Los economistas españoles no ven "razonable" que las comunidades como Aragón tengan una fiscalidad ambiental propia

Que el cambio climático existe y afecta al corto, medio y largo plazo del planeta es una realidad. Salvo para los discursos negacionistas -de este y otros temas-, la práctica totalidad de los actores sociales y políticos coinciden en la necesidad de abordarlo desde diferentes perspectivas. Una de ellas, quizá la más problemática, es la económica. Así, la fiscalidad medioambiental ha crecido en los últimos tiempos y comienza a asentarse, sobre todo en la Unión Europea, aunque, por el momento, lo general es que los Estados hagan la guerra por su cuenta y, dentro de estos, incluso cada región cuente con normativas propias. Un caso evidente es el de Aragón, que recientemente ha aprobado, no sin trabas, el tan demandado impuesto a las renovables.

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En cualquier caso, los economistas españoles difieren de que esta sea la solución más adecuada. Una conclusión que se extrae del último informe sobre la fiscalidad ambiental en el país, elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE) a encargo del Ministerio de Reto Demográfico y Transición Ecológica (Miteco) y dado a conocer este mismo lunes en Madrid. En uno de sus epígrafes, dedicado al papel de las comunidades autónomas en la imposición ambiental, el documento señala que esta "particularidad" española "no parece muy razonable". Una coyuntura provocada, eso sí, por la "pasividad" del Estado para establecer tributos, y que hace que las comunidades de régimen común establezcan y regulen "un número creciente de impuestos propios", buena parte de ellos de carácter medioambiental según el informe.

La situación, por tanto, genera una serie de incógnitas a resolver para que la efectividad y el coste de estos tipos impositivos hallen un equilibrio. En primer lugar, los economistas inciden en que, en un Estado "descentralizado" como el español, hay que discernir qué nivel de Gobierno es el "más razonable" para crear estos tributos. En el caso del cambio climático, por sus características, debería ser un gobierno "mundial", algo improbable en la práctica, pero de lo que se extrae, siempre según el CGE, que la regulación por comunidades no goza de esa razonabilidad.

Los motivos son variados según el diagnóstico de los economistas españoles. El primero es que, según el texto, si este tipo impositivo autonómico refleja "realmente" el coste contaminante del carbono, el impacto del impuesto sería "elevado" y su efectividad para salvaguardar el medio ambiente "más que dudosa", lo que podría llevar a las empresas a "eludir el pago" fabricando desde otra comunidad donde no existiese dicho gravamen. En cambio, si sucede lo contrario, esto es, que el tipo impositivo fuese "muy bajo" -algo que los economistas recalcan que es la tónica habitual-, la mejora medioambiental es "insignificante".

Asimismo, el informe subraya que, al configurar cada comunidad el impuesto por separado, sin establecer ningún "elemento común" con el resto, los "costes indirectos de cumplimiento de los impuestos" se incrementan para las sociedades que tienen sedes en varias comunidades y necesitan conocer y cumplir la regulación de cada una de ellas. Algo que sucede de forma paralela para las administraciones públicas, que asumen un coste de gestión elevado, sobre todo en relación a la "escasa" recaudación obtenida. Por tanto, los economistas han coincidido en un diagnóstico en el documento del que se desprende que debería ser el Estado el que recaudase los impuestos verdes para, después, transferirlos a las comunidades autónomas.

Conciencia social

Por otra parte, el texto presentado por el CGE también llega a una serie de consideraciones finales que apuestan por los impuestos verdes como "herramienta adicional" contra el cambio climático, siempre y cuando estos se "reorganicen". En ese sentido, el informe valora que la finalidad de los tributos sobre los hidrocarburos han tenido hasta ahora un afán "recaudatorio", una característica que también achacan algunos sectores al impuesto a las renovables en Aragón. Hay que recordar, eso sí, que en torno al 80% de la recaudación por estos gravámenes procede de la energía.

En esa línea, consideran que los impuestos propios de las comunidades autónomas dan pie a una situación de "litigiosidad", y que estos, por tanto, deben seguir un principio de "coordinación" para ganar en efectividad. Además, los economistas consideran imprescindible tener en cuenta el contexto sociopolítico de cada momento. Por ejemplo, en la actualidad, la invasión rusa en Ucrania ha provocado el aumento del precio en el gas natural, la electricidad o el petróleo, lo que cualquier medida que incremente el precio final del producto generaría "rechazo", aunque estuviese justificada medioambientalmente.

Por todo ello, la concienciación es clave para poder abordar la fiscalidad verde. Así, el Consejo General de Economistas ofrece algunos datos que muestran la fotografía de la sociedad española. En primer lugar, según este estudio la sociedad española da una importancia "marginal" al medioambiente en relación a otros problemas sociales, generando por tanto una reacción a estas medidas cuasicíclica que, en relación al último argumento, va directamente relacionada con la situación económica.

Pero, al mismo tiempo, los españoles sí están "muy concienciados" en comparación al resto de estados de la UE, siendo de hecho el segundo país en términos absolutos que más importancia le da a la cuestión ambiental, solo superado por Eslovenia, con un 84,8%. Es por ello que, concluyen los economistas, la sociedad española, "si es coherente con sus preferencias, debería estar dispuesta a asumir impuestos de naturaleza medioambiental".