El jefe de la Policía en Aragón ve "ilegal" la actuación de dos mandos acusados por robo

Jornada dura para los dos mandos policiales (ahora jubilados tras ser suspendidos de empleo y sueldo) que se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza por la desaparición de 377 botellas de bebidas alcohólicas y 319 perfumes, cosméticos y complementos procedentes de dos alijos que se custodiaban en la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Los encausados pudieron escuchar de boca de los que en su día fueron sus compañeros que su forma de asegurar todo el material fue «dudosa». Quien dio un paso más fue el jefe superior de la Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández, que calificó todo de ilegal.

Era el interrogatorio más esperado, pues ni es habitual que dos responsables policiales se sienten en el banquillo por malversación, ni que esté citado a declarar en calidad de testigo el máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía en la comunidad autónoma. Hernández reconoció ante el jurado popular que «confiaba al 100%» en el inspector jefe responsable de la Brigada Móvil, de la Unidad Canina y de Subsuelo de la Policía Nacional, Enrique G. B. y en uno de los jefes del Grupo de Hurtos, Rafael A. P., pero que al ver las grabaciones de las cámaras de seguridad «la perdió». «Nunca pensé que se hubieran llevado nada», incidió.

El jefe superior recordó que la limpieza de los calabozos en los que se guardaba en depósito todos los efectos como prueba de dos operaciones policiales se realizó «por necesidad ante la cercanía de las Fiestas del Pilar». «Apareció un problema de humedad en los de la comisaría Delicias y pedí acondicionarlos por si fueran necesarios. No di una orden directa a Enrique G. B, sino que pedí que se hiciera», destacó Hernández, que añadió que «no había prisa porque eso fue a principios de septiembre».

Los dos mandos policiales acusados de robar un alijo de botellas en Zaragoza hablan de complot

Visiblemente molesto, el máximo responsable policial aseguró que «el traslado a General Mayandía no debía de haberse hecho en domingo, ni por gente ajena a la Policía y mucho menos rompiendo las cajas y los precintos judiciales». Añadió que esa mudanza debía haberse realizado con la supervisión de la unidad, en este caso Hurtos, que era la responsable del decomiso. «Tal y como se hizo no me entra en la cabeza, es falso que yo lo permitiera», sentenció.

Hernández también explicó que se enteró de que se había realizado el traslado en esas circunstancias y de que podían faltar enseres tras recibir un anónimo dos días después de todo. La responsable de Asuntos Internos entró a su despacho y le mostró la carta que estaba en otros despachos y también en algunos medios de comunicación. «Pedí explicaciones al superior de Enrique G. B., pero me dijo que no había habido ninguna incidencia, si bien lo sorprendente fue que el propio acusado me dijo que faltaban botellas aunque no sé cómo podía saberlo si él no había hecho la operación policial», enfatizó. En este sentido, Hernández instó a Enrique G. B. que hiciera un inventario y «curiosamente me lo dio con una fecha anterior».

Pero el jefe superior de la Policía en Aragón también tuvo palabras críticas con respecto al otro acusado, Rafael A. P., resaltando que no tenía que haber roto la cadena de custodia para «recoger» muestras, tal y como dijo haber hecho, señalando que era «innecesario» e «improcedente». Tras ello y antes de abandonar la sala de vistas, Hernández lamentó que los ayudantes de los encausados no estén sentados en el banquillo.

Otros siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía también aseguraron que los precintos policiales «no se deberían de haber roto» e incluso el entonces comisario provincial añadió que un traslado de un importante alijo de cocaína que también se trasladó a General Mayandía se hizo «con todas las garantías porque fue un lunes, sin romper precintos y realizado por Estupefacientes y no por amigos». Los encausados afrontan hasta 6 años de prisión. El juicio continúa hoy