El Ayuntamiento de Teruel restaurará una cruz franquista que el Gobierno central estudia retirar

El Gobierno central estudia aplicar la ley de Memoria Democrática estatal para retirar la cruz del Seminario de Teruel, un símbolo levantado en honor a los caídos del bando franquista de la guerra civil, tras conocer que el ayuntamiento de la ciudad acaba de aprobar una modificación presupuestaria por valor de 31.000 euros para restaurar el vestigio. La dirección general de Patrimonio Cultural del anterior Gobierno de Aragón, con Mari Sancho Menjón a la cabeza, solicitó en junio del año pasado la retirada del monumento en virtud de la ley de memoria estatal y también con referencia a la norma autonómica, ahora derogada por el Ejecutivo PP-Vox, pero el consistorio turolense que dirige la popular Emma Buj no acató el dictamen.

Según ha podido comprobar este diario, la partida destinada a rehabilitar el monumento proviene del remanente líquido en la tesorería del consistorio, pese a que la ley estatal permanece vigente y obliga al responsable del conjunto monumental a la retirada del vestigio del mismo modo que se procedió con otros símbolos franquistas como la cruz del valle de los Caídos. También debía proceder con la retirada en virtud de la ley de memoria autonómica, derogada en febrero como una de las primeras medidas del Ejecutivo PP-Vox y ahora motivo de disputa institucional con el Gobierno central. El ministerio de Política Territorial ha elevado la cuestión incluso al Tribunal Constitucional tan solo unas semanas después de llevar la eliminación de la norma, aprobada y desechada por las Cortes de Aragón, a las altas instancias de Europa y de las Naciones Unidas.

"Hemos conocido la noticia hoy y los servicios jurídicos de la secretaría de Estado de memoria Democrática tienen que valorar qué se puede hacer. El Gobierno de España siempre está por el cumplimiento de la ley estatal y de los compromisos internacionales como el derecho a la verdad, la memoria y la reparación", ha dicho el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en una visita a la Delegación del Gobierno en Aragón.

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La cruz en honor a los caídos del seminario de Teruel es uno de los últimos vestigios del franquismo que quedan en Aragón, en buena parte retirados o resignificados por las exigencias de cumplimiento de la ley del cuatripartito. El espacio fue inaugurado en 1953 por el dictador Francisco Franco bajo el nombre Cruz de los Caídos, que sirvió durante los años posteriores como lugar de celebración de actos honoríficos para ensalzar y exaltar al bando franquista.

"Nos enfrentamos a la sanción de hasta mil euros mensuales por no cumplir con la ley y podríamos tener problemas para acceder a subvenciones públicas, así como la vergüenza que supone que nuestro ayuntamiento se aferre a un elemento franquista que debería estar fuera de nuestras calles", ha denunciado el portavoz del PSOE en el consistorio, José Guillén. Le acompañaba la líder de los socialistas de Teruel y portavoz en las Cortes, Mayte Pérez, que ha criticado que "tenemos el PP más rancio y reaccionario de los últimos 40 años". "Es alarmante, preocupante y escalofriante que nieguen la existencia de víctimas que no han sido reparadas y que deroguen nuestra ley de memoria sin participación alguna y por la puerta de atrás", ha criticado Pérez, que pedirá a la nueva dirección general de Patrimonio Cultural que haga cumplir la ley al ayuntamiento turolense.

De hecho, el hoy vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), promovió hace dos años cuando era concejal en el consistorio la consideración de este símbolo como un Bien de Interés Cultural (BIC).