Desmontando los ataques

El Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho gala de un consenso unánime en materia de cooperación al desarrollo hasta esta última legislatura, plasmado en los dos pactos contra la pobreza y por la cooperación firmados en los años 2007 y 2017 por todos los grupos políticos presentes en la corporación. El consistorio ha impulsado estos programas con partidos de diferente signo en el gobierno.

Esta política ha sido reflejo de la solidaridad de la ciudadanía, personas que se ha volcado en ayudar a países que sufrían catástrofes humanitarias (el huracán Mitch en 1998, el tsunami de Asia en el 2004, el terremoto de Haití en el 2010…) o en colaborar de manera sostenida con las oenegés de desarrollo de la ciudad, como socias, donantes o voluntarias. Y se ha plasmado en decisiones y procesos tangibles, entre los que podemos destacar el compromiso presupuestario, un decidido trabajo por la transparencia en la adjudicación de los fondos o en el título de Ciudad por el Comercio Justo que la capital aragonesa ostenta desde el 2017.

Zaragoza recibe

Sin embargo, esta expresión de solidaridad municipal está en riesgo por los ataques que está recibiendo la cooperación internacional desde el principio de la legislatura, que se sostienen sobre una serie de (sin)razones que queremos desmontar.

Se dice que conlleva costes de gestión que se ahorrarían al centralizarla en el Estado. Pero la cooperación descentralizada es más eficiente porque se apoya en gran medida en el voluntariado. Y lo es, tanto por lo que supone de valor añadido en sí misma -la participación de la sociedad civil, promoviendo y ejerciendo comportamientos éticos-, como en el sentido estrictamente monetario, pues está ahorrando unos costes de trabajo que, de otra manera, habría que sufragar.

Otra razón que se aduce es que no se pueden destinar fondos a países empobrecidos con las necesidades que hay en la ciudad. Es una antigua argumentación, utilizada por tirios y troyanos, la lucha de pobres contra pobres, y que parte de un enfoque viciado: el asistencialismo.

Los problemas de nuestros conciudadanos más desprotegidos, que conocemos perfectamente, e incluso algunas de nuestras organizaciones también los abordan, no se resuelven con ayudas sino con percepciones basadas en derechos. ¡Ojalá pudiéramos dar este enfoque a la cooperación! Para lo de aquí tenemos más del 99% del presupuesto, incluso en este momento de emergencia, cuando todos debemos colaborar. Para lo de allí, la solidaridad internacional, lleguemos a acuerdos razonables de cuánto dedicar, como los pactos ya firmados.

Se afirma que Zaragoza supera con mucho la media en cooperación de otras administraciones. Pero, como siempre, depende de con quién nos comparemos. Hay instituciones que realizan un esfuerzo menor, pero otras hacen gala de una dedicación presupuestaria mayor. El Ayuntamiento de Pamplona destina a cooperación el 0,8% de su presupuesto, el de Barcelona el 0,7% y, más cerca, la Diputación Provincial de Zaragoza lleva varios años destinando también un 0,7% a la solidaridad internacional.

No obstante, resulta curioso e inaceptable, por no decir indignante, que lo que es motivo de orgullo se convierta en arma arrojadiza. ¿Desde cuándo la mediocridad, que no es la aurea mediocritas , es un valor?

Otro motivo en contra de la cooperación es que Zaragoza tiene una deuda exorbitada. La Administración siempre se ha servido de recursos externos para financiar sus servicios a la comunidad y no hay por qué obsesionarse por su amortización a cualquier precio. No hace mucho que hemos tenido experiencias dolorosas por ese empeño en pagar a los amos en vez de atender a quien lo necesita. Hay algo que se llama renegociar y que, además, se está haciendo con éxito.

También sostienen que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene capacidad de gestión. Pero dispone de los instrumentos de gestión y control suficientes, y a un coste razonable, como está demostrando. No hay inversión pública más fiscalizada que la dedicada a la ayuda internacional, y con menores índices de desviaciones. Junto al rigor en el control del destino de los fondos y los resultados obtenidos, la ciudad destaca en el acompañamiento al tejido asociativo local y en la transparencia en la adjudicación de las subvenciones de cooperación al desarrollo, con un baremo público y detallado.

Incluso hemos oído que la cooperación descentralizada es ilegal, pero no lo es; la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del 2013 la dificulta, pero no la excluye, pues la propia norma prevé el mecanismo para mantenerla; o que es competencia únicamente estatal, pero tampoco lo es. Y es inexcusable que se argumente esto, mientras no se asegura en paralelo que el Estado asumiría los compromisos de la cooperación descentralizada si esta desaparece. Es una característica de la cooperación española cada vez más valorada internacionalmente mientras, puertas adentro, hay quien se empeña en desmontarla.

Sentimos una gran decepción cuando vemos que la cooperación se convierte en moneda de cambio en una negociación presupuestaria. Cada quien puede querer imponer sus condiciones y cada quien debe hacerse respetar, si tiene compromisos adquiridos previamente, pactos que cumplir y que, precisamente para este ejercicio, comprometían a lograr el famoso 0,7%. Estos incumplimientos dinamitan la confianza en los políticos, en el año definido por la ONU de la Paz y la Confianza.