La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner presidieron ayer la inauguración oficial de la nueva Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Las nuevas instalaciones, que agruparán en el recinto de la Expo a 62 órganos judiciales de Zaragoza --hoy dispersos por cinco sedes--, entrarán realmente en servicio el próximo lunes, con el traslado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1. Aunque desde mañana comenzarán a llegar los primeros trabajadores al recinto.

En su presentación, Rudi presumió de cifras, al recordar que la Consejería de Justicia cuenta durante este ejercicio con 77 millones de euros de presupuesto, un 13% más que el pasado. Recordó los 36 millones de euros invertidos en la construcción de la infraestructura, de 65.000 metros cuadrados, y la puso como ejemplo de las ventajas de asumir las competencias en Justicia por parte de las comunidades, en este momento en que "hay quien pone en cuestión el Estado autonómico".

HONOR Moliner, por su parte, defendió la honorabilidad de los jueces, en referencia a las críticas por la retirada de la imputación a la infanta Cristina, y llamó a dotarles "de más medios" para dignificar su profesión. El presidente del Supremo abogó por la inversión en Justicia, "que no solo supone proteger el Estado de Derecho en cuanto a los derechos y libertades, sino potenciar el desarrollo económico".

Al acto de inauguración asistieron un sinfín de autoridades de la esfera política --como el presidente de las Cortes, José Ángel Biel y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch--; judicial --como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri y el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado--; empresarial y de las Fuerzas de Seguridad. Todos ellos disfrutaron de una pequeña visita guiada por el edificio Fueros de Aragón, el mayor de los dos, en la que, como hicieron 5.000 ciudadanos a lo largo del fin de semana, pudieron repasar la ubicación de las salas de vistas, el auditorio o el calabozo.

Rudi confió en su discurso en que el traslado de esta infraestructura, con mil trabajadores y unas 5.500 visitantes diarios, dinamizará "un nuevo distrito de servicios" en el meandro de Ranillas. Precisamente son los que perderá el entorno de los actuales juzgados, para temor de la hostelería de la zona ante la brusca caída de clientes.

Al respecto, Chunta Aragonesista exigió ayer al Gobierno de Aragón que ceda esta instalación a la Universidad de Zaragoza, para crear en los actuales juzgados el distrito universitario del Casco Histórico. La formación aragonesista aseguró en un comunicado que desconfía del "programa oculto" de la DGA, que según aseguran tiene intención de vender las instalaciones a algún inversor privado. Algo que, para CHA, constituye una visión "cortoplacista" del Ejecutivo, al apostar por conseguir fondos en lugar de confiar en el efecto dinamizador de los universitarios en la zona.