La lucha de un pequeño pueblo de Huesca contra el ‘Goliat’ del riego llega a la Audiencia Nacional

Las aguas bajan revueltas por el río Guatizalema, en la provincia de Huesca. Todo a cuenta de un conflicto que enfrenta a regantes de distintas localidades. Los vecinos de Salillas, una pequeña localidad de la Hoya de Huesca de apenas un centenar de habitantes, se han rebelado contra un macroproyecto de riego que amenaza con inundar 30 hectáreas de sus cultivos. Es la superficie que ocuparían las dos grandes balsas de riego que se quieren crear -una de ellas a solo 125 metros de su núcleo urbano-, una actuación promovida por el Ministerio de Agricultura y regada con 55 millones de euros de ayudas de los fondos europeos Next Generation que incluye la construcción de 12 kilómetros de una doble tubería de 1,6 metros de diámetro. Lo chocante es que su uso no solo no beneficiaría a los agricultores del lugar, sino que les arrebataría algunas de sus mejores tierras e hipotecaría, dicen, el futuro del pueblo.

El proyecto tiene como objetivo abaratar el coste del agua para las comunidades de regantes del Sector X y XI del Canal del Flumen, formadas mayoritariamente por socios de Sariñena y San Lorenzo. Ese ahorro se conseguiría al sustituir los costosos sistema de bombeo alimentados con gasóleo con una captación de agua, lo que permitiría el riego por presión natural.

«Es una decisión unilateral y agresiva contra la que ha surgido un movimiento de defensa territorial», señala César González Cebollada, profesor titular de Ingeniería del Riego de la Universidad de Zaragoza y asesor técnico de los afectados, que considera que se ha pervertido el «supuesto interés general» que bendice al proyecto. A su juicio, supone una «agresión injustificada» al existir una «alternativa evidente» para abaratar el agua como la instalación de placas fotovoltaicas para el bombeo, en lugar de «invadir el territorio de otros».

Tras las protestas llevadas a cabo en el último año, los afectados han decidido dar un paso más y presentar una demanda ante la Audiencia Nacional para denunciar las presuntas «irregularidades» que dicen apreciar. Lo hacen a través de la comunidad de regantes de Salillas y Huerto (denominada A-19-20), cuyos ayuntamientos se oponen también a la infraestructura y respaldan la denuncia. Están representados por el abogado Albert Calduch, especialista en defensa del Medio Ambiente.

«Esto es como la lucha de David contra Goliat, pero la razón está de nuestra parte. Es un sinsentido lo que se pretende hacer», dice Jesús Viñuales, vecino de Salillas y portavoz de la plataforma de afectados, que considera que los «graves» impactos ambientales y socioeconómicos del proyecto «comprometen el futuro de nuestros pueblos». «Perderíamos el 10% del regadío del pueblo, que es histórico, además de soportar las tuberías, las servidumbres y las averías que se producirán con el tiempo», asegura.

Los detractores pretenden frenar el proyecto por la vía judicial al considerar que existe «un fraude de ley» al acogerse a «una exención de la evaluación ambiental» que no es aplicable en este caso, así como existir una declaración de interés general «que no está justificada», pero que está sirviendo para iniciar la expropiación de los terrenos. «No hay una causa objetiva. Da la impresión de que sea para cobrar ayudas europeas», afirma Calduch. Los afectados también denuncian que el plan no cumple con los «condicionantes ambientales» para la concesión de los fondos europeos.

Vecinos y regantes harán hoy visible nuevamente su rechazo al proyecto en la inauguración de unas obras de regadío en una comunidad cercana (El Molinar del Flumen), acto al que asistirán el presidente de la empresa pública Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias), Francisco Rodríguez Mulero, y la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Isabel Bombal.