Cuidados como en casa

La pandemia de la covid 19 puso en el punto de mira las deficiencias de los macrocentros residenciales para personas dependientes, el modelo de cuidados mayoritario en España. En general, estas instituciones cubren las necesidades asistenciales de sus residentes. Sin embargo, la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad exige ir más allá de los cuidados básicos, y establece el derecho de estas personas a vivir de forma autónoma, pudiendo participar en el día a día de sus barrios y pueblos.

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó la estrategia estatal Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización. Dotada con más de 1.300 millones de euros, la mayoría destinados a las comunidades autónomas, su objetivo es fomentar los cuidados a domicilio y en entornos comunitarios para personas mayores y con discapacidad dependientes, personas sin hogar y menores migrantes. Para ello, se reforzarán la asistencia a domicilio, la teleasistencia o los centros de día.

«Vamos a transitar hacia un nuevo ecosistema de apoyos que dé respuesta, en el entorno cercano, a las necesidades y preferencias de las personas que necesitan cuidados», afirma Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, «que posibilite el cumplimiento de sus deseos y promueva su participación social e inclusión en la comunidad».

Parte de los 1.300 millones iniciales se destinará a financiar los proyectos piloto que se han puesto en marcha por toda España, en el marco de esta estrategia, «y que están siendo claves para tener conocimiento que permita consolidar este nuevo modelo y para demostrar que funciona», sostiene Bustinduy. Estas pruebas comenzaron en 2022, con fondos europeos Next Generation, y cinco las han ejecutado entidades aragonesas del tercer sector.

Una de ellas es el proyecto Rumbo, que busca facilitar la vida independiente de las personas con discapacidad física y orgánica, en el caso de Cocemfe Aragón, o con parálisis cerebral, en el de la Federación Aragonesa de Aspace. Cocemfe habilitó dos viviendas de transición en Zaragoza para cuatro personas con discapacidad física, como paso previo a la vida autónoma, con el objetivo de evitar o revertir su institucionalización.

Por su parte, Aspace «desarrolló cuatro claves durante la fase de pilotaje: la investigación del nuevo modelo de vida independiente, formación en asistencia personal, dotación de material tecnológico a los centros y desarrollo de programas de ocio personalizados», explica Laura Pilar Villafranca, coordinadora de Rumbo en la federación aragonesa.

Dicha fase ya ha concluido y el proyecto se encuentra en la de escalada. En julio comenzará la fase de transferencia, en la que se realizará un análisis final del modelo de trabajo probado para trasladarlo a un plan que garantice la continuidad de las acciones.

Plena inclusión Aragón ha sido la asociación encargada de experimentar este nuevo modelo de servicios sociales residenciales para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través del proyecto Mi casa: una vida en comunidad. Todavía está siendo ejecutado por cuatro de sus entidades miembro: Atadi, en Andorra y Teruel; Valentia, en Barbastro y Monzón; y la Fundación Cedes y Kairós, en Zaragoza capital.

En total, 26 ciudadanos están participando en esta experiencia piloto hasta final de año. Siguen recibiendo los apoyos que necesitan, pero no en residencias, sino en pisos ordinarios, integrados en la comunidad, y cuentan con el respaldo de nuevas figuras profesionales, como los conectores comunitarios, que son su nexo con el vecindario y los recursos del barrio.

La nueva estrategia estatal de cuidados y apoyos dirigidos a personas con discapacidad intelectual o mental también se ha nutrido de la experiencia del proyecto Biocuidados, adjudicado a la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder). La Asociación Guayente lo ejecuta en el Valle de Benasque con 24 personas, «seis de ellas en riesgo de institucionalización y 18 institucionalizadas en residencia o centro ocupacional. Hemos transitado desde un modelo centrado en el servicio y segregado a un otro de cuidados prestados por la comunidad, centrados en la persona, en entornos rurales», señala Pilar Orna, su coordinadora.

Además, el Centro de Desarrollo Rural Grío ejecuta el proyecto Biocuidados en la localidad zaragozana de Codos, pero enfocado a jóvenes en situación de dificultad y ancianos. «Atendemos a 40 personas, 15 menores institucionalizados en el Centro de Menores Río Grío y 25 mayores de la Residencia La Lonja», indica la responsable, Susana Pérez. «Intentamos cumplir sus planes de vida y alcanzar una salida de la institución, o bien un retraso de entrada en la misma».

Por otro lado, Cruz Roja desarrolla el proyecto CRECE: Impulsando las capacidades, competencias y el empoderamiento de las personas para la prevención de la institucionalización y desinstitucionalización. Según explica Lorena Zamora, su coordinadora en la provincia de Huesca, «el objetivo es eliminar o reducir la soledad no deseada de los participantes», 331 en total entre personas mayores, sin hogar, con enfermedad mental y mujeres en dificultad social. «Para ello, se realizan actividades grupales y comunitarias con el fin de que conozcan los recursos de la zona y amplíen sus redes sociales», agrega.

Finalmente, el Centro Social San Antonio, perteneciente al Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad (Sercade), ha dado apoyo en Zaragoza a 17 jóvenes sin hogar, «de los cuales, doce han logrado autonomía personal e inclusión sociolaboral positiva», apunta Jessy Clemente, coordinadora regional. «El modelo se basa en la vivienda, pero, además incorpora un catálogo de apoyos específicos ideados según cada perfil», añade. Ahora, con el apoyo del Gobierno de Aragón, continúa el trabajo a través de diez plazas basadas en este proyecto, «que puede ser clave para superar esa situación de sinhogarismo juvenil».