El Gobierno de Aragón, al borde del colapso: Vox da por rotos los acuerdos de coalición

El Gobierno de Aragón vive horas decisivas. Nunca antes, en estos once meses de trayectoria, el futuro político de los despachos del Pignatelli estaba tan en entredicho como lo está en estos momentos. El causante de llegar a este punto no ha sido la memoria democrática, con la que el PP transigió sin mayor problema, ni las salidas de tono de las dos consejerías que Vox ostenta (Despoblación y Territorio, del también vicepresidente primero Alejandro Nolasco, y Agricultura, de Ángel Samper), sino que el detonante para la ultraderecha ha llegado con la política migratoria de sus socios populares, motivo por el cual ha dado por "rotos" sus cinco gobiernos de coalición, Aragón incluido, culpando a Feijóo de ello.

Y es que la consejera responsable de la acogida de los menores migrantes de Canarias, Carmen Susín, ha asistido–telemáticamente– a la conferencia sectorial de Tenerife con una idea muy clara: el sí al reparto propuesto por Moncloa, que cifra en 20 los menores migrantes que aterrizarán en Aragón; y el no, que finalmente va con matices, a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que supondría la obligatoriedad vinculante de este reparto cuando una comunidad estuviese por encima del 150% de su capacidad.

El Gobierno de Aragón confirma que aceptará la propuesta del ministerio de acoger a 20 menores migrantes de Canarias

Ya lo había avisado Susín horas antes, por la mañana, cuando confirmaba la información adelantada el martes por este diario. «Vamos a apoyar ese reparto y a asumir los 20 menores que le corresponden a la comunidad aragonesa», aseguró la consejera, que quiso recordar que «Aragón no solo es solidario, sino que cumple con sus obligaciones legales, porque no somos insumisos».

Y así fue, pues Aragón será una de las comunidades, como la mayoría, que asumió el reparto y recibirá por tanto a esa veintena de migrantes. La única nota discordante en la sectorial, que ha durado más de cuatro horas, ha sido Cataluña, que se ha abstenido en la votación del reparto. Para asumir esta nueva acogida de los 20 menores migrantes, Aragón recibirá una financiación de 1.068.375,89 euros del global de 20 millones acordado para todas las comunidades, a excepción de País Vasco y Navarra.

Del órdago a los hechos

Es en este punto, en ese sí de la consejería y, por ende, de Azcón, donde Vox, aliado en el Pignatelli y, ojo, con un acuerdo que también incluía los apoyos externos en los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, ha querido marcar territorio y dejar el futuro de la DGA al filo del abismo. Pero, eso sí, no lo ha hecho desde Zaragoza, Huesca ni Teruel, sino que las órdenes vienen de arriba, de esa cúspide que controla la formación al estilo centralista desde Madrid, con Santiago Abascal como último –y casi único– responsable. A tenor de sus declaraciones en las últimas semanas, reforzadas el pasado lunes, el líder de la extrema derecha nacional aseguró que daba por «rotos» los gobiernos autonómicos en los que Vox tiene presencia, como Aragón, en el caso de que el PP aceptase el reparto de los menores migrantes de Canarias, como así ha sido.

Unas declaraciones que ha vuelto a reiterar la ultraderecha, en un duro comunicado en el que acusan a Feijóo de "romper" los gobiernos de coalición PP-Vox, incluido el de Aragón. Tal es el nivel de enfado en la extrema derecha que se ha convocado "de urgencia" un Comité Ejecutivo Nacional este jueves para decidir los próximos pasos a seguir, que parece, o al menos así lo ha aseverado Vox, que concluirán con la ruptura del Gobierno de Aragón. Un comité que se celebrará en Madrid y al que asistirá Alejandro Nolasco, vocal de la dirección nacional del partido desde este mismo año.

En ese sentido, Azcón ha seguido, al igual que el resto de barones, la estela marcada, también desde Madrid, en este caso por Feijóo, y ha ignorado la amenaza de su socio de gobierno, con el que, eso sí, reconoció contactos el pasado martes para analizar la situación. Una circunstancia por la que Vox ha ido un paso más allá, apuntando directamente al presidente de los populares, al que acusa de llamar "uno a uno" a los presidentes autonómicos para que votasen a favor de este reparto. Está por ver la respuesta del propio Azcón, que no tardará en producirse.

Mientras, en Aragón la formación liderada por Alejandro Nolasco guarda relativo silencio. Al menos, de puertas hacia fuera. El aún vicepresidente primero de la comunidad ha decidido no hacer declaraciones y se remite al comunicado emitido desde Madrid, aunque se espera que en las próximas horas se pronuncie, como ya han hecho algunos de sus homólogos, véase Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, quien ha afirmado, en el tono altivo que siempre le ha caracterizado, que «entre los barcos y el honor, elegiremos el honor».

Epopeyas aparte, en Vox Aragón esperan las directrices que marque Abascal desde Madrid para dar el siguiente paso, que se decidirá en la Ejecutiva de este jueves. Entre bambalinas, la formación siempre ha reconocido que la decisión drástica de romper un gobierno no puede tomarse a la ligera. Hay que analizar fríamente los pros y los contras y, sobre todo, decidir cómo vender la decisión final, que ya parece tomada, a la opinión pública y a sus bases.

En esa línea, una de las tesis que han ganado terreno antes de la sectorial reside en que Abascal podría acogerse a la interpretación de cada pacto de gobierno particular para no hacer caer los cinco Ejecutivos en los que toca poder, sino solo alguno de ellos, aunque a tenor del comunicado de la ultraderecha, parece que caerán todos y cada uno de ellos. Algunas voces populares sugieren que es el político madrileño quien está más decidido a romper los gobiernos autonómicos. Más, al menos, que sus corresponsales en cada territorio, que en cualquier caso accederán.

La reforma de la ley, en ‘stand by’

Lo que está muy en duda, por otra parte, es si el Gobierno central será capaz, o no, de sacar adelante la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, tal y como pactó con el Gobierno canario, del que el PP forma parte. Otros líderes populares, como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también secundan la opinión de sus colegas canarios y presionan a Feijóo para que acceda a la reforma del texto.

En cambio, comunidades como Aragón marcan una línea roja que, por el momento, no se supera: el mayor compromiso en la financiación desde Moncloa. En este punto, las comunidades del PP no han dado una respuesta taxativa al respecto, sino que han pedido tiempo para poder analizar el borrador, que recibieron en la tarde del martes. Además, matizan que la votación no es de su competencia, sino del Congreso y del Senado, y dicen, pese a que habían sido los Ejecutivos populares los que habían pedido esta sectorial, que es en esos foros donde deberá debatirse, posiblemente antes de que acabe julio.

En el otro lado del tablero político, el PSOE tampoco tiene fácil aprobar la reforma con sus socios de investidura. Especialmente, Junts se ha mostrado muy contraria a la obligatoriedad del reparto que supondría dicho retoque legislativo. El conseller de Derechos Sociales del Ejecutivo catalán, Carles Campuzano, puesto en el cargo por Pere Aragonès (ERC) tras la salida de Junts del Govern catalán, también lo ha dejado claro antes del comienzo de la reunión en Canarias. Y en la votación del reparto de menores, también ha marcado distancias con el resto.