SECTOR INMOBILIARIO EN ARAGÓN
El Gobierno de Aragón distribuye 29 millones para viviendas sociales de alquiler asequible
Los fondos se repartirán en dos fases entre 40 localidades para la construcción de 898 hogares
Viviendas de alquiler social en Zaragoza. / ANGEL DE CASTRO
F. V.
El Gobierno de Aragón está distribuyendo ayudas, por valor de 29 millones de euros, para potenciar la construcción y la rehabilitación de viviendas de alquiler social a precio limitado por parte de 40 ayuntamientos de la comunidad.
Esa suma servirá para financiar 898 viviendas en localidades de las tres provincias, si bien Zaragoza ciudad se lleva la parte más importante, con 569 viviendas y 15,5 millones de euros. Eso supone el 76% de los fondos que su consistorio solicitó para este concepto y más del 50% de la suma disponible para todo Aragón. Las obras, escalonadas en dos fases, una en 2022 y otra en 2023, deberán estar terminadas el 30 de junio de 2026.
«El objetivo de este plan es paliar el gravísimo déficit de vivienda social de titularidad pública destinada a alquiler que existe en Aragón y en toda España», subrayó ayer el consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, en la presentación del plan, denominado Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
«En España solo el 1,6% de los hogares son de este tipo, mientras que en la UE el porcentaje se sitúa en el 9,3%, con lugares como los Países Bajos donde se alcanza el 30%», precisó el responsable autonómico.
La vivienda social, subrayó Soro, es «esencial» para luchar contra la despoblación. De ahí que se vayan a beneficiar localidades con pocos vecinos, como es el caso de Ansó (4 viviendas), Fago (2), Gúdar (4), Urriés (1) o Visiedo (6).
Zaragoza acapara 15,5 millones
La concejala delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Carolina Andreu, señaló ayer en rueda de prensa, tras tener conocimiento del reparto de fondos para viviendas protegidas del alquiler asequible, que la capital aragonesa recibirá «en total» 15,5 millones de euros que permitirán actuar en cinco lotes de viviendas previstos en otros tantos barrios, en terrenos propiedad de la sociedad Zaragoza Vivienda. Así, en El Rabal se levantarán 39 pisos, en Casetas 32, en Las Fuentes 206, en el casco histórico 30 y en Valdefierro 362.
La concejala señaló que los fondos obtenidos por Zaragoza son fruto del «enorme esfuerzo» y del «trabajo y la labor de equipo» de los técnicos en la materia, que presentaron «proyectos maduros, ejecutables, viables y ajustados» al real decreto que regulaba la convocatoria y que estipula que todas las viviendas deben estar terminadas en junio de 2026, «lo que es un tiempo récord cuando se habla de la construcción de hogares», según la responsable municipal de Vivienda.
Pero Carolina Andreu hizo hincapié en que es «fundamental» que el Gobierno de Aragón «determine los precios máximos de los alquileres y los requisitos de renta de los inquilinos».
Ahora, continuó, el papel del consistorio se centrará en atraer la atención de constructores que lleven a cabo los edificios.
La concejala informó de que el Ayuntamiento de Zaragoza presentó proyectos por valor de 52 millones, solicitó una ayuda de 20,8 millones y ha obtenido finalmente 15,5 millones.
Todos los proyectos se llevarán a cabo en la «ciudad consolidada» y servirán para construir viviendas para jóvenes, «bajo la fórmula de derecho de superficie». «Vamos a trabajar para que este convenio se firme lo antes posible», aseguró Andreu, que subrayó que, más allá de la construcción de viviendas, el plan inmobiliario en marcha supondrá «transformar económica, social y urbanísticamente» la capital aragonesa.
«La vivienda pública en alquiler es el único instrumento eficaz para ofrecer alternativa habitacional a las familias con menor capacidad económica», indicó el consejero, que hizo hincapié en que los edificios que se construyan o rehabiliten deberán consumir un 20% menos de energía primaria no renovable. En este sentido, subrayó que el programa busca también luchar contra la pobreza energética y fomentar la sostenibilidad de los alojamientos.
El programa de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social cuenta, para el conjunto de España, con 1.000 millones de euros de los fondos europeos MRR, que se distribuyen entre las comunidades autónomas en función del número de hogares de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística referida al año 2020.
Vivienda de Aniés, en Huesca, que ha recibido financiación del Fondo de Cohesión Territorial. / GOBIERNO DE ARAGÓN
700 euros por metro cuadrado
La cuantía de la ayuda que recibirán los ayuntamientos es de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros por unidad. Asimismo, los hogares que se construyan o rehabiliten deberán destinarse al alquiler social a un precio asequible durante un periodo mínimo de 50 años.
El suelo utilizado para las casas de nueva planta y los edificios objeto de rehabilitación deberán ser de propiedad municipal. En el caso de los segundos, su función anterior no puede ser la de vivienda, según la normativa que regula el uso de estos fondos.
«La obra nueva supone el 65% de las ayudas y la rehabilitación de edificios existentes alcanza el 35% restante», precisó Verónica Villagrasa, directora general de Vivienda y Rehabilitación, que participó en la rueda de prensa de presentación del programa junto al consejero José Luis Soro.
«Aragón lleva mucho tiempo demandando que la oferta de viviendas sociales en Aragón se adecue a las necesidades de la comunidad», insistió Villagrasa, que señaló que la comunidad presenta una casuística especial por las diferencias existentes entre las ciudades y las zonas rurales.
José Luis Soro precisó que la construcción de y rehabilitación de viviendas municipales de protección social y alquiler limitado se abordarán en las comisiones bilaterales de seguimiento entre la Diputación General de Aragón y el Gobierno de España.
De la A de Abizanda a la Z de Zuera
Los municipios que recibirán los fondos de 29 millones son 40 en total, se hallan situados en las tres provincias de la comunidad aragonesa y comprenden localidades de todos los tamaños, tanto pueblos que no llegan a los cien vecinos como la ciudad de Zaragoza y cabeceras de comarca como Jaca, Barbastro y Calatayud. Alfabéticamente, los pueblos y ciudades son: Aínsa, con 16 viviendas y un presupuesto de 800.000 euros; Ansó (4 viviendas y 160.734 euros); Barbastro (33 y 1.650.000 euros en dos fases); Beceite (6 y 300.000 euros); Boltaña (1 y 45.500 euros); Broto (9 y 216.846 euros); Calatayud (21 y 1.050.000 euros); Escatrón (6 y 297.710 euros); Fago (2 y 87.360 euros); Fayón (8 y 400.000 euros); Fiscal (3 y 150.000 euros en dos fases); Fuentes Claras (4 y 200.000 euros); Gea de Albarracín (8 y 342.790 euros); Gúdar (4 y 200.000 euros); Jaca (6 y 300.000 euros); Jasa (4 y 200.000 euros en dos fases); La Puebla de Híjar (13 y 700.000 euros en dos fases); Montanuy (2 y 100.000 euros); Monzón (8 y 336.238 euros); Panticosa (18 y 631.404 euros); San Esteban de Litera (20 y 737.898 euros); Tarazona (5 y 210.000 euros); Torrelacárcel (2 y 100.000 euros); Urriés (1 y 22.008 euros); Utrillas (52 y 500.000 euros); Valjunquera (8 y 304.816 euros); Vencillón (11 y 550.000 euros); Zaragoza Vivienda (569 pisos y 15.773.913 euros) y Zuera (15 y 568.783 euros). Además de estos municipios, la lista continúa con otros 11 pueblos en los que el plan se ejecutará en la segunda fase, que empieza en 2023. Se trata de Abizanda (5 viviendas y 210.000 euros); Aguaviva (2 y 100.000 euros); Alagón (6 y 210.000 euros); Biescas (10 y 462.000 euros); Biota (1 y 50.000 euros); Bonansa (10 y 100.000 euros); Carenas (2 y 98.000 euros); Colungo (1 y 50.000 euros); Mas de las Matas (2 y 100.000 euros); Torrellas (1 y 50.000 euros) y finalmente Visiedo (6 y 300.000 euros). En total, en la primera fase están contempladas 446 viviendas por un importe de ayudas de 14.485.000 euros, mientras que en la segunda, por la misma cantidad, el número de pisos es de 452.
Pueblos con menos de cien vecinos
El consejero de Vivienda destacó que se intenta incidir en la oferta de viviendas asequibles en el mundo rural aragonés, por lo que en la lista de ayuntamientos beneficiados figuran algunos con una población inferior a un centenar de vecinos, como es el caso de Fago, en la comarca de Jaca.
Soro se refirió que algunas localidades donde se van a acometer las viviendas de nueva planta o se van a rehabilitar otras ya existentes son de carácter turístico, como sucede con Biescas, Panticosa, Broto y Jaca, en el Pirineo. Ello es así, explicó, porque uno de los objetivos es dotar de alojamientos a familias que se desplazan a trabajar en el sector servicios o residen de forma permanente.
En este supuesto, como en todos los demás, las viviendas solo se podrán arrendar a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en el nuevo hogar. José Luis Soro señaló que los fondos se están distribuyendo entre los ayuntamientos que se presentaron a una consulta previa planteada sobre la cuestión de la necesidad de viviendas.
Desde el punto de vista administrativo, el plan de construcción y rehabilitación de viviendas de alquiler social en el ámbito municipal se inscribe en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que impulsa la transición ecológica y la lucha contra pobreza energética mediante la construcción de viviendas con el mayor nivel de eficiencia y sostenibilidad.
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