El fraude masivo en gasolineras se dispara y llega a una cuarta parte de las ventas de carburantes

El sector de las gasolineras y de las petroleras se alzan en pie de guerra por el fraude milmillonario de empresas piratas en la venta de combustibles, que no deja de crecer de manera disparada y que están expulsando a muchas empresas que no pueden competir por los precios artificialmente bajos de los carburantes gracias a las prácticas fraudulentas.

Patronales de petroleras y estaciones de servicio se unen para pedir medidas urgentes para frenar el aumento desorbitado del fraude en el pago del IVA y de otros cargos vinculados a su actividad. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP, que agrupa a las grandes petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Gunvor) y organizaciones de gasolineras independientes (Aevecar, UPI y CEEES) lanzan un SOS por un sector que se ve desbordado por la competencia desleal.

Las asociaciones empresariales se quejan de la sensación de impunidad rampante en el sector y que los defraudadores se benefician de la imagen de ser los que venden los carburantes más baratos, ganándose precisamente por ello la fidelidad de muchos conductores, según han advertido en una jornada sectorial celebrada este jueves en la sede central de la patronal CEOE en Madrid. “El fraude fomenta una competencia desleal, que va en contra del propio desarrollo empresarial, y dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, lo que va en contra de la voluntad de las empresas del sector”, subrayó Antonio Garamendi, presidente de CEOE, en la inauguración de la jornada.

Las patronales denuncian que en 2022 el fraude sólo en el pago de IVA en el sector de las gasolineras alcanzó los 700 millones de euros y que el año pasado escaló por encima de los 1.000 millones. Y advierten que en los primeros meses de este año el fraude se ha desbocado por la situación de interinidad generada por una reforma legal impulsada por el Gobierno precisamente para frenar el fraude, pero que ha hecho que las prácticas fraudulentas se hayan extendido masivamente hasta entre un 25 y un 30% de todos los operadores del mercado.

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Varios miles de las 12.000 gasolineras operativas en el mercado español estarían ofreciendo precios de los combustibles por debajo de los costes mínimos generales, lo que implica la venta a pérdidas. Los fraudes son variados y se extienden a todas las obligaciones financieras que se aplica a las compañías del sector: desde los impagos por parte de muchas empresas del IVA o de los impuestos especiales hasta el escaqueo en los abonos de las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

Entre las medidas propuestas por las patronales figura el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los propios depósitos en los que se almacena y así reducir las opciones de los defraudadores, así como las liquidaciones mensuales del IVA o un mayor control y expulsión rápida del registro de operadores a los que cometen estos tipos de fraude.

La reforma del Gobierno

El Gobierno lanzó una reforma de la Ley de Hidrocarburos para poner coto a la proliferación de estos fraudes millonarios. Una reforma que el Ejecutivo incluyó en el decreto ómnibus de medidas económicas de fin de año, pero cuyas medidas no entraron en vigor hasta el 28 de marzo. Una moratoria de tres meses que, según el sector de las gasolineras, ha hecho que se disparara exponencialmente las prácticas fraudulentas antes de que se aplicaran los cambios legales. Un fraude que, según advierten, tampoco se ha frenado después de la entrada en vigor de la nueva regulación.

La reforma legal aprobada por el Gobierno, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no paguen estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar expediente, por ejemplo inhabilitándoles de manera temporal.

El Gobierno pone el foco en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, al entender que es en este campo en el que es más fácil cometer irregularidades. Por un lado, a partir de ahora se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas. La ley de hidrocarburos permitía en su redacción actual que los distribuidores al por menor pudieran suministrar a otros distribuidores.

Cuando en 2015 se introdujo esta medida, se consideró que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. “Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario”, se argumenta desde el Gobierno.