Reforma judicial

El reciente acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) se ha vendido desde el Gobierno como un éxito para la justicia española, como un logro para la estabilidad institucional y como un ejercicio de responsabilidad por parte de esos dos «hombres de Estado» que se supone son Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Pero, antes de seguir echando las campanas al vuelo, veamos un poco más de cerca dicho acuerdo, a fin de comprobar si son ciertas sus bondades.

Para empezar, no se trata de un acuerdo definitivo, sino de un mero pacto transicional a la espera de un reglamento definitivo que regule el órgano colegiado de los jueces. Verdad es que, al fin, se ha cambiado a los actuales miembros del Consejo, sustituyéndolos por otros veinte vocales, elegidos –diez y diez—, por socialistas y populares; pero no por ello la reforma del CGPJ está concluida.

A partir de ahora, estos veinte nuevos vocales elegidos a dedo por el Gobierno y por la oposición deberán elaborar la futura normativa interna de elección de vocalías. Es decir, tendrán que «elegir cómo elegir» (las comillas son mías) a los altos cargos de la judicatura. Debiendo ser aprobada dicha fórmula por tres quintos del Consejo General, lo que no será nada sencillo, para acto continuo, a fin de materializarla en ley, ratificarse en Senado y Congreso. Hasta entonces (en el mejor caso, dentro de varios meses) no se podrá hablar propiamente de una reforma.

Pero, ¿qué pasará si el nuevo CGPJ es incapaz de sacar adelante esa reforma en su seno, por no alcanzar un consenso de 3/5 de sus miembros? ¿Y si lo que pactan no es del gusto de los partidos, apoyarán entonces el ministro Bolaños y el conservador González Pons esa «reforma de la reforma» (las comillas son mías) o se pondrán de acuerdo para tumbarla en las Cámaras?

Interrogado por esta última posibilidad, Patxi López negó que el acuerdo PSOE-PP fuera a suponer que «los jueces elijan a los jueces» (las comillas son suyas).

¿Y por qué no? ¿Acaso los jueces son incompetentes, inmaduros, incapaces de gobernarse? ¿O acaso prefieren don Pedro y don Alberto, don Bolaños, don Patxi y don Pons seguir tutelándolos como «jueces de la ley»? (las comillas son mías).

Una ñapa.