Vox condiciona el futuro del Gobierno de Aragón al reparto de los menores migrantes

Los tambores de guerra han vuelto al tablero político que se juega todas las semanas en el Pignatelli, sede del Ejecutivo liderado por PP y Vox desde hace menos de un año. Esta vez, es la respuesta ante la crisis migratoria que asola las Islas Canarias, con hasta 6.000 menores en situación crítica, la que pone en riesgo la estabilidad del Gobierno de un Jorge Azcón que, lejos de rehuir el tema, asegura que desde la DGA se va a cumplir con la «legalidad». Y no solo eso, sino que resalta su férrea defensa de la «solidaridad». Con todo, Azcón no quiere adelantar acontecimientos, y espera a la celebración de un consejo sectorial y a la posterior votación en el Congreso de los Diputados para pronunciarse definitivamente sobre el hipotético reparto por comunidades de esos 6.000 menores.

Es aquí donde su principal aliado, Vox, ha levantado la mano y ha querido recordar los pactos de gobierno alcanzados con los populares. Sin ir más lejos, el vicepresidente de Aragón, lanzó ayer un claro mensaje tras escuchar las declaraciones de Jorge Azcón: «Aragón debe rechazar la llegada de inmigración ilegal que favorezca el efecto llamada. Nos gustaría recordar que, en la comisión de seguimiento del pacto del pasado febrero, acordamos que no íbamos a ofrecernos a la llegada de inmigración ilegal». 

Abascal sitúa el reparto de migrantes fuera de sus pactos con el PP y avisa que "cumplirá con sus votantes"

Un aviso a navegantes que ha sido público, aunque el cabreo en las filas de la ultraderecha era mucho más pronunciado de lo expresado por su principal representante en la comunidad aragonesa. De hecho, en Vox Aragón entienden que las palabras de Santiago Abascal no son un simple órdago y van muy en serio. Cierto es que llegar al extremo de romper los gobiernos autonómicos, como el de Aragón, llegaría tras una larga reflexión que incluso desde dentro reconocen que no podría producirse en caliente, pero que en absoluto está descartada si los acontecimientos siguen por este camino.

Y es que, este viernes, ha sido el propio portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha asegurado en una entrevista en la 'SER' que su partido apoyará en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería con el «concurso» de todas las comunidades autónomas. «Si no lo hacemos bien, tendremos problemas y crecerá el populismo y el enfado de los ciudadanos», ha añadido Sémper, que ha dado a entender que no le preocupaban las amenazas que llegan desde Vox.

Feijóo garantiza solidaridad de sus CCAA con menores migrantes tras la amenaza de Abascal pero exige liderazgo a Sánchez

En cualquier caso, la partida de ajedrez no se está jugando en territorio aragonés. El tablero está en Madrid, donde Feijóo y Abascal mueven las piezas en un momento de tensión máxima entre ambos tras la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde la capital, Abascal ha reforzado este viernes la amenaza a los populares, avisando de que Vox «cumplirá con sus votantes». Lo ha hecho después de reunirse con la cúpula del partido, de la que Nolasco forma parte aunque, eso sí, ayer no pudo estar presente debido a sus compromisos en el palacio de La Aljafería.

La variable catalana

Pero la de Vox no es la única variable en todo este asunto. Buena muestra de ello son las recientes peticiones de Junts, formación que anunció que apoyaría el reparto de los migrantes siempre y cuando se excluyese a Cataluña. Una postura que no ha gustado nada ni en Moncloa, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtiendo que no era una postura «aceptable», ni en el propio Pignatelli.

Tanto es así que esta ha sido una de las líneas rojas que Azcón ha marcado en sus declaraciones a la hora de posicionarse sobre la cuestión migratoria. «Me preocupa extraordinariamente que esa ley de inmigración no se vaya a aplicar en Cataluña o el País Vasco, porque lo que están pidiendo los socios de Sánchez es más desigualdades», ha señalado Azcón. E incluso ha ido más allá, al asegurar que, de ser así, el Gobierno de Aragón estaría «radicalmente en contra».

El presidente no ha querido valorar la posición de Vox, sobre la que, ha dicho, «es evidente que tendrán que hablar ellos» –Nolasco lo ha hecho horas después–. Y pese a las notorias diferencias y a las continuas amenazas del líder de la extrema derecha nacional, Santiago Abascal, Jorge Azcón no se ha planteado responder sobre una posible ruptura del acuerdo de gobierno. «Soy partidario de preocuparme por las cosas que ocurren, no por la política ficción», ha concluido.

Esta misma tarde, la ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, se ha referido también a la polémica del Gobierno aragonés en su visita a Zuera, desde donde ha recordado que «estamos hablando de niños y niñas menores de edad». «Al PP le corresponde elegir si prefieren trabajar por una solución o prefiere agarrarse del brazo del odio y la xenofobia», ha continuado, para sentenciar: «Le pediría al PP que trabajen por una solución que contemple los derechos humanos y la solidaridad».

Los grupos, expectantes

Mientras, el resto de grupos de las Cortes de Aragón aguardan expectantes ante el devenir de los acontecimientos. Desde el PSOE mostraban este mismo viernes su «preocupación» por el «silencio del Gobierno de Aragón y de la consejera competente (Carmen Susín)» ante lo que, decían, es el «último órdago insolidario de su socio de ultraderecha». «Susín ya ha claudicado ante otras peticiones de este tipo, como el recorte en cooperación», rememoraban los socialistas.

También se ha pronunciado al respecto la tercera pata del Ejecutivo aragonés, el PAR, quienes, en la línea de lo expresado por Azcón, aseveraban que Aragón «siempre se ha caracterizado por ser tierra de acogida y por su solidaridad», e instaban a «seguir apoyando a las comunidades que reciben un mayor número de menores no acompañados». Desde Teruel Existe también consideran que esta cuestión, que la definieron «de humanidad», debe resolverse «en una conferencia sectorial», primando la «solidaridad compartida». 

Más lejos va CHA, que afirma contundente que Azcón, «por coherencia», «no debería tener en su gobierno a Vox ni un segundo más». Por último, desde Izquierda Unida insisten en que «el presidente debe aclarar su posición, ya que nos tiene acostumbrados a permitir que Vox marque el paso en materia de derechos humanos».

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