El tranvía de Zaragoza se estanca y no alcanza su objetivo: más de 30 millones de viajeros al año

El 20% de los desplazamientos que se realizan en el transporte público en Zaragoza se hacen en tranvía, que el año pasado transportó a 24,3 millones de pasajeros. Son 13 millones menos de los que en su día se estimó que desplazaría el Urbos 3 en 2022. Una diferencia que tiene un coste porque el ayuntamiento cubre el 50% del precio de los billetes perdidos.

La línea 1 se diseñó y planificó para una ciudad de un millón de habitantes, contando con un volumen de pasajeros potenciales que nunca se ha logrado alcanzar, lo que ha generado un desequilibrio en los beneficios estimados en su día, cuando se aprobó el Plan Económico-Financiero. Con una población estancada en los 700.000 habitantes, este año, el Urbos 3 tendría que transportar 38,5 millones de viajeros, una cifra que no se va a alcanzar. De hecho, el objetivo del ayuntamiento se centra en volver a niveles de 2019, el año de todos los récords con 28,8 millones de viajes contabilizados (seis menos de los previstos).

Cuando se diseñaron los pliegos que rigen la concesión se incluyó una cláusula por la cual el consistorio tiene que pagar a la empresa de Los tranvías el 50% del coste de los billetes previstos y no vendidos, siempre que la diferencia entre la previsión de usos y el número real de pasajeros supere el 10%.

Previsiones incumplidos

Esto es lo que ha sucedido año tras año desde 2014 porque solo se superaron las cifras previstas durante los tres primeros años de concesión. Desde entonces, el ayuntamiento ha tenido que desembolsar a la empresa 14,8 millones como compensación por el déficit de usuarios. La mayoría, hasta 10 millones, corresponden a 2020 y 2021, los años de la pandemia. 2,8 a 2022.

«No se han cumplido las expectativas de usuarios previstas en el contrato y eso ha generado un desequilibrio muy importante en las cuentas de la sociedad y en las municipales», explica la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, que admite que va a ser todo «un reto» encontrar las fórmulas para que «ese déficit no condicione en exceso las cuentas de la ciudad y derive en una carga económica que condicione el resto de servicios públicos».

Cuando se puso en marcha la totalidad de la línea 1, tal día como hoy hace una década, se calculó que cada año se realizarían más de 30 millones de viajes en el Urbos 3. Nada más lejos de la realidad. «Es verdad que hay un desajuste, sobre todo sobre el papel. Las proyecciones que hicimos en aquellos momentos no contaban con las situaciones que se han vivido después, como las crisis económicas y sanitarias. No se podía prever el futuro», admite Carmen Dueso, concejala de Servicios Públicos con el PSOE y una de las artífices y ejecutoras del tranvía de Zaragoza.  

Escenario cambiante

Dueso recalca que «cuando se realizaron los estudios la situación era muy distinta, con una previsión de crecimiento económica y poblacional muy distinta que derivó en un cálculo de demanda». Pese a ello, matiza, la ocupación «es muy alta», por no hablar de los beneficios que ha supuesto para la ciudad un proyecto estratégico como el tranvía, como la regeneración urbana de todo su trazado.

Entre 2014 y 2023 se valoró un aumento de los usuarios en torno al 2,5% y, a partir del presente ejercicio se moderaba, por debajo del 2%. Los estudios económicos financieros estimaban un incremento progresivo durante los 35 años de contrato, hasta alcanzar los 48,9 millones de pasajeros. La realidad es que a día de hoy viajan menos personas que en 2014.

La pandemia ha disparado el déficit. Hasta entonces, los pagos oscilaban entre los 300.000 y 400.000 euros, con la salvedad de 2018, cuando se registró una caída de los usuarios y el consistorio tuvo que abonarle a la contrata 707.375 euros.

La crisis sanitaria, el confinamiento, las restricciones y el miedo al contagio provocaron una pérdida de usuarios desmedida, con un balance de 15,7 millones de usos en 2020 y 19,8 en 2021. Dos años en los que se tenían que haber alcanzado los 35,9 y 36,9 millones de validaciones. Este saldo negativo le costó al ayuntamiento la friolera de diez millones de euros.