El plan de concordia de Aragón no menciona la dictadura franquista ni la guerra civil

El plan de concordia ya es una realidad. El Gobierno de Aragón aprobará en su próximo Consejo de Gobierno su principal baluarte memorialista para la legislatura. Un escrito de apenas 27 folios en el que no aparecen mencionados los términos «franquismo» o «guerra civil» y que sustenta su poder regulador en la Constitución española –concepto que repite casi en una treintena de ocasiones– y en los valores democráticos, huyendo de imposiciones y de la violencia, venga de donde venga. 

El gran proyecto que sustituye a la ley autonómica de memoria democrática defiende «una democracia plena que no está alineada ni es propiedad de una ideología política concreta», señalando siempre a la Constitución, los valores democráticos e incluso alEstatuto de Autonomía para garantizar esa libertad e igualdad. 

«Nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer su ideología o sus convicciones políticas», asevera el texto redactado por el Ejecutivo de Jorge Azcón. Ahí se abre el debate de las violencias, mencionando a «los poderes del estado o ya sea mediante el uso del terror como herramienta». En ese grupo, por lo tanto, podrían incluirse la tortura o el excesivo uso de la violencia de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado, mientras que en el segundo apartado se encuentra el terrorismo, incluyendo a grupos como ETA, los Grapo o los lobos solitarios del yihadismo. 

El Plan Estratégico para la Preservación de la Concordia, nombre completo de la estrategia memorialista, se pondrá en marcha por anualidades, con un programa de acción para cada año en el que se recogerán «las propuestas de actuación para llevar a cabo en dicha anualidad». Podrán estar esas acciones ligadas a varios objetivos y departamentos, dentro de un plan cuya ejecución, igual que su redacción, se coordinará desde la consejería de Presidencia que dirige Tomasa Hernández.

El plan invita a todos los departamentos del Ejecutivo autonómico a enviar propuestas de actuaciones, con antelación para que el Departamento de Presidencia las tenga en cuenta de cara a la actuación anual. Fuentes de la DGA no descartan que esta presentación de propuestas se abra al resto de la sociedad civil y a otras asociaciones, con la intención de que todo el mundo se sienta participe. Las mismas fuentes gubernamentales confirman que para la redacción del plan que pasará por el primer Consejo de Gobierno del mes de julio ya se ha colaborado con entidades, expertos y profesionales ajenos al propio Ejecutivo autonómico.

No estarán incluidas, ni podrán recibir apoyo institucional de promoción o económico, aquellas asociaciones que pretendan utilizar el plan de concordia con fines políticos ideológicos. Fuentes del Pignatelli confirman que eso no evita que las asociaciones memorialistas sí que puedan colaborar y formar parte de la puesta en marcha. Desde el Ejecutivo recuerdan que ya ha habido contactos con algunas de estas organizaciones, aunque la mayoría declinaron los primeros ofrecimientos relacionados con la redacción o la activación del texto. 

Azcón aparca a un lado la memoria histórica

Si bien es cierto que todavía no se conocen las actuaciones concretas, el propio texto insiste en que los principios para sacar adelante las accione son «el respeto, el diálogo sosegado, la convicencia y la concordia». En este apartado ya se refleja la intención de colaborar por parte del Ejecutivo con agentes externos, a través de «una intensa labor de coordinación», tanto entre departamentos como con colectivos.

Se establecerán grupos de trabajo, en los que se incluirán entidades públicas y privadas, para una colaboración que identifique las buenas prácticas y las ideas concretas para la acción. Todas estas actuaciones estarán sujetas a una revisión permanente con carácter anual, en el que se revisarán los objetivos estratégicos para actualizarse o mejorarse; y dos evaluaciones de mayor tamaño, una en el ecuador (segundo trimestre de 2026) y otra al finalizar la estrategia (primer trimestre de 2028).

Tres ejes para un plan

Fue el pasado 30 de noviembre cuando la consejera de Presidencia,Tomasa Hernández, acudió al Pleno autonómico para explicar qué era el plan de concordia. Casi siete meses después, el texto se encuentra a solo unos días de aprobarse, tras guardarse en secreto en el seno delEjecutivo autonómico. 

En aquel lejano noviembre, Hernández ya exhibió el poder que la Constitución iba a tener en el plan final, además de vertebrar las actuaciones en tres ejes principales. Derechos constitucionales y valores democráticos, dignidad de las víctimas de violencia y comprensión del pasado para la mejora del respeto son las tres patas que sustentan un plan que ha marcado la agenda política, junto a la derogación de la ley de memoria, de los primeros diez meses de Jorge Azcón al frente de la comunidad. 

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El primer eje, que referencia a los valores democráticos, advierte en sus apartados de la intención de la DGA de difundir los Derechos Humanos y su aplicación efectiva, garantizar la libertad ideológica y fomentar la convivencia entre personas, neutralizando discursos discriminatorios e impulsando normativas que tiendan hacia la concordia democrática. El segundo de los apartados es el que recuerda a las víctimas, una de las principales exigencias de las asociaciones y de la oposición, que exigían que se mantuviera el trabajo en torno a ellas.El Ejecutivo anunció una subida hasta los 110.000 euros en los trabajos de exhumaciones, que se contemplan en esta segunda categoría, incluyendo la documentación, la identificación de los restos humanos o la colaboración activa en la actualización de las bases de datos de ADN. En este mismo apartado se impulsa el reconocimiento a las víctimas que han sufrido violencia «por regímenes totalitarios o dictaduras, por bandas, grupos terroristas, o individuos sometidos a ideología extrema (lobos solitarios)». No se especifica nada sobre la dictadura franquista, igualando a las víctimas del franquismo con las de otros terribles episodios ocurridos en la comunidad. 

El tercer y último de los apartados se centra en el estudio del pasado y en la difusión de los valores del propio plan. Así, el Ejecutivo impulsará desde esta vía la investigación histórica y sociológica, la sensibilización sobre la importancia de la Historia, actividades en ámbito cultural relacionada con los valores democráticos o la creación de espacios expositivos que recojan estas valoraciones. De nuevo, se hace hincapié en las fechas señaladas, girando siempre en torno a la Carta Magna nacional. 

La Constitución es la base que ha sustentado la redacción del futuro plan de concordia de Aragón. Tanto es así que el cumpleaños número 50 de la Carta Magna española es la fecha clave marcada por el texto autonómico, cuya estrategia se circunscribe entre 2023 y 2028. El 29 de diciembre de 2028, día en el que la Constitución cumpla medio siglo en vigor, es la jornada marcada en rojo por el Ejecutivo autonómico como «hito clave».

El texto autonómico reconoce como «meta» un día al que aspira a llegar con los objetivos estratégicos, actuaciones y reconocimientos del plan de concordia bien completados, con la intención de «preservar, proteger y enfatizar la concordia democrática entre aragoneses».