SUCESOS EN ARAGÓN

Acusan a una promotora inmobiliaria de desviar 3,4 millones de euros durante unas obras en Arcosur

Los administradores de una promotora inmobiliaria niegan el incremento de los costes y el desvío de otros fondos por 3,4 millones

Los dos acusados, José Luis S. G. y Dolores V. V., ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Los dos acusados, José Luis S. G. y Dolores V. V., ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer a los dos administradores solidarios de la promotora inmobiliaria Salas y Vecín Inmuebles S. L. –Dolores V. V. y José Luis S. G.– como presuntos autores de un primer delito de apropiación indebida y de un segundo delito de administración desleal por, supuestamente, desviar y hacerse con 3,4 millones de euros a lo largo del proceso de construcción de 220 pisos en el zaragozano barrio de Arcosur. Ambos acusados negaron la mayor ante el tribunal provincial, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, e incluso aclararon que «no existe ningún sobrecoste» porque «la obra costó bastante menos de lo presupuestado». Un importe que cifraron, aproximadamente, en 600.000 euros.

La mujer se encargaba «del funcionamiento de la oficina» y, el hombre, de todo lo relativo a las conversaciones con las constructoras y las entidades bancarias. Fue La Caixa el banco con el que se financió la promotora, que obtuvo plenos poderes por parte de los vecinos al quedar así ratificado en la comunidad de bienes Arcosur 15.

Según las acusaciones, tanto Dolores V. V. como José Luis S. G. se habrían aprovechado de las plenas facultades con las que contaban en la comunidad de bienes para desviar dinero de las cuentas y financiar, por ejemplo, otras obras de su promotora en la capital aragonesa. También sostienen la imputación de honorarios injustificados y denuncian que todos los movimientos no se les notificaban, pese a que los dos acusados insistieron ayer en que enviaban «fotos del estado de la obra semana a semana» y las decisiones importantes «se les decían por carta o por mail».

Mientras que el ministerio fiscal solicita una pena de 18 meses de cárcel para cada uno de los dos acusados, la acusación particular a cargo de los abogados Alfredo Gil López y Mariano Tafalla eleva la pena privativa de libertad hasta los seis y los doce años, respectivamente. Las defensas de ambos procesados defienden la absolución de sus representados. La vista oral continúa hoy.

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