Una delegación de la Fincen (Financial Crimes Enforcement Network), la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realizó el demoledor informe sobre el presunto blanqueo de capitales de Banca Privada de Andorra, se presentó ayer en Andorra para seguir en el lugar de los hechos y con las autoridades responsables del sector bancario andorrano las investigaciones sobre el caso BPA. La principal finalidad de esta agencia estadounidense es salvaguardar el sistema financiero de su uso ilícito, luchar contra el lavado de dinero y promover la seguridad nacional, especialmente tras los atentados del 2001 en EEUU.
La visita de los agentes antiblanqueo es una práctica excepcional, y sobre todo hacerla en el corto espacio de tiempo que ha pasado desde que el Fincen hizo pública la declaración en la que calificaba a BPA como un vehículo fácil para el blanqueo de capitales, prohibía su operativa en EEUU y daba un plazo de 60 días a sus responsables para presentar alegaciones contra las acusaciones contenidas en su escrito.
En aquella comunicación, la Fincen señaló al banco andorrano BPA como colaborador de una red de crimen organizado con conexiones con la mafia rusa, la china, el cártel del narcotráfico mexicano de Sinaloa y altos funcionarios corruptos del Gobierno de Venezuela vinculados a posible blanqueo de capitales de operaciones relacionadas con las compañía pública petrolera venezolana. Y señaló a tres altos directivos de BPA, sin citar sus nombres, como los responsables de estas prácticas ilícitas.
Los técnicos del Fincen tenían previsto entrevistarse con el jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí. También reunirse con directivos de la banca andorrana y previsiblemente mantener contactos con los interventores de BPA, según confirmaron fuentes cercanas al Gobierno de Andorra a este periódico. Los responsables de la agencia estadounidense han mantenido contactos casi periódicos con la autoridad financiera andorrana, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) y con la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIF). Este último es un órgano independiente que tiene precisamente por misión impulsar y coordinar las medidas de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo.
El máximo interés de las autoridades andorranas es que el regulador estadounidense levante el bloqueo a BPA, y por eso han actuado con tanta celeridad, además de para evitar el contagio al resto del sistema bancario del país. El INAF tomó el control del BPA el mismo martes que se hizo pública la denuncia del Ficem, y el viernes la policía andorrana detuvo al consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats, considerado el presunto cerebro de la actividad de blanqueo.
Esta celeridad y contundencia ha recibido el elogio del Gobierno de EEUU. La cónsul general estadounidense en Barcelona, Tanya C. Anderson, recalcó el miércoles que el Ejecutivo de Andorra "está realizando un gran esfuerzo" en la gestión de la crisis de BPA y que está adoptando medidas "de forma responsable". También destacó que su país sigue "disfrutando de una excelente relación con el Gobierno de Andorra" y, lo que quizá es más significativo, que el director de Fincen "ha alabado la contribución del Ejecutivo andorrano a la investigación".
EL FROB DEVOLVERÁ EL DINERO
La visita del Fincen llega un día después de que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de la banca y está controlado por el Estado, anunciara que devolverá su dinero a los depositantes de Banco Madrid hasta 100.000 euros por cliente, como establece la legislación. La institución explicó que verificará primero los depósitos y se dirigirá después a los titulares de las cuentas para proceder al pago. No puso fechas y se limitó a decir que lo hará "próximamente", pero fuentes cercanas apuntaron que será un proceso que tardará más semanas que meses.
