LA UNIÓN DEL SECTOR

En defensa de la ética profesional y la formación

La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón (COPA) reivindica su presencia en órganos consultivos de la comunidad

La entidad representa a más de 44 colegios y 45.000 profesionales de todas las disciplinas

Representantes de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón y de CEOE en la firma de un acuerdo para potenciar las vocaciones STEM.

Representantes de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón y de CEOE en la firma de un acuerdo para potenciar las vocaciones STEM. / SERVICIO ESPECIAL

COPA

El sector profesional presenta algunos rasgos comunes en el ejercicio de las diferentes profesiones colegiadas, destacando la deontología profesional y la formación continua.

El primero de ellos, deriva de la competencia en la ordenación de la actividad profesional que corresponde a los colegios profesionales, plasmados a través de los códigos deontológicos.

Si tuviéramos que enumerar elementos comunes de los diferentes códigos deontológicos de las profesiones que se aglutinan en la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, destacarían: la independencia, la integridad, el respeto al secreto profesional, la formación continuada, la libertad de publicidad, y la proscripción del intrusismo. A ello hay que añadir el respeto en las relaciones con los clientes y compañeros, la garantía de la responsabilidad civil y el compromiso con el medio ambiente.

Los autores de nuestro marco constitucional acertaron al dedicar un precepto específico en la carta magna a los colegios: el artículo 36 de la Constitución, justificado en la especificidad de los colegios profesionales, y al margen de otras formas asociativas como los sindicatos y los partidos políticos, a los que inicialmente se había proyectado aglutinar conjuntamente.

La experiencia ha puesto en evidencia que los colegios profesionales han permitido sostener, a través de la ordenación profesional, que el marco de la relación entre los profesionales y sus clientes haya sido el de la confianza en una formación continuada de los profesionales y en el secreto profesional.  

Por ello, las recientes iniciativas de promover una regulación reglamentaria estatal, como desarrollo de la normativa del test de proporcionalidad para atribuir a la Comisión Nacional de la Competencia la revisión de las disposiciones que adoptan los colegios en materia de ordenación deontológica, resultan desconcertantes. 

Lo que resulta necesario son medidas que refuercen los rasgos que la sociedad valora y reconoce en las profesiones, entre los que destacan, los ya mencionados principios del secreto profesional en la relación con los clientes y la formación permanente. Y lo anterior, sin tener que esperar a que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que, en sentencias como la de 8 de diciembre de 2022 (asunto C-694/20), deba recordar que el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege la confidencialidad de toda correspondencia entre particulares, y ofrece una protección reforzada en el caso de los intercambios entre abogados (en este caso) y sus clientes. 

Con anterioridad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había elegido la funcionalidad de la institución colegial como filtro protector del secreto profesional, inherente a la profesión de los colegiados, en sentencia de 6 de diciembre de 2912 (Caso Michaud).

Participación real

Lo que debe promoverse es la consolidación de las regulaciones colegiales que, al ordenar la actividad profesional a través de lo colegios, buscan garantizar la máxima protección de los usuarios, abandonando socorridas invocaciones a exigencias del derecho europeo, que no son tales. 

Y, simultáneamente, debería apostarse por una real participación de los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, que desarrollan sus funciones desde la garantía de su neutralidad política e independencia, y que ofrecen la experiencia profesional, todo ello como muestra de contribución social.

Por ello, no tiene justificación que un sector, aglutinado en la Asociación de Colegios profesionales de Aragón a con más de 44 colegios de todas las disciplinas, y más de 45.000 profesionales, no tenga representación en órganos consultivos como, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Universidades, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales o el Consejo de Transparencia. Y ello, a pesar de que la propia regulación de estos órganos exige expresamente la presencia de las organizaciones colegiales, cosa que no se ha producido, desoyéndose así tales disposiciones y las reivindicaciones del sector.