Condenado a ocho meses de cárcel el presidente de la Comarca de Cariñena por acoso laboral

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha condenado al actual presidente de la Comarca Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón, el socialista Lucio Cucalón, a ocho meses de cárcel como autor de un delito de acoso laboral contra el secretario y la interventora de la institución comarcal. Al funcionario le requirió la redacción de un informe de situación de la anterior corporación «con fines meramente políticos» y, a la mujer, le desprestigió diciéndole que no sabía realizar sus funciones. Fueron unas conductas que Cucalón acompañó de llamadas «casi» diarias y repetidas para que fueran a trabajar presencialmente porque, según recuerda el juez, les negaba el derecho a teletrabajar e incluso denunciaba que la corporación no estaba bien gestionada ni funcionaba correctamente. A cada uno de ellos les deberá indemniza con el pago de 2.500 euros en concepto de responsabilidad civil.

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, también recoge la inhabilitación especial para desempeñar un empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, es decir, ocho meses. Como Cucalón carece de antecedentes, sí podría obtener la suspensión de la pena privativa de libertad –no ingresaría en prisión–, pero la inhabilitación es innegociable. El presidente, no obstante, ha quedado absuelto de un delito de trato degradante y de injurias.

Inicialmente, la acusación particular a cargo del abogado Francisco García Berenguer interesaba una condena de dos años de cárcel por un delito de coacciones en el ámbito laboral y otros cuatro años de prisión por un delito de trato degradante.

Junto a él también ha sido condenada una administrativa –P. I. S.–. En este caso se ha considerado que es autora de un delito de injurias graves con la concurrencia de la atenuante de alteración psíquica por que procede imponerle el pago de una multa de 810 euros a razón de nueve euros diarios durante los próximos tres meses. 

La sentencia ha provocado reacciones en el seno de la política aragonesa y el PP ha exigido al PSOE "una respuesta inmediata y de condena absoluta". "No podemos permitir que un condenado por acoso laboral siga ocupando cargos públicos. Es una cuestión de responsabilidad y de respeto hacia los ciudadanos y hacia las propias víctimas de estos actos", ha afirmado la portavoz del PP en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), María del Carmen Lázaro. El PSOE ha declinado responder a este diario.