El escándalo nacional del ‘caso Negreira’

Desde que estalló el caso Negreira hace siete meses, el FC Barcelona aún no ha podido justificar de forma clara los supuestos servicios profesionales por los que la entidad azulgrana abonó 7,5 millones de euros durante 20 años y cuatro presidencias. Que un club deportivo mantenga en uno de sus capítulos de gastos al vicepresidente del organismo que vela por el correcto desarrollo deportivo de las competiciones en las que participa es injustificable de por sí bajo cualquier consideración ética. Que además el trato que se mantuvo con las sociedades del vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, y su hijo suponga una infracción sancionable por la justicia deportiva o un delito castigable por la justicia penal es otra cuestión que sigue su camino procesal. La calificación que corresponda a los hechos dependerá de si se prueba que se pagó para influir en los arbitrajes o en la selección de los árbitros o de determinar cuál fue el destino de los fondos.

El juez instructor acaba de atacar la línea de defensa del Barça y del exdirigente arbitral con un argumento que le deja en una posición más expuesta. No renuncia a investigarle por corrupción deportiva (tipo legal que viene a castigar el amaño de partidos o competiciones específicas, difícil de demostrar) pero incorpora la figura del cohecho, para la que bastaría demostrar que un particular ha pagado a un responsable de una entidad con una función pública (la jurisprudencia apoya calificar así a los organismos dependientes de la Federación Española), en función del cargo que ostentaba y para que actuara de forma impropia a este, algo que el juez instructor considera plausible.

Que el planteamiento de este sea asumido por la Fiscalía (y por el tribunal que pueda juzgar en su día el caso) dependerá de hasta qué punto algunos de sus argumentos (la consideración de funcionario público a efectos penales de Negreira pero sobre todo la seguridad con la que aventura que practicó acciones impropias de su cargo) sean finalmente considerados. Lo que sí se puede asegurar es que este nuevo giro procesal pone sobre la mesa perspectivas incómodas para el FC Barcelona y para sus dirigentes, y que estamos ante un escándalo de dimensión nacional.

Esgrimir un tipo penal ya existente antes de 2010 (a diferencia del de corrupción deportiva) podría hacer entrar en juego el periodo de la primera presidencia de Joan Laporta. Las consecuencias penales para el club catalán como entidad jurídica pueden limitarse a una multa, pero también alcanzar a la «clausura de locales», «suspensión de actividades» o en un extremo difícilmente imaginable, la «disolución». Y desde el punto de vista de las sanciones deportivas, debe recordarse que la UEFA no ha intervenido pero mantiene al Barça bajo observación, atento de las señales que reciba de las causas en curso.

El caso sigue abierto y la investigación policial aún no ha avanzado en determinar si Negreira influyó interesadamente en la designación de árbitros (esta es la razón del registro en el CTA) y mucho menos ha logrado rastrear el destino del dinero abonado. No hay razones para prejuzgar, pero sí para considerar que la actitud de los dirigentes del Barcelona cada vez es más difícil de sostener.

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