Golpe a las ayudas a la concertada

Una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza acaba de anular el acuerdo del Consejo de Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de la capital aragonesa, adoptado en mayo de 2021, que otorgaba ayudas para actividades extraescolares a los alumnos en situación de exclusión, vulnerabilidad económica o riesgo social de los centros concertados. En el fallo, que da respuesta al recurso presentado por el PSOE, Podemos, ZeC, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y los sindicatos CCOO y CGT, la jueza argumenta que la decisión tomada por el consistorio no respeta el principio de igualdad porque ante situaciones similares «se margina al alumnado de los centros públicos que no pueden disfrutar de esos fondos destinados a sufragar necesidades que precisan ser atendidas con parámetros equivalentes a los que se conceden a los escolares de los colegios concertados».

Han pasado más de tres años desde que el Gobierno municipal, liderado entonces por Jorge Azcón, pusiera en marcha esta polémica medida. En ese periodo, las familias susceptibles de ingresar estas ayudas han recibido 2,3 millones (a razón de unos 500.000 euros por año, salvo en 2023 que se elevaron a 800.000 euros). La medida autorizaba la concesión de entre 150 y 600 euros por alumno y curso escolar.

La pugna entre la educación pública y la concertada siempre ha sido motivo de disputa entre los partidos, las organizaciones sociales y los colectivos de Aragón. Fue en 2017, con el Gobierno de PSOE y Podemos, cuando más de 30.000 personas salieron a la calle en protesta por lo que consideraban un ataque a la concertada ante la amenaza de cierre de aulas. Hubo más en los años sucesivos, entre otras por la ley Celaá. Sea como fuere, la convivencia entre la escuela pública y la concertada es una realidad asentada en el sistema educativo aragonés. El modelo ha funcionado hasta ahora, pero forzar desequilibrios a favor de la concertada en detrimento de la pública puede provocar desigualdades no deseadas y perjudiciales para algunas familias que tiene el mismo derecho a contar con esas subvenciones y una educación digna.

Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo gobierno PP-Vox al llegar al Pignatelli fue ampliar el crédito para la educación concertada en casi 112 millones para los años 2023, 2024 y 2025, una cantidad que se sumó a los 336 que ya estaban presupuestados, lo que arrojó un incremento del 33% sobre lo inicialmente previsto hasta totalizar 448 millones. Bien es cierto, que todo sistema ha de ser dotado suficientemente para atender a los alumnos y que parte de esos fondos iban destinados a ello.

Pero la sentencia relativa a las ayudas para extraescolares en la escuela concertada va en otra dirección, ya que genera desigualdades entre familias, supone una forma indirecta de financiar a estos centros y, por tanto, favorece su expansión, lo que debilita el sistema público, eje vertebral de la educación en este país en las últimas décadas. Pero, por encima de todo, no ha de haber distinciones entre alumnos ni familias. Las ayudas deben ser para todos.

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