SERVICIOS SOCIALES

Vecinos del Actur claman por crear una residencia en un solar abandonado

Varias asociaciones reclaman al Gobierno de Aragón que construya un centro público que dé servicio a los mayores del barrio

Protesta de los vecinos del Actur delante del solar abandonado, de 4.800 metros cuadrados, en la calle Alejandro Casona

Protesta de los vecinos del Actur delante del solar abandonado, de 4.800 metros cuadrados, en la calle Alejandro Casona / E. P.

El Periódico de Aragón

La Asociación Vecinal Puente de Santiago de Zaragoza junto con otras entidades y colectivos del barrio del Actur, como las asociaciones de vecinos Rey Fernando Actur, Parque Goya, la asociación de Mayores del Actur, la parroquia de San Andrés Apóstol del Actur, la comisión de Mayores de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, la asociación Las Crisálidas, la fundación María Auxiliadora y el Centro Mancala, se han manifestado este jueves para reclamar la construcción de una residencia pública en un solar abandonado en el barrio, donado al Ministerio de Defensa por la DGA y que lleva sin uso 29 años.

"Este espacio lo venimos reclamando desde hace meses (con concentraciones además de la entrega de 2.500 firmas) al Gobierno de Aragón y su presidente Javier Lambán, por ser este espacio idóneo para la construcción de una residencia pública para personas mayores, centro de día, pisos pequeños con servicios comunes, un comedor y servicios de apoyo a personas mayores solas", reclamó el portavoz de Puente Santiago, Alberto Andrés.

Estos vecinos recuerdan que llegaron a vivir al nuevo barrio del Actur hace ya entre tres y cuatro décadas. "La mayoría éramos jóvenes parejas con niños y niñas. Hoy, miles de vecinos tenemos más de 70 años y necesitamos cuidados y apoyo. Como ejemplo decir que en el cuadrante donde se ubica la oficina de Correos del Actur habitamos unos 6.000 personas, una gran parte mayores y sin apoyo social", denuncian.

Los vecinos recuerdan en su manifestación que la única residencia de la zona "cerró hace ya tres años". Con unos precios de las residencias privadas que califican de "abusivos", reivindican respuestas para un sector de la población "con pensiones bajas y donde los ahorros no llegan".