El Gobierno aprobará este viernes un plan de medidas, con participación de hasta ocho ministerios, para mejorar la situación de los derechos humanos en España, en especial la de los detenidos. Una de las más relevantes es la instalación en las dependencias policiales de cámaras que graben a los arrestados e incomunicados. Entre las reformas destaca la reducción del plazo de ocho horas para dar asistencia letrada a los detenidos y la prohibición del arresto incomunicado de menores de edad.
El Ejecutivo quiere que la perspectiva de los derechos humanos guíe la acción de todos los ministerios, y por ello ofrecerá formación a los funcionarios y aumentará, donde sea preciso, la protección de los derechos. En el documento al que ha tenido acceso este diario se detalla que entre las medidas a adoptar figuran la mejora de la tutela judicial efectiva, la garantía de la doble instancia penal, la reducción de plazos procesales y la mejora del servicio público con la nueva Oficina Judicial y una ley de mediación.
EL ´PROTOCOLO GARZÓN´ Respecto a la mejora de la atención y protección de las víctimas, el Gobierno quiere institucionalizar el llamado protocolo Garzón, en honor al auto del juez que en el 2006 abrió las puertas al control con cámaras. Ahora rige en tres juzgados de la Audiencia Nacional, incluido el de Baltasar Garzón. En dependencias policiales se aplica siempre que lo ordene el juez, pero con la nueva ley no será necesaria esa orden judicial: todas las comisarías deberán tener el material adecuado para registrar la presencia de un detenido incomunicado. Lo que también servirá para evitar falsas denuncias de torturas.
El plan busca también mejorar la atención y protección de las víctimas (registro de medidas cautelares), en especial en casos de terrorismo, y extender los derechos humanos en las cárceles y centros de internamiento de extranjeros. El Ejecutivo insiste en que el plan tiene una vocación educativa y podrá ser evaluado de forma periódica.
El plan ha introducido observaciones y sugerencias de oenegés e institutos universitarios de derechos humanos, con dos grandes ejes: "la igualdad, no discriminación e integración de las personas" y "las garantías que protegen los derechos humanos". Así, en la acción exterior del Gobierno se pretende dar cumplimiento a los compromisos sobre cooperación al desarrollo; la prevención de la tortura; el derecho al agua potable; la lucha contra la pena de muerte, con la que se comprometió el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, al inicio de la legislatura; la protección integral de las víctimas del terrorismo; y la promoción de la Alianza de Civilizaciones.
EN LUNES, EN LA ONU Para ello, el Gobierno pretende impulsar los derechos humanos durante las presidencias españolas del comité de ministros del Consejo de Europa y de la Unión Europea, en el 2010. El Ejecutivo prevé aprobar este plan, que ha sido coordinado por la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, este viernes, coincidiendo con la conmemoración del 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De la Vega lo presentará el lunes en la sede de la ONU.
