La deuda y la letra pequeña

En la disyuntiva de pacto de investidura o nuevas elecciones, Pedro Sánchez ha apostado desde las elecciones del 23J por mantener y ampliar (forzado por los resultados) sus alianzas parlamentarias para ser reelegido presidente por el Congreso de los Diputados. Se trata de una opción legítima, acorde con nuestro sistema parlamentario, que debe ser valorada por el contenido de los acuerdos y que, en el caso concreto de las minorías parlamentarias catalanas (ERC y JxCat), exige no confundir un pacto táctico de investidura con un «acuerdo histórico» entre Cataluña y el resto de España para el que faltarían otros muchos participantes. Es la letra pequeña de los acuerdos, y no los grandes relatos, la que debe ser analizada para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.

Este es el caso, de entrada, del acuerdo de investidura suscrito el jueves entre el PSOE y ERC. Hoy nos detendremos a analizar su anexo segundo, de 5 páginas, de un total de 14, sobre «una mejora significativa de los recursos públicos destinados a la ciudadanía de Cataluña». El acuerdo parte de un diagnóstico compartido: Cataluña, uno de los principales motores económicos de España, ha sufrido una infraejecución de inversiones y algunos aspectos del sistema de financiación, unidos a la carga de la deuda, afectan a su autonomía financiera y a su capacidad para lograr financiación en los mercados.

El pacto, desde esta lógica, no supone un cambio del sistema de financiación, que se deja para una negociación posterior, con dos previsiones estatutarias como antecedente: el principio de ordinalidad –el Estado debe garantizar que los mecanismos de nivelación no alteren la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita autonómicas– y la disposición adicional sobre inversión en infraestructuras. Entre tanto, con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y de facilitar su vuelta a los mercados de deuda, el acuerdo establece «la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico».

La letra del acuerdo, en contra de lo que asumían las primeras críticas desde el PP, luego matizadas, prevé su aplicación en todas las autonomías de régimen común (también en Aragón), es decir, excepto el País Vasco y Navarra. No es una reforma del sistema de financiación, que requeriría de un acuerdo de Estado que en las actuales circunstancias se antoja inverosímil, pero beneficiaría también a comunidades muy endeudadas como la valenciana y la andaluza, a diferencia de la madrileña, que lo considera «una miseria». La quita se determinará en función de qué parte del incremento de la deuda obedece al impacto del ciclo económico. Una parte de ese aumento, como constata el acuerdo, fue consecuencia del impacto de la crisis de 2009-2013 en las finanzas autonómicas y de la insuficiente respuesta europea y del Estado a diferencia de lo sucedido estos dos últimos años.

La cuestión es qué criterios se siguen para la condonación de la deuda en el resto de comunidades. Aragón fue una de las que más tarde accedió al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que implantó en 2012 el Gobierno central del PP para ayudar a las autonomías a superar la anterior crisis económica. De cumplirse la proporción del 20%, la DGA optaría a 1.000 millones de condonación. Pero por ahora son solo suposiciones, por lo que habrá que leer la letra pequeña del criterio a seguir cuando esta se conozca.

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