Escuela rural
Los padres de Caneto piden iniciar las negociaciones cuanto antes
Según ha podido saber este diario, a lo largo de esta semana se mantendrán varias reuniones para explorar posibles vías que permitan avanzar en una solución dentro de la legalidad
Hace tan solo seis días que el Gobierno de Aragón anunció el fin del conflicto en Caneto, que acarrea la suspensión del procedimiento judicial. Tiempo suficiente para que a las familias de los alumnos les entren las prisas y urjan a la consejería de Educación un encuentro para comenzar la negociación, ya que, entre otras cosas, desconocen si sus hijos comenzarán el próximo curso en las aulas actuales o, en cambio, lo harán en otras prefabricas.
Las prisas tienen más que ver con el periodo que se avecina, ya que en periodo vacacional todo es más complicado, por lo que los padres consideran que es el momento de iniciar, al menos, la ronda de contactos para empezar a definir los temas más básicos. Sin embargo, desde la consejería de Educación, dirigida por Claudia Pérez Forniés, explican que primero hay que aclarar una serie de temas, como la titularidad de los suelos, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En principio, el organismo de cuenta cederá los terrenos al Ayuntamiento de La Fueva.
Este es el primer paso, al que le seguiría el desistimiento por parte del consistorio del expediente de autorización de las instalaciones actuales y la apertura de un nuevo expediente de creación de un centro público. Según pudo saber este diario, a lo largo de esta semana se mantendrán varias reuniones para explorar posibles vías que permitan avanzar en una solución dentro de la legalidad. Una vez aclarada la situación jurídica se podrá avanzar con las familias.
Ambas partes alcanzaron un acuerdo por el que quedaba suspendido el procedimiento judicial iniciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para buscar una solución extraprocesal que satisfaga a ambas partes y garantice la legalidad y la seguridad de las instalaciones. Esta suspensión, por un plazo máximo de sesenta días y prorrogable hasta un máximo de dos años, sobre la que tiene que pronunciarse ahora la sala, implicaría la congelación del procedimiento ordinario en sus términos actuales.
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