaragozano barrio de Delicias. Hasta allí fue comisionada una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, cuyos efectivos fueron recibidos con puñetazos y patadas por parte de dos individuos que estaban de fiesta en esa casa. «Llevo 18 años en el Cuerpo y es de las veces que peor lo he pasado», declaró ayer uno de los agentes. «Su estado era muy violento», añadió su compañero.

Ayer, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó a Carlos Eduardo B. S. (Ecuador, 1999) y Héctor Fabián C. N. (Ecuador, 1991) como presuntos autores de un primer delito de atentado y un segundo de lesiones. Los policías nacionales explicaron al tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo, que una vez se personaron en la puerta del domicilio solicitaron la identificación a los allí presentes. «Solo queríamos identificarles y que bajaran la música. Se negaron en todo momento y uno nos dio datos falsos», afirmaron.

Según ellos, fueron necesarios «numerosos intentos» hasta que les facilitaron sus datos reales de filiación, momento en el que los agentes comprobaron que sobre uno de ellos constaba una orden de alejamiento con respecto a esa casa y la propietaria de la vivienda, que en ese momento se encontraba en el interior de la casa. «Al pasar la documentación por el fichero de antecedentes y ver que Héctor Fabián no podía acercarse hasta allí, le propinó un puñetazo a mi compañero y Carlos dejó todo en el suelo me dijo que me iba a reventar», recordó este efectivo.

A partir de ese momento, los dos jóvenes ecuatorianos se abalanzaron contra los agentes. Uno de ellos logró reducir rápido a Carlos Eduardo a pesar de recibir un puñetazo y ayudó a su compañero a hacer lo propio con Héctor Fabián. «Mi compañero no podía con él dada la violencia que presentaba. Le agarré de las piernas y logré engrilletarle. Siguió dándose golpes con las mamparas y con todo lo que había en el coche», relató este. «A las personas que están tan violentas es imposible reducirles entre uno solo», contestó su compañero.

A pesar de todo ello, tanto Carlos Eduardo como Héctor Fabián se mostraron ante la sala como víctimas de una agresión policial. Uno de ellos insistió en que, como consecuencia de un golpe, perdió dos dientes que todavía no ha logrado reemplazar y pretende hacerlo en el caso de que le indemnicen para ello. Sin embargo, los forenses aclararon que este individuo presentaba «una boca séptica con caries» y «una enfermedad bucodental», por lo que un «golpe mínimo» podía hacer que se cayeran las piezas dentales «con mucha facilidad». Además, este mismo perito concretó que, en el caso de que los policías le hubieran propinado un puñetazo en el rostro, «lo normal» habría sido que presentara «una pequeña herida» en el labio. No hubo rastro de ella.

La acusación particular en nombre de los sindicatos Jupol y SUP ejercida por Carlos Álvarez de Eulate y Pilar Sangorrín, respectivamente, solicita una pena de tres años de cárcel para cada uno de los encausados por un primer delito de atentado y una multa de 1.080 euros a razón de 12 euros diarios durante tres meses por un segundo delito de lesiones. Por su parte, la defensa a cargo de Cristina Candial pide que sus representados sean absueltos e incluso acusa a los agentes de un delito de lesiones por el que afrontan tres años de prisión. La vista fue suspendida en enero de este año debido a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia.