Los funcionarios de la Justicia y los secretarios judiciales, enzarzados: "Trabajan unos y cobran otros"

Bajan desde hace meses las aguas revueltas en la Justicia, donde este jueves se ha iniciado un nuevo combate en esta guerra de paros y protestas en el que anda inmersa desde que los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, convocaron una huelga indefinida que se prolongó desde enero hasta marzo. Hoy han sido los auxiliares judiciales, tramitadores, gestores procesales, forenses y ayudantes quienes han dado paso a la primera jornada de una huelga que se repetirá los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. En Zaragoza se ha concentrado un centenar de funcionarios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), donde los sindicatos convocantes -UGT, CCOO, CSIF y STAJ- han clamado por la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), por una mejora de sus retribuciones salariales -desde 350 hasta 430 euros mensuales- y por una clarificación de sus funciones. Esto último, según la delegada de STAJ en Aragón, Ana Sanau, debido a "la realización de funciones especificas de cuerpos que no nos corresponden". "Trabajan unos y cobran otros", ha sentenciado.

En este sentido, Sanau ha reivindicado para el cuerpo general de la Administración de Justicia "una equiparación retributiva en la proporción que se ha aumentado al cuerpo de los secretarios judiciales". "Realizamos muchas de las funciones que no pertenecen a nuestros cuerpos, sino que pertenecen a cuerpos superiores", ha añadido Sanau, enumerando algunas de ellas como, por ejemplo," averiguaciones patrimoniales, embargos, alzamientos, desahucios o tomas de declaraciones".

En un tono más agresivo se ha expresado en representación de CCOO Joaquín García. "Los secretarios judiciales mintieron como bellacos, ellos no hacen el 90% del trabajo sino que ellos firman el 90% del trabajo. Con un clic firman 100 resoluciones cada día", ha denunciado García, cuyo cuerpo funcionarial accede a estos puestos con unas oposiciones del grupo A2 mientras que los secretarios judiciales deben superar un examen del grupo A1.

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No obstante, los sindicatos insisten en que esta subida salarial de 430 euros para forenses, 400 para gestores procesales, 375 para tramitadores y 350 para auxiliares no es la única de sus preocupaciones, sino que también insisten en la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). "Nos pueden mover de nuestro lugar de trabajo y trasladarnos sin ninguna justificación. Supondría un desmantelamiento de la estructura orgánica tal y como la conocemos, es un movimiento del personal funcionario que iría en contra de la especialización. No vemos muy funcional que una persona que trabaja habitualmente en la jurisdicción civil sea trasladada a la jurisdicción penal", ha argumentado la delegada de STAJ en la comunidad, alegando que todos esos nuevos procedimientos conllevan "un aprendizaje y acomodamiento". "Esto es jugar al tetris en vez de solucionar los problemas con una verdadera inversión", ha dicho.

Al respecto, Sanau ha lamentado que la LOEO "no se haya negociado" por parte del Ministerio de Justicia, por lo que ha criticado el "ninguneo y desprecio" por parte de la cartera ministerial encabezada por Pilar Llop.

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Entre este centenar de manifestantes se ha colado Javier, "ya jubilado" como tramitador tras haber ejercido sus funciones en el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza. Este funcionario ha lamentado el «agravio comparativo con los letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales». «Somos la clase baja de la Justicia y llevamos muchos años perdiendo dinero por el IPC», ha defendido, criticando también la LOEO: «Habrá una reunificación de tareas, el expediente será más impersonal y los órganos judiciales compartirán servicios comunes». 

Según han informado los sindicatos convocantes, la primera jornada de paros ha sido un éxito al ser secundada por un 80% de los funcionarios llamados a la huelga, lo que ha provocado la suspensión de "numerosos" juicios aunque no han concretado cuántos han sido. Los servicios mínimos establecidos garantizan la causas con presos y todos aquellos relacionados con violencia de género, discapacitados y menores.