Los agricultores ecológicos de Aragón que no recibirán las ayudas de la PAC rondan el medio millar

Los agricultores ecológicos aragoneses siguen entre la sorpresa y la estupefacción ante la resolución de las ayudas agroambientales del nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR), segunda línea de la PAC dependiente de la DGA, que han dejado fuera a un 35% de los solicitantes, tal y como ha adelantado este diario. Una cifra chocante, ya que en la última convocatoria habían entrado el 100% de las peticiones y, además, la dotación para los próximos cinco años (2023-2027) es superior a la de la anterior partida 2014-2020. En concreto, la asignación prevista es de 29,07 millones para este lustro, unos 5,8 millones al año, por los 25,66 millones previstos para los años anteriores, que se traducían en 3,66 millones por curso. En 2021 y 2022, en plena transición, se prorrogaron las partidas. En términos absolutos, las solicitudes del pasado año rondaban las 1.300, siendo favorables para aproximadamente 800 operadores.

El 35% de los agricultores ecológicos de Aragón se quedan sin las ayudas agroambientales de la nueva PAC

En cualquier caso, la noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector, que depende en buena medida de esta subvención para subsistir. Fuentes del Departamento de Agricultura dirigido por Ángel Samper aseguran que, pese al incremento en el presupuesto, no se han podido atender todas las solicitudes debido al "boom ecológico" que ha vivido la comunidad en los últimos años. Con todo, dicho incremento no responde tanto al número de operadores que han solicitado las ayudas, sino más bien al importante crecimiento de las hectáreas que producen en ecológico. Desde la consejería señalan que se están estudiando las posibles causas que han llevado a esta situación, y una de las principales hipótesis que manejan es que el principal incremento se ha producido en el cereal de secano, que aborda más terreno que, por ejemplo, una superficie de regadío frutícola.

De hecho, la cuantía de las agroambientales, según los datos facilitados por UAGA, también varía en función del tipo de superficie, yendo desde los 90 euros por hectárea en el mencionado cereal de secano hasta los 465 euros por hectárea en los frutales de regadío y hortalizas. Sin embargo, el sindicato agrario subraya que "ya advirtió" a la administración que el presupuesto era insuficiente, por lo que consideran que ha existido una "falta de voluntad política" para resolver las ayudas satisfactoriamente. En ese sentido, desde UAGA recuerdan que estas ayudas corresponden al año 2023, y que el plazo para tramitar la solicitud de ayudas PAC concluyó en el mes de junio, es decir, hace justo un año. Por tanto, consideran que la consejería de Agricultura, que Samper heredó en agosto, "disponía de toda la información sobre el número de solicitantes, cultivos y superficie".

Es por ello que acusan al consejero de "falta de transparencia", cuestión a la que se añade el hecho de que no se haya enviado la comunicación oficial de resolución a las personas afectadas, pues muchas de ellas se han enterado por el boca a boca en función de si habían cobrado o no. También UPA ha mostrado su malestar ante esta situación, advirtiendo de las "nefastas consecuencias" que puede suponer para operadores que dependen en buena medida de este PDR. Para más inri, los compromisos se adquieren para los próximos cinco años. Esto es, hasta 2027 los agricultores que han quedado fuera no cobraran esta subvención.

Un 98% ejecutado

Ahora, los sindicatos "exigen" una reunión con el departamento para intentar encontrar una solución, al menos, para los próximos cuatro años. Desde Agricultura admiten que se está trabajando en "diferentes alternativas", aunque indican que no tiene "fácil solución", ya que dependen de la Comisión Europea. Aún así, fuentes de la consejería de Samper "no descartan" ampliar de algún modo la partida. Otra de las soluciones propuestas por las organizaciones, especialmente desde UAGA, residía en dividir la partida actual entre todos los solicitantes, aunque tengan que cobrar menos. En cambio, desde DGA apuntan que esa opción está descartada, ya que los criterios marcados en marzo de 2023 son fijos.

Sea como fuere, lo que sí está previsto es que buena parte de los afectados, si no todos, recurran la baremación de la consejería de Samper, que ya ha ejecutado en torno a un 98% de los 5,8 millones correspondientes al 2023. Pese a ello, desde Agricultura creen que se podrá atender a algunos de los recursos, tanto con el 2% restante (unos 116.000 euros) como con otras partidas que hayan podido sobrar dentro, eso sí, del paquete de ayudas agroambientales, que además de las ecológicas recogen ayudas a la apicultura o a la ganadería extensiva, entre otra.

En el ámbito político, el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, se ha sumado a las exigencias de los sindicatos y ha anunciado el registro de varias preguntas al consejero Samper para "conocer los motivos reales, los criterios de baremación y las soluciones que propone". Asimismo, Sanz ha instado al Gobierno de Aragón a incrementar los fondos para esta línea, tanto para salvar a los afectados en los próximos años del presente período como para cumplir con los objetivos de la estrategia europea 'Del campo a la mesa', que tiene como objetivo llegar al 25% de hectáreas ecológicas respecto al total en 2030.

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