La Justicia en Aragón inicia el año "colapsada" y pendiente del Gobierno de España

Septiembre ha traído de vuelta la rutina a la política con las primeras comparecencias en el Palacio de la Aljafería, a la educación con el inicio del curso universitario o a la Justicia con la reanudación de la actividad en la Audiencia Provincial de Zaragoza y el resto de partidos judiciales. Este lunes han echado a rodar de nuevo los juzgados aragoneses, todavía renqueantes –«la Justicia está colapsada», reconocen a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN algunos de sus trabajadores– debido a la guerra de paros de funcionarios protagonizada durante el primer semestre del año.

Estos empleados públicos volvieron el lunes a sus puestos de trabajo con un buen puñado de papeles sobre la mesa –«septiembre va a ser una avalancha», aventuraron– y con la mirada puesta en la formación del nuevo Gobierno de España. De ello depende, primero, la ejecución del acuerdo ya alcanzado con los secretarios judiciales; segundo, el inicio de la negociación con los funcionarios del cuerpo general de la Administración de Justicia y, tercero, la asunción del pacto también refrendado con los representantes de la Magistratura y la Fiscalía. La consecuencia de todo este embrollo es que, por ejemplo, se celebraron un 18% menos de los jucios previstos.

Detrás de esta paralización temporal se encuentra la convocatoria de elecciones generales del pasado 23 de julio y el actual Ejecutivo nacional en funciones; una circunstancia que ha impedido haber materializado ya el acuerdo con los secretarios judiciales por medio de un incremento mensual que varía entre los 430 y los 450 euros brutos. Aunque ya fue firmado el 28 de marzo por el Gobierno de España, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, todavía falta por ejecutarse y, para ello, debe llegar al Consejo de Ministros, ser firmado y, finalmente, quedar refrendado con la respectiva publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Situación actual

Así lo explica a este diario uno de las miembros de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Carlos Artal, quien concretó que esa mejora de las condiciones laborales permanece «en stand-by». No obstante, desde el comité de huelga consideran que las elecciones del 23J no deberían haber supuesto impedimento alguno para haberse ejecutado con anterioridad y por eso ya han presentado una demanda judicial ante la Audiencia Nacional porque consideran que, aun con el Gobierno en funciones, «es una cuestión que se puede aprobar». «Debería haberse pagado ya en junio y, de esos barros, estos lodos. Nos tendrían que haber abonado esa diferencia hasta junio y ahora lo tendrán que hacer hasta octubre, noviembre o cuando sea. Es decir, tiene carácter retroactivo: se paga desde el 1 de enero de 2023», resumió Artal.

Carlos Artal: "Hay un colapso absoluto en los juzgados y día a día irá a peor"

Algunos de sus compañeros de la rama de Civil admitieron que todavía arrastran las consecuencias de sus propios paros y, además, ya están comenzando a notar los efectos derivados de la huelga de tramitadores, gestores y auxiliares. A todo ello, añadieron estos trabajadores, habría que sumar las consecuencias de la actual coyuntura económica por el «incremento exponencial» de desahucios, okupaciones y muchos procedimientos monitorios como los impagos de pequeñas deudas vinculadas a la luz, a la comunidad de propietarios o a préstamos de menor magnitud. «En el Decanato hay retenidas más de 2.000 demandas de civil y en agosto, que no se suelen meter demandas, este año ha habido 20 diarias e incluso días que han entrado 24», justificaron.

Conclusiones del CGPJ

Las sensaciones que transmiten estos secretarios judiciales también quedan constatadas por medio del boletín de información estadística Efecto de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El citado documento hace constar la evolución interanual de los juicios celebrados con respecto a los señalados y, a nivel regional, refleja un descenso del 18% en Aragón. Otros indicadores que se incluyen son, por ejemplo, los decretos firmados (-10,7%), las tasaciones de costas realizadas (-20,9%), los asuntos repartidos pendientes de aceptar (+755%), las ejecutorias resueltas (-14,3%) o los asuntos pendientes (+22,3%).

Con todos estos datos encima de la mesa, este órgano constitucional hizo una lectura en clave nacional de la huelga de secretarios judiciales, concluyendo que las competencias de los letrados de la Administración de Justicia han tenido «una disminución relevante» que ha repercutido en el funcionamiento de los órganos judiciales. «Ha sido muy significativo el descenso del número de decretos finales dictados, lo que ha incidido en el número de procedimientos y ejecuciones resueltos, haciendo que sea superior al esperado. También han sido significativos el aumento del número de asuntos turnados a los órganos judiciales pendientes de admitir telemáticamente, lo que ha incidido en el número de asuntos ingresados, y la disminución del número de juicios celebrados, lo que ha repercutido en el número de procedimientos en trámite y resueltos», exponen en este informe fechado en junio de 2023.

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Similar situación a la de los secretarios judiciales afrontan los magistrados y fiscales, quienes también alcanzaron un acuerdo con el Gobierno. «La ley establece que el acuerdo se debe elevar al Consejo de Ministros, esto no se ha producido y, mientras no haya Gobierno, no se va a producir», aseguró Juan José Carbonero, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. A la espera de la formación del nuevo Gobierno también aguardan los funcionarios del cuerpo general de la Administración de Justicia, quienes convocaron huelga en mayo y junio y la desconvocaron el pasado 5 de julio «a expensas de que hubiera un Gobierno para iniciar una negociación». Una vez que haya nuevo inquilino en Moncloa, pretenden retomar las negociaciones y, de fracasar, volverían a convocar los paros.