Frenazo de las centrales de gas mientras el Gobierno pelea para darles ayudas millonarias

La avalancha de renovables está provocando una sacudida en el mix de producción de electricidad en España. En lo que va de año la generación eléctrica de la eólica, la fotovoltaica y la hidráulica se ha disparado y ha desplazado a las centrales nucleares (que están reduciendo potencia o incluso parando por el hundimiento de los precios de la electricidad) y especialmente de las centrales de gas (que han hundido su producción tras haber sido líderes en generación durante lo peor de la crisis energética).

Los ciclos combinados, que queman gas natural para producir electricidad, han recortado su peso en la matriz de generación y son hasta mayo la quinta fuente de generación eléctrica del país (tras los parques eólicos, las nucleares, las hidroeléctricas y plantas solares), concentrando apenas un 10% de toda la producción eléctrica del país. Durante 2022, en plena crisis energética tras el arranque de la invasión rusa sobre Ucrania, las centrales de gas fueron líderes en producción con casi una cuarta parte de toda la electricidad (24,7%), y el peso de los ciclos durante la última década se sitúa por encima del 15%. Este mes de mayo el peso de las centrales de gas ha caído por debajo del 9% y su producción ha seguido descendiendo hasta situarse en mínimos de los últimos tres años, según los registros de Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico.

Las eléctricas que operan estas plantas se reivindican como garantes de la seguridad de suministro en el mercado español frente a la producción intermitente de las instalaciones de energías renovables, dependientes de que haya viento, sol o agua. Las centrales de gas no funcionan siempre, sólo cuando el resto de tecnologías no son suficientes para cubrir toda la demanda de electricidad. Pero siempre han de estar disponibles para enchufarse de ser necesario, dado que es una tecnología que puede producir prácticamente a voluntad y con rapidez.

“Los ciclos combinados son una garantía para la seguridad de suministro en el sistema eléctrico español, garantizan que no haya ningún tipo de apagón”, subrayaba la semana pasada el presidente de la patronal gasista Sedigás, Joan Batalla, en un encuentro con medios de comunicación. “El año pasado las centrales fueron la tercera tecnología de producción eléctrica, y concentraron más de un 17% del total de generación, pero su aportación fundamental es cualitativa. Su flexibilidad les da un carácter estratégico”.

La larga negociación con Bruselas

El Gobierno negocia con la Comisión Europea para conseguir el visto bueno comunitario para lanzar un sistema de retribuciones millonarias para las compañías energéticas que puedan garantizar la seguridad de suministro en todo momento, especialmente las que tienen centrales de gas y las que instalen grandes baterías para almacenar electricidad y poder usarla cuando sea necesaria. Unas ayudas que desde el sector gasista se calcula que deberían situarse entre los 400 y los 500 millones de euros al año para garantizar la viabilidad de las plantas y no operar con pérdidas.

El proceso para activar los denominados “mercados de capacidad” dura ya más de tres años y no tiene plazos concretos para cerrarse y conseguir la autorización de la Comisión Europea, que ahora, además, será renovada tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio, lo que previsiblemente ralentizará más el procedimiento.

Sedigás reclama la materialización de "forma rápida" de la normativa que permita el despliegue de de estos mecanismos de retribución para los ciclos combinados, subrayando que se trata de una medida "urgente y necesaria" para garantizar la viabilidad económica de las plantas y evitar su cierre. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta verde del Gobierno hasta 2030, contempla que todas las centrales de gas ahora activas en España (con una potencia conjunta de más de 26.000 megavatios) lo sigan estando a final de la década al considerarlas necesarias, pero desde el sector gasista se ve imprescindible activar ya un sistema de pagos a las plantas para cubrir costes cuando vayan teniendo cada vez menos hueco en el mix de producción eléctrica por el despliegue masivo de nuevas renovables.

La semana pasada, la propia Comisión Europea lanzó la promesa de aprobar una vía exprés para dar su autorización que los estados miembros de la UE puedan dar ayudas a las eléctricas por garantizar el suministro cuando las tecnologías renovables no sean suficientes para abastecer la demanda. Frente a los varios años que ahora dura el proceso para autorizar a estos mecanismos, Bruselas pretende reducirlos a un máximo de dos meses. Pero esta fórmula acelerada de aprobación no está aún vigente, no es más que un proyecto incipiente, y no está claro cuándo podrá activarse.

Pagar por dar seguridad

A la espera de esa incierta vía exprés ahora prometida por la Comisión Europea saliente, el Gobierno español seguirá negociando con Bruselas con el procedimiento actualpara activar el sistema de retribuciones específicas a centrales de gas y almacenamiento. El Ministerio para la Transición Ecológica lleva años defendiendo la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo) o por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las baterías).

El plan pasa por pagar a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas en los momentos en que la falta de viento, sol o de agua impidan toda la producción de electricidad necesaria por parte de las plantas de energías renovables. El Gobierno español maniobra para sortear el enorme atasco que acumula la tramitación en la UE y ha puesto en marcha una fórmula alternativa para poder sacar adelante un modelo propio con el permiso de Bruselas.

El Ejecutivo español mantiene la negociación para conseguir que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea dé el visto bueno a las metodologías creadas en España para justificar las necesidad de repartir esta retribución a las compañías sin que se consideren ayudas de Estado ilegales y para establecer las fórmulas idónea para implementar el nuevo sistema de pagos. Y también con la Dirección General de Energía para demostrar que el sistema propuesto es acorde con las normas de mercado interior de la electricidad.

El intento de poner en marcha un sistema de ayudas de este tipo viene muy largo. El Gobierno español ya activó en 2021 un proceso de audiencia pública como paso previo a la creación un nuevo mercado de capacidad para retribuir a las instalaciones con capacidad de dar firmeza al sistema eléctrico. El plan del Ejecutivo pasaba por crear dos tipos de subastas (con periodos de 5 años y 1 año) para repartir las ayudas a plantas que se ofrecían a estar disponibles para producir con un precio estable de la electricidad (especialmente las centrales de gas, también en menor medida las hidroeléctricas de bombeo y más adelante las baterías). Pero aquella orden ministerial no se ha aprobado.

Hasta hace apenas unos meses todo el proceso estaba estancado porque era imprescindible un estudio previo con el análisis de cobertura de todo el sistema eléctrico europeo para realizar el posteriormente el análisis para el mercado español. Pero en los últimos años Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) -que agrupa a la CNMC española y a sus homólogos del resto de países europeo- ha parado varias propuestas de la asociación de los gestores de redes de transporte Entso-e -que integra a REE y a sus pares comunitarios- para establecer una metodología con el objetivo de poder realizar el análisis de riesgos de corte de suministro en Europa.

Ahora España trata que Bruselas valide su propio análisis de cobertura (elaborado por la española Red Eléctrica basándose en el de Entso-e pero aportando un plus de rigor en la metodología) y también el estudio de implementación del nuevo sistema, sin esperar a que haya un acuerdo entre ACER y Entso-e. El Gobierno acelera para avancer en los trabajos imprescindibles para conseguir convencer a Bruselas de que la retribución a las centrales de gas es necesaria y que no puede considerarse una ayuda de Estado ilegal.

Cuánto pagar para evitar apagones

Para poder aprobar un mecanismo de capacidad en el mercado español, el Gobierno se lanzó a cumplir requisitos previos y abrió el pasado octubre un proceso de consulta pública para establecer varios parámetros imprescindibles para demostrar a Bruselas que la retribución a las centrales de gas son necesarias para evitar riesgos para el suministro eléctrico y que el reparto de ayudas es más barato que otras opciones (desplegar nuevas plantas, prolongar la vida útil de las actuales o cortar el suministro a algunos clientes).

El Ministerio para la Transición Ecológica buscaba establecer la metodología para calcular cuánto están dispuestos a pagar los clientes en su recibo por la electricidad para evitar que haya apagones, el coste de impulsar otras tecnologías para dar firmeza al sistema y el tiempo máximo que están dispuestos a sufrir un corte de suministro los clientes en función del coste que tenga evitarlo. Los cálculos realizados por el Gobierno anticipan que el establecimiento de un mercado de capacidad resultaría más económico que otras opciones y, por ello, no deberían considerarse como ayudas de Estado ilegales.

Desde el Ministerio dirigido aún por Teresa Ribera (la vicepresidenta es cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas y opta a ser comisaria europea en el próximo Ejecutivo comunitario) se entiende que tras la crisis energética y la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico emprendida por la Unión Europea, los mecanismos de pagos por capacidad han pasado de ser considerados sólo como temporales para abrirse la puerta a que sean permanentes, con vocación de ser estructurales. Y con este cambio de escenario el Gobierno trata de buscar respaldo a su intento de sacar adelante de una vez su propio sistema de retribución a las instalaciones que pueden dar estabilidad al sistema eléctrico y permitir acelerar el despliegue de renovables y la transición energética.