La huelga de secretarios judiciales inmoviliza 12 millones de euros en las arcas judiciales de Aragón

Los efectos que deja la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, dejan plantados en las mismas puertas de los juzgados a abogados, acusados, víctimas, testigos, policías nacionales, guardias civiles o forenses. Estas son las consecuencias que se verbalizan en forma de pataletas por las molestias ocasionadas al personarse ante los juzgados y volver a casa o al trabajo como si nada. Sin embargo, estos paros también están dejando una millonaria inmovilización de dinero en las arcas de los juzgados. Según el comité de huelga, en Aragón ya se superan los doce millones de euros inmovilizados y, a nivel nacional, la cifra se sitúa, aproximadamente, en 430.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) informó el pasado jueves de la suspensión de 679 actuaciones judiciales. No obstante, esta actualización de datos corresponde a la semana del 3 al 9 de febrero y desde el comité de huelga matizan que no se tienen en cuenta las comparecencias referentes a asuntos matrimoniales o de nacionalidades –en el caso del registro civil– o las declaraciones de investigados u ofrecimiento de acciones.

Los perjudicados no solo son los demandantes, sino que, próximamente, lo será el Estado. Según el artículo 166 de la Ley de Regulación de Jurisdicción Social, si transcurren más de 90 días hábiles desde que una empresa presenta una demanda de despido hasta que dicho demandante firma la sentencia, podrá reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador que exceden de este plazo. Esto último podría suceder con todas esas demandas que están paralizadas ahora mismo en las mesas del Juzgado de Primera Instancia número 2 y 3 de Zaragoza, donde se calcula que están retenidos, respectivamente, unos 300.000 y 200.000 euros.

Los números

«Solo el letrado de la Administración de Justicia puede manejar la cuenta del juzgado», argumenta Ana Isabel Tena, secretaria judicial en el Juzgado de Primera Instancia número 2, respecto a esta millonaria inmovilización de dinero en los juzgados. Ella calcula que en su juzgado ya acumulan, aproximadamente, «unos 100.000 euros semanales». Allí se están dejando de ejecutar sentencias en las que perfectamente se pueden resolver deudas de 10.000 euros.

En civil, los letrados asumen "muchos monitorios", es decir, cuando "el acreedor viene con un indicio de que existe un deuda y se requiere de pago a la otra parte"

Sobre la mesa de Raquel Gregorio, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, ya se acumulan «ciento y pico demandas sin empezar a tramitar». En la rama de civil, Gregorio detalla que asumen «muchos monitorios», es decir, cuando «el acreedor viene con un indicio de que existe un deuda y se requiere de pago a la otra parte». A efectos prácticos, esto se traduce en «cualquier pequeño autónomo que tenga una factura y no le han pagado».

Es entonces cuando los secretarios judiciales notifican esa demanda al deudor y pueden existir tres respuestas a sus requerimientos: «pago y me olvido; negarse, por lo que señalamos para juicio, y no decir nada, por lo que elaboramos un decreto que tiene carácter ejecutorio». Lo mismo sucede con los desahucios, es decir, «las demandas por no pagar una renta». Estos procedimientos también han quedado paralizados con motivo de la huelga y, por eso, se han dejado de abonar esas resoluciones de demandas en lo relativo a facturas de la luz, del teléfono e incluso de la cerveza. «En Instancia hay muchísimo dinero», sentencia Gregorio.

Por su parte, en el caso de la jurisdicción penal, las multas que incluyen las sentencias condenatorias también han dejado de llegar a las arcas del Estado y permanecen en las de los juzgados.