El presidente del Campo de Cariñena recurre el fallo, no dimite y no está dispuesto a dejar la política

El actual presidente de la Comarca Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón, el socialista Lucio Cucalón, recurrirá ante la Audiencia Provincial de Zaragoza la sentencia que le condena a ocho meses de cárcel como autor de un delito de acoso laboral contra el secretario y la interventora de la institución comarcal.

Así lo ha manifestado este jueves Cucalón ante la llamada de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, a la que incluso el regidor aseveró que, en el caso de que el fallo fuera declarado firme y no se estimaran sus recursos, solo se apartaría del cargo público ocho meses. Sin embargo, en caso de que la sentencia sea firme, perdería su acta en el consistorio. pese a ello, no vio inconveniente en volver al cargo pasado este tiempo.

Condenado a ocho meses de cárcel el presidente de la Comarca de Cariñena por acoso laboral

La reacción de Cucalón llega un día después de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza firmara una sentencia condenatoria que también incluye el pago de 2.500 euros a cada una de las víctimas. Como el socialista carece de antecedentes penales, y la pena es inferior a los dos años de prisión, sí podría obtener la suspensión de la pena privativa de libertad, pero igualmente estaría obligado a cumplir con la inhabilitación a desempeñar un cargo público como el que ahora ocupa durante ocho meses.

«Fines meramente políticos»

Fueron unas conductas que acompañó de llamadas «casi» diarias y repetidas para que fueran a trabajar presencialmente porque, según recuerda el juez, les negaba el derecho a teletrabajar e incluso denunciaba que la comarca no estaba bien gestionada ni funcionaba correctamente. Por todo ello, el PP pidió la dimisión de Cucalón al mismo tiempo que el PSOE declinó hacer valoraciones al respecto pese a los reiterados intentos de este diario por conocer la posición del partido.

Inicialmente, la acusación particular a cargo de Francisco García Berenguer interesaba una condena de dos años de cárcel por un delito de coacciones en el ámbito laboral y de otros cuatro años de prisión por un delito de trato degradante. Y junto a él también ha sido condenada una administrativa –P. I. S.–. En su caso se considera que es autora de un delito de injurias graves por el que procede imponerle el pago de una multa de 810 euros.