La nueva ley del Juego en Aragón inicia su trámite parlamentario

El Parlamento aragonés inició este jueves en la segunda sesión plenaria del nuevo curso político la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley de modificación de la Ley del Juego de la comunidad autónoma de Aragón, que data del año 2000, y que pretende «reforzar la protección de los colectivos más vulnerables» y adaptar la normativa a la situación actual del juego. Ello, sin embargo, sin poder actuar sobre el juego por internet, para lo que la comunidad autónoma no tiene competencias. Como reconocieron los socios del Gobierno de Aragón e incidió especialmente la oposición, esta ley no servirá para poner coto al mayor foco de adicción al juego que actualmente afecta a los jóvenes, pero todos los grupos acordaron la importancia de actuar en esta materia.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, presentó las novedades del texto, entre las que destacó la prohibición de abrir o ampliar instalaciones de salones de juegos y casas de apuestas a menos de 300 metros de centros educativos o espacios frecuentados por jóvenes. Además, los locales deberán tener un servicio de control y acceso de visitantes en la misma entrada del local para identificar a los clientes y constatar que no son menores ni están en listado de afectados autoprohibidos de los locales de juego.

Otra de las modificaciones que incorpora la norma está relacionada con la publicidad. Se prohíbe la entrega de bonos y juegos gratuitos y, en el caso de las máquinas tragaperras, «no podrán emitir estímulos sonoros ni visuales» cuando no estén en uso, y emitirán mensajes sobre el «juego responsable», aseguró Pérez. Y se incorpora el control remoto a las tragaperras (como en las de tabaco) para evitar que sean utilizadas por menores.

Asimismo, se introduce un cambio en el listado de personas autoprohibidas del juego, en la que ya figuran 3.500 aragoneses. «La condición de autoprohibido pasa ahora a ser indefinida, pero el interesado puede solicitar la cancelación de su presencia cuando lo considere», explicó la consejera. Por otro lado, Pérez ensalzó el diálogo previo a la presentación del texto, aunque los afectados de los salones de juego esperaban más. «Se ha incluido más del 40% de las alegaciones presentadas», resumió la consejera.

Desde el PP, José Antonio Lagüens insistió en que Aragón «no tiene competencias» en el juego online, por lo que los efectos de la ley serán «limitados». De igual manera, el diputado de Vox, David Arranz, señaló que «este proyecto de ley no va a solucionar el problema de la adicción al juego». «Es importante que la sociedad aragonesa conozca a qué afecta esta ley. Un sector económico privado y aragonés, configurado por empresas familiares, 120 salones en la comunidad y con una recaudación de 35 millones de euros anuales», añadió Lagüens.

Como el PP, desde Ciudadanos, Beatriz García remarcó que «hay que compatibilizar la protección de las personas vulnerables con el desarrollo de una actividad económica legal» y se preguntó si tras la pandemia es «el mejor momento» para hacerlo. Por el contrario, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, abogó por un mayor control. «Hay 3.600 locales con tragaperras y dudamos que la inclusión de preguntas previas sean suficientes», dijo.